La victoria de Ses Covetes y la derrota de todo lo demás

La Justicia ha puesto fin a una de las batallas territoriales más emblemáticas de Mallorca. El Grupo Ecologista GOB y los nacionalistas del PSM han necesitado 18 años y 20 resoluciones judiciales para conseguir una orden de demolición de los 68 apartamentos ilegales de Ses Covetes. Desgraciadamente, ni este éxito que parecía que no llegaría jamás, permite olvidar otras amenazas contra el territorio que están más vivas que nunca. No se entrevé redención posible para Mallorca.

Por fin, la Justicia

Campos, Mallorca, 1992. El Ayuntamiento concede una licencia de obras para construir 68 apartamentos en suelo no urbanizable en la franja de dominio público marítimo-terrestre fijado por la Ley de Costas de 1988 a la promotora Marina Ernst. El proyecto se ubica en uno de los extremos de la playa virgen más emblemática de Mallorca: Es Trenc.

El Grupo Ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) denuncian lo que consideran una ilegalidad flagrante. El Ayuntamiento consideraba que los terrenos donde se querían levantar los apartamentos eran urbanos, y por tanto solamente tenían que respetar una franja de 20 metros desde el mar. Los denunciantes argumentaban que los terrenos no eran urbanos y que, por tanto, el proyecto debía respetar una franja de 100 metros. El año 1994 empezaron las obras y cuando las estructuras de los 68 apartamentos ya estaban levantadas, el 1995, la Justicia dió la primera alegría a los ecologistas, declarando nula la licencia y los 13 edificios que albergan los apartamentos se paralizaron.

Pero era solamente el principio de una larga batalla jurídica. La promotora quería defender sus intereses y el Ayuntamiento de Campos la legalidad de la licencia. Durante buena parte de lo 18 años que ha durado la lucha, el consistorio ha destinado cientos de miles de euros públicos a intentar demostrar que la licencia era correcta. Ni la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears (Mayo de 2007), ni la posterior confirmación por parte del Supremo (2010), no parecían hacer cambiar de opinión al Partido Popular de Campos. La tozudez municipal ha alargado el proceso, y lo ha hecho muy costoso para los vecinos de municipio mallorquín. Los apartamentos de Ses Covetes han sido un verdadero símbolo de la Mallorca codiciosa y cegada por el dinero.

Algunos hombres buenos y algunos hombres que sólo piensan en el cemento

Uno de los episodios clave en esta maratón sucedió en 1994, cuando la Justicia reclamó un aval de 120.000 euros (entonces 20 millones de pesetas) a los denunciantes. 10 miembros del GOB y 10 del PSM avalaron con su patrimonio esta alta exigencia, que sería clave para que, un año después, se suspendieran las obras. 

La promoción de Ses Covetes, impulsada por Marina Ernst, cambió de manos cuando su futuro judicial ya era muy incierto. Un grupo de empresarios del sur de Mallorca, liderados por Sebastiá Sagreras “Peixet” se hicieron con los apartamentos. Una operación curiosa, si se tiene en contra que ya había sentencias en contra. Sebastià Sagreras se mostraba en una entrevista en prensa “absolutamente convencido” que todo era legal, y aspiraba a reclamar 60 millones de euros de indemnización a quien osase demoler el complejo.

No pasó desapercibido que su hijo llegara a alcalde la presente legislatura. Con la última sentencia de demolición, Sebastià Sagreras hijo no quiso ahorrar al Ayuntamiento una sola actuación decididamente contraria al interés general, y envió un nuevo recurso al Tribunal. La respuesta, inmediata, fue calificar el escrito de “fraude” y connivente con la promotora.

Hace unos días, el Ayuntamiento ha tenido que aprobar una partida de 200.000 euros para demoler los edificios antes del mayo de 2013. Antes ya había pagado miles de euros en gastos jurídicos para defender una ilegalidad, y ahora el consistorio, es decir los vecinos, tendrán que pagar el derribo. Como dijo “Peixet”, “lo acabará pagando el pueblo de Campos.”

La maquinaria de la administración al servicio de los intereses privados

Paradojas de la vida o más bien sordera, ceguera y una ávida obsesión por el cemento y la pleitesía a los constructores y a los grandes hoteleros, mientras la Justicia vuelve a dar la razón a aquellos que hace tantos años que claman para que Mallorca pueda volver a encontrarse en el paraíso que era, un Govern ciego promueve y otorga privilegios a un proyecto destructor que, de momento, ya ha hecho más daño que bien a la imagen internacional de Mallorca como destino turístico y que reportará dudosos beneficios económicos a la zona.

El hotel proyectado en Sa Ràpita, devora el Arenal de Sa Ràpita, es sólo uno de los abusos urbanísticos y territoriales que sufrirá Mallorca los próximos tiempos. El Govern de Bauzá, incapaz de cumplir la promesa electoral que lo llevó a la mayoría absoluta – mejorar la situación económica y reducir el paro – renuncia a pensar y ofrecer una alternativa y continúa dándose con la cabeza contra el muro de la construcción. Uno de sus principales consejeros, Carlos Delgado, ya lleva la frente manchada de sangre (salió en la prensa local y a medio mundo con los testículos de un ciervo que había cazado encima de su cabeza), pero se ve que esto no es suficiente y ahora, después del desastre, después del abismo al que nos ha llevado la construcción desaforada, se dedica a decir que “Mallorca se debe quitar los complejos a la hora de construir”.

Después de la negra etapa de Jaume Matas el destructor y de Munar la asfaltadora, después de un Pacto de Progreso que no fue suficientemente valiente para deshacer todos los abusos que había heredado, después de todo pensábamos que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria sería el único refugio que encontraría el poco suelo virgen que le queda a la isla. Pero los confiados van al infierno.

El suelo rústico, ¿más en peligro?

Recientemente ha transcendido que el Govern tiene listo el borrador el la Ley del Suelo  (Balears es la única Comunidad que no tiene). Existe una creciente preocupación por cómo afectará esta Ley al suelo rústico, uno de los espacios más amenazados ahora que los kilómetros de costa ya sólo tienen dos categorías: o destruidos, o protegidos. El suelo rústico tiene un atractivo muy importante para muchos visitantes extranjeros que buscan algo diferente al sol y playa. Por esto, disponer de unos cuantos miles de metros cuadrados en el interior de la isla permiten levantar un chalet y venderlo o alquilarlo a precios muy altos. Actualmente, el suelo rústico común permite una vivienda cada 14.000 metros cuadrados. Veremos hasta donde bajan el listón...

El abandono de la actividad agrícola, la obsesión por la vida rural –con los privilegios de la urbana-, y la entrada de dinero fácil proveniente de la licencias de obra a las arcas municipales han acabado desfigurando el territorio. Esto, sin tener en cuenta las construcciones ilegales que se han hecho los últimos 20 años, se calcula que unas 40.000.

De hecho, la Ley de Turismo –conocida popularmente como Ley Delgado- aprobada esta legislatura vuelve a permitir la construcción de oferta hotelera en los campos de golf, una posibilidad que había quedado anulada la pasada legislatura del Pacto de centro-izquierda, y permite crear alojamientos turísticos en edificaciones ya existentes en todo tipo de suelo rústico, sin declaración de interés general ni de informes de evaluación de impacto ambiental. Así pues, sin complejos, se legisla para desregular la protección de un territorio frágil y a la contra de los intereses de la mayoría de sus ciudadanos, que ven como los gobernantes quieren exprimir hasta la última gota la gallina de los huevos de oro que ya hace tiempo que agoniza en un complejo residencial vacío y abandonado. El organismo de participación social y de debate, el CES (Consejo Económico y Social de las Illes Balears), se mostró muy crítico en su momento con el contenido de esta ley. Curiosamente, después de exigir al consejero de Turismo que rectificara su texto legal, el Govern de les Illes Balears decidió eliminar el organismo de consulta alegando motivos presupuestarios.

El destrozo de la última zona húmeda de Palma

El retorno de la construcción desmesurada no es sólo una amenaza, sino una realidad. Ses Fontanelles, la última zona húmeda de Palma, está siendo destrozada estos días para construir un centro comercial. En la zona, con altos valores ambientales, crecía hasta ahora el Limonium Barceloi, una especie endémica exclusiva de esta área y que seguro que va a desaparecer. En un intento para lavarse la cara, la administración ha aprobado un “Plan de vigilancia ambiental” que incluye medidas para proteger el Limonium, que no tendrá ningún sentido una vez alterado y destruido todo el hábitat original. Tanto es así que se prevé trasplantar los ejemplares y sembrarlos en zonas controladas, una opción que genera dudas serias de viabilidad y que, por otro lado, reduce al absurdo la condición de especie protegida.

En cualquier caso, un escenario en que se plantean dudas legales dado que Europa obliga a proteger los hábitats y que, por otro lado, hace plantearse una obviedad: de qué sirve proteger una especie si su hábitat no lo está, cosa que nos lleva a preguntarnos también, por qué el Pacto de Progreso no blindó esta cuestión.

El de Ses Fontanelles es un caso que ilustra a la perfección el funcionamiento de la Mallorca ciega por el pan por hoy. En 2007, días después de perder las elecciones, la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, concede la licencia de obras estando en funciones para construir este complejo comercial. Después llegó un nuevo pacto de izquierdas, y con él una clara intención de proteger los terrenos. Pero como suele pasar con la izquierda, las intenciones no siempre acaban con resultados. Aún y la suspensión cautelar de la ejecución de la licencia, los ecologistas les pidieron que el gobierno regional promoviera la inclusión de la zona dentro de la protección que la Ley de Costas otorgaba a los humedales litorales. El gobierno lo anunció, pero no lo hizo. ¿Por qué?

Quién promueve un centro comercial en la última zona húmeda de Palma

Los promotores de la construcción del centro comercial de Ses Fontanelles, en una zona húmeda cualificada como suelo urbanizable (32,5 Ha), estaban encabezados por un grupo empresarial formado por Riofisa, que era propiedad de la inmobiliaria de La Caixa, y que actualmente es en parte del Bank of Scotland, y un grupo de empresarios mallorquines, representados en gran parte por Guillem Alomar Columbran, detrás de los cuales estaba el multimillonario Klaus Graf, aunque éste quedara siempre en la sombra. Así nos lo confirma, por ejemplo, el hecho que Servicios Inmobiliarios Ses Fontanelles SL está presidida por Arturo Baldasano, que al mismo tiempo es el consejero delegado de Teka [1].

Y si con el cemento no basta, pues un poco de mierda

Si, si, lo han leído bien. Bienvenidos a Mallorca, la isla donde se incinera la mierda de Europa! El negocio de los residuos, un negocio en el que lo más limpio es la basura. El Consell de Mallorca pone contra las cuerdas una isla que vive del turismo modificando la ley para importar residuos del resto de Europa para ser incinerados. La clave: unas infraestructuras sobredimensionadas hechas a medida para que el concesionario no pierda nunca. La incineradora de Mallorca se amplió por parte de los partidos del pacto de centro izquierda siguiendo instrucciones de la concesionaria Tirme. La reducción de residuos fruto de la crisis y de las buenas prácticas ciudadanas, en lugar de significar menos tasa de basuras, ha provocado que la concesionaria ponga el grito en el cielo. Quieren más basura. Si no basta la de Mallorca, pues importaremos mierda. Y la respiraran todos los habitantes locales y los visitantes, como premio por haber reducido y reciclado más.

ENTREVISTA A MIQUEL ÀNGEL MARCH (GOB)

Si existe una cara visible de la lucha contra la especulación y la estrechez de miras en Mallorca, esta es la de Miquel Àngel March. Al frente del GOB (ecologistas de Balears) ha librado la gran guerra contra el cemento y ha ganado muchas guerras. Por poco no se perdió el nacimiento de su hija (que ahora ya tiene 18 años). Estaba en el despacho de los abogados del GOB redactando uno de los muchísimos recursos que se han tenido que interponer por el caso Ses Covetes. Hoy es profesor de secundaria y continúa vinculado al GOB como directivo. Sin Miquel Àngel March es difícil aclararse entre el montón de expedientes, jurisdicciones y líneas jurídicas que acumula el caso de Ses Covetes.

¿Cuántos procedimientos y sentencias han hecho falta para llegar hasta aquí?

Ha habido tres líneas jurídicas: 1) Un recurso contra la licencia, que ya se acabó y que quedó anulada. La polémica actual es, precisamente, por la ejecución de la sentencia, es decir, el derribo de los 67 apartamentos. 2) El Ayuntamiento y los promotores impugnaron un acuerdo del CIM (Consell de Mallorca) que decía que estos terrenos no eran urbanos. 3) La delimitación de Costas que protege los primeros 100 metros.

Han hecho falta cerca de 20 resoluciones judiciales y cada una con los tres contrincantes (GOB- PSM, Ayuntamiento de Campos y promotores).

¿Ha habido un exceso de garantías para los infractores?

La Justicia española es muy garantista. Cualquier resolución es apelable. Aquí se han producido tantos autos judiciales, sentencias, providencias e interlocutorias que el tema se ha alargado en exceso. No hablamos sólo de lentitud de la Justicia, sino de estrategia dilatoria.

Y el trabajo del Ayuntamiento de Campos con dinero público, ¿cuánto nos hemos gastado defendiendo un negocio privado?

Esto es todavía más grave, ya que se habrán gastado más de 700.000 euros para defender los apartamentos.

Jaume Font (conseller de Medi Ambient con Jaume Matas durante la legislatura 2003-2007) quería comprar la promoción, ¿no es así? ¿Cuánto habría costado hacerlo, teniendo en cuenta la sentencia final?

En un momento dado, Jaume Font dijo que pediría al Ministerio que lo comprara. No sé lo que habrían pagado (comisiones incluidas).

¿Cuál es el papel del alcalde de Campos? ¿Lo es para cerrar el negocio de su padre?

Todo el mundo sabe porqué es alcalde Peixet jr. Lo más extraño es que este tema no sale mucho en los medios. Se resistirá tanto como pueda a demoler, de hecho ya han presentado unos cuantos recursos a la interlocutoria del juez, que obliga a derribar.

Con la reforma de la ley de Costes, ¿ahora sería legal construir lo mismo?

Hay una disposición de la reforma que es un poco ambigua, pero el hecho que la licencia ya fuera nula y la protección de Costas esté ratificada por el Tribunal Supremo impide cualquier maniobra extraña.

El 15 de enero tienen que haber aprobado el proyecto de derribo y las obras tienen que estar adjudicadas. Falta poco.

[1] Información extraída de la tesis doctoral de Ivan Murray, Geografies del capitalisme balear: poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica d'una superpotència turística, Univertsitat de les Illes Balears, Departament de Ciències de la Terra, Palma, 2012.