30-04-2024
Teresa Vicente: “Tenemos que ser conscientes que cuando entras en el Mar Menor entras en el cuerpo de una persona”
Raül Valls | Alba SudProfesora de la Universidad de Murcia y ganadora este lunes del Premio Goldman en Estados Unidos, dedicado a la defensa del medio ambiente, representa como pocas una nueva intelectualidad comprometida en la transformación ecosocial. Ha encabezado a un movimiento social y una ILP que reconoce por primera vez en Europa personalidad jurídica a un ecosistema: el Mar Menor y su cuenca.
“Hoy en día las contradicciones del sistema capitalista no proceden solamente de los conflictos sociales con la clase obrera y el capital, sino también del metabolismo entre sociedad y naturaleza, es decir, de los flujos de energía y materia y, por lo tanto, de lo más hondo de la actitud social hacia la naturaleza”
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En septiembre de 2022 se produjo en España un acontecimiento histórico. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca, que sumó 640 mil firmas, superaba los trámites parlamentarios, primero en Congreso de Diputados y finalmente era aprobada por el Senado. Culminaba así un proceso de reivindicación y movilización que convertía a un ecosistema natural, el Mar Menor, en un sujeto portador de derechos. Como apunta de forma vehemente nuestra entrevistada y una de las lideresas de esta movilización social, Teresa Vicente, la naturaleza “deja de ser un mero recurso del cual extraemos beneficios económicos y se le da personalidad para defenderse y exigir sus derechos”.
Sin duda estamos ante un giro copernicano en nuestra concepción de la naturaleza. Un sistema natural deja de ser un objeto pasivo dominable y explotable, colocado a merced de los intereses humanos, para convertirse en un sujeto con necesidades y reclamaciones propias que le permitan garantizarse una vida y un desarrollo saludable. El caso de Mar Menor es paradigmático, ya que es un espacio natural muy valioso, frágil y querido por sus habitantes pero que, al mismo tiempo, y por ese mismo valor, ha sufrido fuertes presiones urbanísticas, contaminación e impactos ambientales provocados por nuestro sistema económico. Todo ello ha supuesto una de las mayores catástrofes ecológicas de este siglo en España. Las imágenes de miles de peces muertos fueron noticia y tuvieron una gran trascendencia social. Unos impactos ambientales en forma de desarrollos urbanísticos fomentados por un crecimiento turístico desbocado y de contaminación por nitratos a causa de unas políticas agrarias intensivas e industrializadas.
Hablamos de esta batalla ganada con Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y una de las principales artífices de este hito en la historia de las luchas para la protección de la naturaleza. Es autora de un valioso libro publicado en 2023, Justicia ecológica y derechos de la naturaleza (Tirant lo Blanch, 2023), donde justifica ese tránsito de los sistemas naturales de objeto dominable a sujeto de derechos, que en el libro se ejemplifica en el proceso de ILP que ha llevado al histórico reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. Este lunes 29 de abril fue galardonada con el Premio Goldman en San Francisco (Estados Unidos), uno de los premio más prestigiosos en la defensa del medio ambiente.
Vuestro éxito, Teresa, supone, como insistes en tu libro, un giro copernicano y una ruptura en la forma que tenemos de ver y relacionarnos con la naturaleza. ¿De dónde surge una propuesta tan revolucionaria?
Empezaré con una anécdota personal y que se remonta a cuando tenía pocos años. Mi padre era abogado y como atendía a sus clientes en casa, de pequeña me colaba en su despacho y escuchaba sus conversaciones. En los años 60 y 70, aún en la dictadura franquista, llegaban mujeres maltratadas y que le explicaban sus situaciones personales. Yo le preguntaba a mi padre porque esas mujeres no denunciaban y él me respondía que no podían, ya que no tenían “personalidad jurídica”. A veces olvidamos que esta situación no es tan lejana y que fue con la llegada de la democracia que las mujeres conquistaron ese derecho a poder acudir a los juzgados, o sea adquirieron plenos derechos para defenderse. Es escandaloso, pero las empresas tenían personalidad jurídica y derecho a denunciar, presentar litigios y defenderse, pero las mujeres y los niños no.
Y ahora defendéis que le toca a la naturaleza, y concretamente a ecosistemas como el Mar Menor, e impulsáis la Iniciativa Popular Legislativa que en plena pandemia de la COVID-19 consigue un éxito sin precedentes, 640 mil firmas, muchas más del medio millón necesario.
Sí, fue un proceso magnífico, donde nos dimos cuenta de la capacidad que tenía el Mar Menor para movilizar a la gente. Una vez las firmas son entregadas y aprobadas en la Junta Electoral Central del Congreso de Diputados, entramos dentro de la fase política y somos convocados para dar explicaciones ante los diputados. Aquí es donde empezamos a encontrarnos con situaciones curiosas. Hemos de tener en cuenta que el Mar Menor cuenta con todas las figuras de protección legalmente existentes, desde las regionales de la Comunidad de Murcia, pasando por las ZEPAS, como las internacionales, como Red Natura 2000 o el Convenio de Protección de Humedales Ramsar. Y aun así, todo eso no es suficiente para su protección efectiva y nos hace falta una proposición de ley como esta, una ley que le dé al Mar Menor personalidad jurídica.
En el Congreso con una ILP pueden suceder dos cosas, que no sea tomada en consideración o que sí lo sea. En este caso, y de forma netamente mayoritaria, las fuerzas políticas, excepto VOX (la extrema derecha), votaron a votar a favor de la ley. Después de un encendido debate, Vox amenazó con ir al Tribunal Constitucional. Durante el trámite parlamentario hubo muchas enmiendas a la ley, pero los partidos políticos las consultaron y pactaron con nosotros, lo cual supuso que no hubo cambios sustanciales en esta, y, de hecho, salió reforzada. Luego pasó al Senado, donde también se aprobó con una gran mayoría. El 3 de octubre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado y ese mismo día la ley entró en vigor. Antes de cumplir un año de vigencia de la ley, ya en 2023, esta entra en vía judicial.
¿Qué precedentes hay de una acción tan pionera como esta de conceder derechos a ecosistemas naturales? Y, sobre todo, ¿cómo se sustenta este cambio en un procedimiento judicial convencional?
En todos los continentes hay casos, algunos de ellos relevantes, como el del rio Atrato en Colombia y el Whanganui en Nueva Zelanda, ambos el año 2017, que fueron sin duda una gran inspiración para nosotras. Solo faltaba el continente europeo, por eso pensamos que nuestra iniciativa es importante, ya que estamos ante el inicio de un proceso imparable, que lleva años estableciendo sus bases éticas, los derechos de la naturaleza, pero que ahora aterriza en el terreno de la legalidad con situaciones y lugares concretos. Esto es un cambio revolucionario en la historia de la humanidad, un cambió dentro del Antropoceno donde estamos transitando de una ética antropocéntrica a una ecocéntrica. A la Naturaleza se le reconocen derechos para defenderse. Derecho a la vida, a la protección, a la conservación y la restauración. Y puede defenderse delante de cualquier agresión a través de nosotros, seres humanos, que como parte de ella, somos quienes podemos y debemos hablar en su nombre. Eso es importante, porque en un procedimiento judicial alguien ha de tomar la palabra en nombre del denunciante, en este caso de esos ecosistemas a los que hay que proteger. La idea innovadora en todo este procedimiento es que se trata de una acción particular en nombre del Mar Menor (artículo 6 de la Ley 19/2022) y que todos “somos el Mar Menor”. Y esto no se debe confundir con la “acción popular”, que está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico desde 100 años y que no implica a un sujeto con personalidad jurídica. Este sujeto de derecho que ahora puede hablar y defenderse a través de cualquier persona, tiene también una tutoría (artículo 3 de la Ley 19/2022) y esto significa que su voz también se la dan aquellos que tienen algo que decir sobre el Mar Menor y su futuro, como científicos, agricultores, ecologistas, sector turístico, poblaciones cercanas, etc.
Tú eres profesora de Filosofía del Derecho y es desde ahí que decidiste defender los derechos de la naturaleza. ¿No era posible desde otro ámbito legal?
Era el lugar adecuado, ya que no puede hacerse desde la dogmática jurídica que se refiere estrictamente a las leyes existentes. La Filosofía del Derecho permite una abertura crítica y creadora. Abre los horizontes del derecho e introduce los nuevos principios éticos que se van desarrollando en la sociedad. En ese sentido se ponen las bases de esa transformación, desde una ética que ponía en el centro a los derechos de los seres humanos, pero no consideraba que la naturaleza, a la que pertenecemos, tuviera derechos. Es ahí donde hemos podido desarrollar y empezar a darle base jurídica a aquello que hasta ahora parecía inconcebible. Hace dos años se reconoció internacionalmente como un derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, el derecho a poder respirar un aire puro o disfrutar de ríos limpios. Pero ahora damos un paso más, y no pequeño, es el derecho de esos mismos ecosistemas a su salud lo que estamos reivindicando. No solo para nosotros y nuestro bienestar, sino por y para ellos mismos. Es ahí donde entramos en el terreno de la ética ecocéntrica que abre una nueva época en nuestra relación con la naturaleza.
Me parece muy interesante vuestro planteamiento, sobre todo porque en nuestras sociedades occidentales, muy secularizadas y racionalistas, ciertos discursos espirituales o esotéricos sobre la “madre naturaleza” son vistos, incluso por personas con consciencia ecologista, con cierto escepticismo. Creo que vuestra aportación al utilizar un lenguaje muy legitimado en nuestra cultura, el jurídico, lo hace más asumible y comprensible y lo abre a poder discutir dentro de unos espacios que hasta ahora estaban vedados al ecologismo, más allá de los delitos ecológicos que se habían ido tipificando en los últimos 40 años.
En cierta manera, todo empieza en los reconocimientos oficiales que países como Ecuador, Bolivia o Nueva Zelanda han hecho de la naturaleza en sus constituciones, pactos o leyes nacionales. En este sentido, las cosmovisiones indígenas que han influido en estos reconocimientos han introducido nuevos principios éticos. Paralelamente, en nuestro espacio cultural, tanto si estos avances se leen en términos científicos, como de la aportación del movimiento ecologista, y ahora jurídico-legales, nos van a ayudar en el objetivo común de legitimar y reconocer los derechos a la naturaleza.
En este sentido, quería introducir el tema de las prácticas turísticas. El turismo fue en su origen una respuesta a nuestra necesidad de contacto con la naturaleza. Sobre todo, al hecho deque, a partir de la industrialización, y de unas urbes en rápido crecimiento durante el siglo XIX, surge esta necesidad de salir de la ciudad y recuperar ese contacto perdido que en la sociedad rural era inmediato. Antes de 1945 esta posibilidad estaba solo al alcance de las clases privilegiadas, pero en nuestras sociedades occidentales, con un petróleo barato y abundante, la popularización del coche privado y la construcción de carreteras, ese uso lúdico de los espacios naturales amenaza en convertirse en abuso destructivo a causa de la masificación. Eso no es ajeno a lo sucedido en el Mar Menor, donde una parte importante de los impactos han venido por una especulación urbanística consecuencia del turismo masivo. ¿Los derechos de la naturaleza van a tener que limitar ese uso turístico?
Si volvemos al ejemplo de la conquista de derechos por parte de las mujeres o de los pueblos indígenas, lo entenderemos mejor. Durante gran parte de la historia, la mitad, femenina, de la humanidad carecía prácticamente de derechos. Recordemos el debate sobre si los indígenas de América podían ser considerados seres humanos, e incluso se discutió si tenían alma. Esta falta de derechos implicaba que aquellos que ostentaban el poder podían actuar con ellos sin ningún tipo de límites, incluso la vida de esas personas estaba en manos de sus amos, que sí ostentaban derechos. Por tanto, cuando le reconocemos derechos a los ecosistemas naturales, estamos reconociendo a su vez que hay límites en nuestra relación con ellos y, por tanto, que no todo está permitido. Los procesos de conquistas de derechos han sido hasta ahora sociales y se han basado sobre todo en los conflictos de clases y en las luchas por los derechos civiles, económicos y culturales. El ascenso al poder de la burguesía y el desarrollo de la sociedad capitalista le dieron personalidad jurídica y derechos a las empresas y corporaciones antes que a muchos seres humanos y a la naturaleza, y, por tanto, la posibilidad de actuar de forma impune sobre ellos y también de forma ilimitada respecto a la naturaleza. Se les podía explotar sin límites, como sucedió en la colonización de América, donde la personalidad jurídica de esas empresas les permitía disponer de los indígenas sometidos por la fuerza y de las riquezas naturales de sus territorios. La historia de las luchas sociales ha supuesto el reconocimiento de esos seres humanos, trabajadores, indígenas, mujeres, … como sujetos de derechos, pero eso no ha sucedido con naturaleza, que ha continuado siendo considera como mero objeto de explotación y consumo.
Si nos centramos en el turismo hemos de tener en cuenta que, curiosamente, la sociedad capitalista nos ha dado más derechos como consumidores que propiamente como seres humanos. Pensemos en la posibilidad de movimientos de un turista que no es, ni por asomo, la misma que la de un ser humano que huye de una guerra o de una catástrofe natural y acaba en un campo de refugiados. Por tanto, nos hemos de plantear que ante unos ecosistemas naturales que son portadores de derechos, los seres humanos deberemos limitar nuestra acción. A mí me gusta decir que le hemos dado “manumisión a la naturaleza” o sea que nos hemos limitado los derechos que teníamos hasta ahora sobre ella y que la convertía en un mero objeto para nuestro disfrute. Con ese límite a nuestra actuación, le reconocemos derechos y necesidades a los ecosistemas que ya no podemos transgredir. También hemos de situar otro elemento importante: la justicia intergeneracional. ¿Qué planeta les dejamos a nuestros descendientes? En resumen, el derecho a un medio ambiente saludable lo tenemos nosotros y también los caballitos de mar del Mar Menor.
En vuestra lucha por defender y dar derechos al Mar Menor habéis conseguido 640 mil firmas. Eso es una barbaridad, una movilización con pocos precedentes en las luchas ecológicas de este país. ¿Cómo explicas este gran éxito?
El Mar Menor forma parte del imaginario sentimental y de la identidad cultural de muchos murcianos.Si solo hubiéramos llegado a aquellas personas, ecologistas, que se posicionan desde un análisis racional basado en una ética ecológica no nos hubiéramos acercado ni por asomo a estas cifras. Ha funcionado un sentimiento de justicia basado en las emociones de personas que se sienten unidas sentimentalmente al Mar Menor, y por razones que no son las de una argumentación estrictamente racional o científica. Tiene que ver con sentir. Hemos de ser conscientes que no tenemos tiempo para que todo el mundo llegue a una convicción ética de base racional sobre la necesidad de dar derechos a la naturaleza. Estamos en momentos de extrema urgencia y ese “sentimiento de justicia” hacia el Mar Menor ha sido fundamental para el éxito de la ILP.
Una vez que la ley se ha aprobado, ¿Qué esperáis del proceso judicial que está en marcha?
Este es un momento importante. La ley existe, y nos están dando premios por haberla conseguido, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hay el riesgo que se quede expuesta en una vitrina como un trofeo. Muchos magistrados no entienden que el Mar Menor pueda defender sus derechos y que todo el mundo pueda personarse representándolo y siguen insistiendo en que no es una persona jurídica, sino una “acción popular”. Por tanto, ahora la cuestión en juego es cómo y quién puede hablar en nombre del Mar Menor. Si se le niega la posibilidad de defenderse, y, por tanto, se ve en una situación de indefensión, habrá que ir al Tribunal Constitucional. La Constitución dice claramente que toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución española). Recordemos que el juez instructor ha reconocido que ha habido daño al Mar Menor y que la ley le reconoce personalidad jurídica. La persona dañada, en este caso el Mar Menor, ha de poder tomar la palabra y defenderse. El juez con buen criterio busca quien puede hablar en su nombre y cita al Ministerio de Transición Ecológica, a la Comunidad Autónoma de Murcia, a los guardianes del Mar Menor, donde están Greenpeace y Ecologistas en Acción. Todo esto es un giro copernicano que pone en cuestión la relación que hemos tenido hasta ahora entre seres humanos y naturaleza, y no solo implica al sistema judicial, aunque la batalla sé dé ahora en ese espacio, sino a todas y todos. Hemos ido más allá del Estado social de derecho y estamos entrando en un Estado ecológico de derecho.
Entiendo, por tanto, que como sujeto de derechos, el Mar Menor se puede defender ante esos procesos de turistificación masiva que ha vivido desde los años setenta del siglo pasado. Recuerdo cuando un famoso programa de televisión en esos años regalaba apartamentos en la “Manga del Mar Menor”.
Exactamente, los espacios que sufrieron los procesos de urbanización turística en esos años, los de la famosa Manga del Mar Menor, forman parte de ese ecosistema natural que ahora ha ganado su derecho a ser y a defenderse. Han sido vistos durante muchos años como un simple objeto del que se podía extraer un beneficio económico. Este giro copernicano, al que antes me he referido, lo cambia todo y esos límites ecológicos tienen ahora una base jurídica. El Mar Menor puede defenderse del daño que se le hace también con unas prácticas turísticas que ya no deberían ser posibles en nuestra situación actual. Nos hemos de hacer conscientes que cuando entras en el Mar Menor entras en el cuerpo de una persona. Por tanto, ya no es posible hacer lo que nos dé la gana. Hoy toca hacer la paz con la naturaleza y darle derechos es la forma de hacer efectivo este nuevo pacto con ella y llevar a cabo un avance civilizatorio que haga posible la transformación ecológica de la sociedad.
Gracias Teresa, quiero terminar recomendando a nuestros lectores que no se pierdan tu último libro, ya que vale mucho la pena leerlo y reflexionar sobre esta experiencia que habéis vivido en vuestra lucha por defender el Mar Menor y esos derechos de la naturaleza que con él se reivindican.
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