(article disponible només en castellà)

El modelo de desarrollo turístico de la provincia de Guanacaste ha provocado una destacada conflictividad a causa de la disputa por el uso y disfrute de bienes y recursos públicos. Mayoritariamente en esta conflictividad ha estado involucrada el uso y gestión de fuentes de agua potable. Si hiciéramos un mapeo de conflictos de los últimos 20 años resultaría evidente que existe una tensión por el aprovechamiento de fuentes de agua potable entre comunidades locales y nuevos desarrollos turísticos inmobiliarios para un uso turístico-comercial, vinculado a grandes consorcios residenciales y hoteleros. Los conflictos por el agua en Guanacaste han sido objeto de muchas investigaciones dentro de la academia costarricense, sin duda por la visibilidad que han alcanzado las movilizaciones en defensa de este recurso natural en distintas comunidades.

Sin embargo, hay una conflictividad a la que se le ha dado menor atención: el derecho al acceso y disfrute de espacios de ocio tradicionales, como playas y costas frente a la intención de control y apropiación que suponen los nuevos desarrollos turísticos inmobiliarios. No deja de ser importante visualizar esta otra dimensión de lo que este tipo de crecimiento en proyectos inmobiliarios ha provocado.

Este artículo tiene la intención proponer una interpretación a este tipo de conflicto mediante el repaso de algunos casos en los cuales se ha puesto en entredicho el acceso y la cualidad pública de algunas playas en Guanacaste. Para esto se realizó una revisión de notas periodísticas, archivos audiovisuales y conversaciones con personas que tienen conocimiento en el tema, ya sea porque residen en zonas costeras o porque han producido algún tipo de memoria en la cual han hecho saber su posición presenciando lo que el aumento de proyectos inmobiliarios costeros supone.

El artículo esta ordenado en dos apartados. En el primero se hará un repaso de algunos episodios en los cuales el acceso a la playa se ha visto restringido siempre con el propósito de favorecer las intenciones de control por parte de alguna inversión privada, se tomará en cuenta la legislación costarricense en materia de playas. En el segundo se procederá a hacer un análisis a partir de los aportes de distintos autores con la intención de proponer una explicación que haga más claro la lógica que sigue este modelo de desarrollo turístico y sus implicaciones en cuanto al acceso y disfrute de playas.

¿De qué hablamos? Algunos casos a tomar en cuenta

No fue sino hasta la primera década del año 2000 que las playas guanacastecas alcanzaron notoriedad para el capital turístico globalizado, período ya conocido tanto por la institucionalidad pública como por la jerga provincial como el primer Boom Turístico Residencial. A partir de ese momento se da un cambio en la manera en que las playas son apreciadas en tanto que ahora forman parte del menú de activos con potencial económico valorados por los desarrollos turísticos inmobiliarios, ya sean estos complejos hoteleros, residenciales o comerciales.

Esto ha llevado a que en algunos casos se restringa el acceso mediante formas solapadas que no viola lo que la ley estipula en cuanto a la playa como espacio público, pero que dificulta e interrumpe el acceso y estadía de visitantes que no estén ocupando algún hotel, residencial o comercio costero. Estas nuevas inversiones turísticas han tenido impacto negativo en la cotidianidad de comunidades cercanas a las costas alterando el tipo de visitación asociado a culturas locales.

Esta es la experiencia de la familia Lara Viales, oriunda del distrito liberiano de Guardia, que luego de décadas de visitar Playa Iguanita tiene la percepción de que no son bienvenidos porque para el turismo extranjero “afean la playa” y no les gusta su presencia, provocando que cada vez tengan menos espacios en la playa para acampar y de expresión y reproducción de las culturas populares.

Situaciones en las que se dan alguna forma de exclusión, ya sean reales o simbólicas, son comunes en la provincia. Si bien la legislación costarricense es clara cuando estipula que toda playa es pública (Ley # 6043 Zona Marítima Terrestre), en tanto que playa es todo lo que comprende los primeros 200 metros de franja a partir de la marea alta. Los primeros 50 metros es zona pública donde no se permite reclamar ningún tipo de propiedad o provecho privado, y los siguientes 150 metros son catalogados como zona restringida que los gobiernos locales no pueden darse en propiedad, pero sí en concesión, después de valorar si determinada concesión es de interés para el cantón.

La aplicación de la Ley ZMT no ha estado exenta de debates. Por ejemplo, Yuri Espinoza, en declaraciones a Alba Sud el pasado 26 de septiembre de 2018, sostenía que, en Playa Tamarindo, en el cantón de Santa Cruz, el gobierno local otorga ciertas ventajas a nuevos proyectos turístico residenciales y comerciales. Para este poblador de Playa Tamarindo, una vez que el primer dueño de un lote ubicado en los primeros 200 metros ha fallecido la familia debe buscar donde reubicarse en distritos circundantes, como Villareal, dándose un cambio en el uso del suelo de habitacional a comercial. Comúnmente el traspaso se les otorga a personas ligadas a negocios urbanísticos que forman parte de cámaras de comercio o de turismo localizadas en Tamarindo. Según Yuri la falta de una adecuada planificación de espacios costeros y una verdadera aplicación de la Ley ZMT ha provocado que toda la primera línea costera de Tamarindo este ocupada por edificaciones comerciales y turismo residencial, develando ciertos intereses económicos entre gobierno local e inversionistas.

Tamarido. Imagen de Arturo Silva.

Sin embargo, hay otros episodios en los cuales se hace aún más evidente la intención de apropiación de la playa mediante otro tipo de estrategia que puede pasar desapercibida, por ejemplo, que el acceso de personas sean a través de medios ya dispuestos con antelación por algún hotel o complejo residencial. Es común que esta estrategia sea utilizada por grandes hoteles de renombre internacional o también por grandes complejos residenciales, que es común encontrar en playas aisladas con una baja o ninguna densidad poblacional.

Veamos algunos casos. El primer ejemplo que resuena en la provincia es el del Polo Turístico Papagayo. En este caso el acceso a la playa ubicada en Bahía Culebra solo se puede realizar a través de medios de transporte “facilitados” por los consorcios residenciales. Para esto hay que estacionar el vehículo en la zona de parking en el extremo de la Bahía que no posee suficiente playa, tomar un bote que transporte a los visitantes al otro extremo que sí posee una amplia playa. Una vez ahí el consumo es únicamente el que el Polo ofrece.

También podemos mencionar la denuncia interpuesta por la organización provincial Confraternidad Guanacasteca en el año 2011 en contra del Hotel RIU en Playa Matapalo de Carrillo. En esa ocasión se entendía que había una intención de privatizar la playa luego de que el hotel quería colocar a sus personeros en la comisión del plan regulador de Playa Matapalo, mientras cerraba el acceso tradicional y construía un nuevo acceso a la playa. Otro caso sucedió en el año 2016, en este caso en Playa Guacamaya de Carrillo, en esa ocasión la compañía de proyectos turísticos residenciales Costa Esmeralda, de capital nicaragüense, dispuso cerrar el acceso tradicional mientras construía un nuevo acceso, no fue sino por la protesta de vecinos en la Municipalidad local que el camino se reabrió. 

Hotel Riu en Playa Matapalo. Imagen de Alba Sud.

Uno de los últimos casos sucedió en abril de este año 2018 en Playa Conchal, una de las playas de mayor renombre en Guanacaste. Ahí el complejo residencial Reserva Conchal ha inhabilitado el acceso histórico con la puesta de varios mojones aduciendo que se estaba dando una continua violación de la ley que prohíbe el ingreso de vehículos de motor a la playa, lo cual provocó el enfrentamiento con vecinos de la zona. A cambio proponía habilitar una zona de estacionamiento y un bus provisto por el complejo en horarios establecidos para que transportara a los visitantes que no se hospedan en Reserva Conchal. En pasadas conversaciones informales con vecinos de la zona, afirmaban que Reserva Conchal siempre ha tenido una relación difícil con las comunidades vecinas, principalmente por la venta ambulante de comida en la playa, actividad que al complejo no le agrada. Pero ante la colocación de los mojones la respuesta de los vecinos de la comunidad de Brasilito fue contundente y llegaron a destruirlos. Al día de hoy vecinos y gobierno local están a la espera de lo que los tribunales terminen por resolver.

Todas estas situaciones permiten suponer que hay una necesidad por parte de nuevos desarrollos de tomar control de aéreas específicas del litoral guanacasteco. A continuación, se propone una interpretación que permita entender este proceso.

Análisis

La discusión sobre la apropiación de espacios de ocio tradicionales como playas se debe ubicar desde el análisis de la producción social del espacio. Si bien se reconoce que este tipo de análisis partió del estudio de realidades urbanas con autores ya clásicos en la materia como el filósofo francés Henri Lefebvre, el análisis debe extenderse a entornos que aún guardan, muy a pesar de las violentas transformaciones que han sufrido en los últimos años, prácticas y relaciones sociales en entornos naturales propias de realidades rurales.

Para Fabiana Valdoski, siguiendo a Lefebvre, el espacio socialmente producido es resultado de las dinámicas que en él se produce en una continua relación dialéctica que incluye procesos sociales, económicos y políticos [1]. Sociales, puesto que se reconoce la inclusión de nuevos actores que toman partido en la producción (apropiación) del espacio en función de intereses específicos o sectoriales, como es el caso de las cámaras de comercio y turismo que a las que hacía referencia Yuri Espinoza. Económicos, puesto que responde a la intención de obtener una ganancia privada que supone la privatización de espacios costeros y el encadenamiento con circuitos de inversión y comercialización por su atractivo y potencial económico, que en última instancia procura transformar la playa en una mercancía de un mercado particular: el turístico globalizado. Y finalmente políticos, porque es el resultado de la continua consolidación de una agenda llevada a cabo por actores venidos tanto del sector público como del privado de concretar un tipo de desarrollo turístico en la provincia.

Pero para homogenizar el espacio costero en función de la rentabilidad de mercancía-playa primero se debe fragmentar el espacio. Para Lefebvre fragmentar es privatizar el espacio, puesto que supone la compra y venta de parcelas de terrenos y accesos para satisfacer las necesidades de grupos hegemónicos. 

Proyecto residencial en Guanacaste. Imagen de Alba Sud.

Como toda relación dialéctica no se puede dejar de lado que este proceso es contradictorio, si no fuera así no veríamos reacciones de pobladores que se oponen al cierre de accesos como en los casos de las playas de Matapalo, Guacamaya o Conchal. Pero, a mi parecer, la principal contradicción es que seguir con este tipo de desarrollo turístico conduce a una urbanización masiva del espacio y paisaje costero, alejándose del principal atractivo que los llevó a buscar estas costas. Precisamente, como decía Lefebvre, hay que entender lo urbano como proceso que se termina de cristalizar en la ciudad, la ciudad entendida como la forma más acabada de relaciones sociales capitalistas.

¿Sera entonces que en algunos años vamos a tener que hablar de Guanacaste como un conjunto de ciudades costeras? No lo sé, de lo que sí estoy seguro es que tenemos que seguir estudiando el proceso que se está llevando a cabo.  

Conclusiones

No podemos hablar de una privatización de facto de las playas guanacastecas puesto que la legislación costarricense no permite tal figura, pero sí podemos reconocer que existe una tendencia que busca el control de las playas, ya sea mediante la ocupación de los primeros 200 metros de franja costera o controlando el acceso a las playas, con menor o mayor intensidad en diferentes playas de la provincia.

Se reconoce que la forma de apropiación y control de espacios costeros varía según la playa. Por ejemplo, playas que reúnen una mayor oferta comercial y densidad poblacional, como Tamarindo, se da mediante una deficiente aplicación de la ley ZMT en beneficio de desarrolladores inmobiliarios. Mientras que playas alejadas de estos centros poblacionales que gozan de cierto aislamiento se da a través del control estratégicos con accesos privados por parte de residenciales costeros o grandes cadenas hoteleras.

Se trata de intentar descifrar de qué manera opera la tendencia hacia la privatización del espacio, en este caso los espacios de ocio tradicionales como playas. En todo caso, este tipo de situaciones afectan el derecho y disfrute de la playa por parte de poblaciones locales y turistas de periodos cortos.