10-10-2023
Conflictos socioterritoriales bajo la perspectiva del turismo comunitario: propuesta de análisis
Samuel Jouault | UADY/Alba SudA través de un ejercicio de cartografía participativa con representantes de más de 50 organizaciones de base comunitaria dedicadas al turismo en Yucatán, México, se identificaron 80 conflictos socioterritoriales que fueron analizados termáticamente y en sus trayectorias.
Crédito Fotografía: Milpas en Ek Balam, Yucatan. Imagen de Abraham Puebla.
A principios de 2021, se realizaron seis talleres con representantes de más de 50 organizaciones de base comunitaria dedicadas al turismo e integradas en redes colaborativas de la Península de Yucatán, México. Mediante el uso de técnicas de cartografía social, se identificaron 80 conflictos socioterritoriales. Entre estos conflictos se elaboró una primera tipología en la que destacan: venta de tierras; contaminación y problemas ambientales; e ineficiencia gubernamental. Asimismo, en este trabajo se propuso una radiografía de los conflictos socioterritoriales vinculados al turismo comunitario en la Península de Yucatán cuyo análisis de desarrollo se divide en cuatro fases: a) amenaza; b) disputa por recursos; c) negociación y d) resistencia.
Por conflictos socioterritoriales entendemos las disputas por el control exclusivo sobre los recursos naturales, culturales y los significados atribuidos a los mismos en la producción o reproducción de un territorio (López y Betancourt, 2021). Elegimos adjetivar los conflictos analizados como socioterritoriales, pues consideramos que esta noción, “socioterritorial”, permite abarcar conflictos que perjudican el desarrollo de las actividades productivas y tradicionales de grupos humanos a diferencia de la idea de “conflictos socioambientales”.
La Península de Yucatán, principalmente poblada por el pueblo Maya, viene incursionando en el turismo comunitario con las agendas internacionales y las políticas públicas mexicanas desde hace tres décadas. Este territorio es más conocido por sus destinos litorales como Cancún-Riviera Maya, los puertos de Cozumel, Mahahual y Progreso, donde arriban cruceros semanalmente y, a veces, a diario. Asimismo, en este lugar se encuentran no solo las ciudades coloniales de Mérida y Campeche, sino también los denominados pueblos mágicos como Izamal, Valladolid, Palizada, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y los controversialmente así denominados como Maní, Sisal, Tekax, Espita, Motul.
El resultado de esta turistificación acelerada de los espacios rurales fue descrito en el Atlas de Turismo Alternativo en la Península de Yucatán (CINVESTAV – UADY, 2015), y otras propuestas analíticas del problema de la turistificación en espacios rurales se discutieron en Un modelo de turismo alternativo y economía social en la Península de Yucatán (2015). En 2013 detectamos más de 200 iniciativas colectivas en torno al turismo en espacios rurales, entre las cuales algunas habían fracasado y otras no habían iniciado operaciones. Diez años después, un censo aproximativo reportó 250 iniciativas de turismo comunitario en marcha en la Península de Yucatán. También, se detectaron siete redes de turismo comunitario asociadas a más de 54 iniciativas colectivas o empresas de base comunitaria. Por otro lado, 78 miembros asociados a estas empresas formaron parte de la dinámica de cartografía participativa con los asistentes auto adscritos como campesinos-turisteros de origen maya. Esta dinámica es una herramienta que facilita la participación de los no especialistas en cartografía en la construcción colectiva del mapa de un determinado lugar mostrando los conflictos por regiones.
Cartografia participativa en Tzucacab, Yucatan. Imagen de Samuel Jouault bajo licencia creative commons.
El objetivo de esta cartografía participativa responde a la necesidad de detectar, analizar y comprender los conflictos socioterritoriales y cómo afectan a las iniciativas de turismo comunitario. Entre las características que definen a las iniciativas de turismo comunitario se encuentran la propiedad social de la tierra, del equipo y de las infraestructuras, la toma de decisiones colectivas y el reparto equitativo de los ingresos y los procesos horizontales y solidarios de adquisición de capacidades.
Dos de los principales resultados de la cartografía participativa fueron el censo cartográfico de las amenazas-conflictos socioterritoriales derivados de la turistificación o que afectaban a las redes colaborativas de turismo comunitario en la Península de Yucatán en 2021 y la propuesta analítica del proceso de los conflictos socioterritoriales asociados al turismo comunitario. Para obtener dichos resultados se realizaron dos pasos principales.
En primer lugar, se contabilizaron 80 conflictos socioterritoriales que afectaban a las organizaciones de base comunitaria dedicadas al turismo y que se encontraban distribuidos en los vecindarios o zonas de influencia de las organizaciones de base comunitaria presentes en los talleres organizados. El análisis de los 80 conflictos socioterritoriales censadosa principios de 2021 arrojó que la actividad turística convencional genera el 31% de los conflictos. El 69 % restante es generado por otras actividades económicas, como la agroindustria a través de las granjas porcícolas o avícolas, las plantaciones de soya transgénica o los parques eólicos o granjas solares, entre otros. El 54% de los conflictos censados se encuentran en Yucatán, el 25% en Campeche y un 21% en Quintana-Roo. Los principales detonantes de los conflictos socioterritoriales vinculados al turismo comunitario en la península de Yucatán eran la venta de tierras (49% de los conflictos), la afectación medioambiental (29% de los conflictos) y la ineficiencia gubernamental (11% de los conflictos). Se ubicaron también conflictos clasificados como disputas comerciales (5%), violencia (4%) y falta de acceso a recursos (2%).
Mapa 1. Distribución de los conflictos socioterritoriales vinculados al turismo comunitario en la península de Yucatán
En segundo lugar, se optó por ordenar los conflictos socioterritoriales en cuatro fases. En la primera fase la amenaza está vinculada a una inversión de capital realizada por actores externos en la mayoría de los casos. Estas afectaciones, derivadas de las inversiones privadas y públicas, pueden devenir en conflictos socioterritoriales. En la segunda fase, se identifica una disputa por un recurso o por un espacio (bienes de uso común, paisaje, flora y fauna, suelo o agua) que puede involucrar actores gubernamentales, privados o sociales. En una tercera fase, se lleva a cabo la negociación entre las diferentes partes involucradas y es aquí en donde se podría resolver la afectación inicial o no. En caso de que no se resuelva el conflicto inicial mediante la negociación, se daría paso a una cuarta fase de resistencia, tal como lo muestra el ejemplo mediático de la implementación de la mega granja porcícola y la resistencia de los campesinos-turisteros y parte de los habitantes de Homún, Yucatán.
Fuente: Jouault et al., 2023.
La realización de este estudio articulado con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y su redacción en el contexto de la materialización del megaproyecto del Tren Maya, proyecto emblemático de la Cuarta Transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, generaron una serie de cuestionamientos:
1. ¿Cómo gestionar las amenazas cuando no generan disputa a pesar de las afectaciones ambientales, culturales y económicas?
2. ¿Cuáles podrían ser las respuestas académicas ante el alza de conflictos socioterritoriales? En este sentido, ¿sería útil la gestión social del conocimiento para la mediación y resolución de conflictos socioterritoriales?
3. ¿Cómo gestionar las afectaciones cuando no se vuelven conflictos, aunque generen afectaciones ambientales, culturales y económicas?
4. Considerando los contextos de desigualdad social e intercultural, ¿cuáles son y cómo se pueden mejorar las condiciones para la negociación?
5. Y por último, ¿hay condiciones para la resistencia? ¿Cómo interactúan otros actores sociales en los procesos de resistencia? ¿Cómo crear condiciones para la resistencia?
La publicación de esta propuesta responde a la necesidad de la co-construcción intersectorial de una agenda de investigación-incidencia incluyendo el monitoreo de las amenazas y sistematización de la información, la creación de un sistema de alertas tempranas, las capacitaciones sobre derechos ejidales y técnicas de defensa del territorio, así como el intercambio de experiencias entre monitores y organizaciones de base.
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