El derecho a revisitar la memoria

En Argentina, la última dictadura cívico militar que operó en el país entre 1976 y 1983 utilizó, como una de sus estrategias para instalar el terror en la sociedad, el secuestro, la desaparición y el asesinato de personas consideradas opuestas al gobierno de facto. Dichas estrategias se materializaron a través de la creación de dispositivos represivos que estaban en línea con el autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional”, nombre que los propios dictadores impulsaron para caracterizar al régimen.

El “Olimpo” fue un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979 en un predio que, en aquel entonces, pertenecía a la Policía Federal y fue especialmente ambientado por agentes del Servicio Penitenciario para operar con fines represivos. En él convivíanceldas, sala de torturas y un sector que servía de depósito para acopiar los elementos robados durante los operativos de secuestro. Allí estuvieron detenidas alrededor de quinientas personas, que en gran parte siguen desaparecidas.

Si bien los centros clandestinos se encontraban insertos dentro de un mismo sistema de persecución promovido por el régimen dictatorial, particularmente “Olimpo”, junto con los CCDTyE “el Banco” y “Club Atlético” integraban un circuito represivo conocido como “ABO”, por sus iniciales. Su funcionamiento fue coordinado por los mismos grupos de tareas y muchas personas detenidas fueron llevadas de un centro a otro. De hecho, algunos sectores de la estructura del Olimpo habían sido parte, originalmente, del Club Atlético luego de que fuera desarmado para la creación de una autopista.

El cese del funcionamiento del “Olimpo” estuvo vinculado con la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en 1979. A raíz de las denuncias en torno a las violaciones a los derechos humanos realizadas por sobrevivientes y familiares, esta comitiva organizó un recorrido por el país para aclarar la situación que se vivía. En consecuencia, muchos dispositivos represivos fueron reacondicionados: en el caso del “Olimpo”, este fue desarticulado y un alto porcentaje de las personas detenidas-desaparecidas fueron “trasladadas”, eufemismo utilizado por el gobierno de facto para aludir al asesinato y entierro en fosas comunes o al acto de arrojarlas vivas en el Río de la Plata mediante aviones.

Recuperar para construir

A raíz de los reclamos llevados adelante por grupos de vecinas y vecinos del barrio, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzó un proceso de recuperación “desde abajo”, parafraseando a E.P. Thompson. Al acercarse el fin del régimen en 1983, y luego de volverse conocidas las historias de personas que habían sido secuestradas en dicho centro clandestino, el “Olimpo” comenzó a ser objeto de escraches por parte de la sociedad civil. Esto implicaba visibilizar lo que allí había operado, mediante la entrega de panfletos a vecinos y vecinas del barrio o la realización de reuniones en las inmediaciones del lugar.

Posteriormente, durante la década del 90, se llevaron adelante diversas iniciativas de índole territorial que se sumaron a los escraches, como, por ejemplo, proyectos populares, festivales y marchas, con el objetivo de conseguir la salida de la Policía Federal. Tales manifestaciones se intensificaron a partir de la organización de diversas asambleas barriales, las cuales se consolidaron a lo largo de todo el país como consecuencia principalmente de la crisis social, política y económica ocurrida en el año 2001.

Zona de acceso al “pozo”. Imagen de Estefanía Izrael.

Ya en 2004, el gobierno nacional y el de la ciudad acordaron el traspaso del espacio para que allí operara “un sitio de recuperación de la memoria histórica de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y de promoción de los derechos humanos y los valores democráticos”. Con ello, se conformó una Comisión integrada por sobrevivientes, familiares, dirigentes gubernamentales y de organismos de derechos humanos, los cuales, atendiendo al análisis de Elizabeth Jelin, podrían ser catalogados como “emprendedoras de la memoria”, en tanto actores intervinientes en la toma de decisiones del “Olimpo”.

Este punto es destacado por la Doctora en Antropología Luciana Messina en una entrevista realizada durante el año 2020, quien da cuenta de uno de los elementos que diferencia a este excentro respecto de otros espacios de memoria: aquí, la participación ciudadana y, sobre todo, barrial, fue y es fundamental para la representación simbólica y el funcionamiento del sitio. Fueron las organizaciones vecinales las que exigieron y militaron por su restitución junto con sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, generando mesas de encuentro y debate entre quienes las integraban, dialogando con representantes gubernamentales, produciendo información, entre otras.

Ahora bien, uno de los puntos más interesantes respecto del funcionamiento de esta Comisión se vincula con los nodos de encuentro y negociación al momento de gestionar el espacio y definir las acciones que allí se realizarían. Siguiendo a Messina, a pesar de que algunas de estas cuestiones se constituían como razones de discordia dentro de la misma, existía una causa en la que coincidían: reconocer a la policía como enemigo común y lograr su salida como un objetivo inmediato. Ahora bien, en cuanto a sus diferencias, se destaca la resistencia de algunos sectores a legitimar la participación del Estado, tanto en la coordinación del espacio como en el proceso de recuperación, habiendo sido, como institución, el principal planificador y ejecutor de las prácticas represivas. A su vez, otro de los interrogantes que emergía era la de qué actividades llevar adelante en el sitio: ¿debía ser un lugar a puertas abiertas al barrio para desarrollar talleres, cursos, etc. en clave de una reparación comunitaria? ¿Era preferible generar una instalación museística? ¿Había que priorizar una imagen solemne de lo acontecido para evitar “usos indebidos” del pasado reciente? Todas estas discusiones fueron abordándose a lo largo del proceso de recuperación y replanteándose en la propia construcción del sitio.

Avanzando cronológicamente, en 2005 se logró el desalojo de la Policía, y para el 2006 se creó formalmente el Programa Recuperación de la Memoria del Centro Clandestino de Detención y Exterminio "El Olimpo". A partir de éste, quedó conformada una Mesa de Trabajo y Consenso que sustituiría en lo operativo a la Comisión, pero que, debido a las discusiones en torno a la presencia del Estado, traería aparejada la salida de algunas de las organizaciones que habían participado de estas iniciativas.

Por otra parte, en cuanto a la disposición del lugar, uno de los ejes que sí se mantendría como acuerdo fue el de considerar al predio integralmente como centro clandestino de detención. Esto implicaba traspasar la zona que, en lo estricto, ocupaba el llamado “pozo”, término con el que los represores aludían al sector en donde permanecían recluidas las personas detenidas. Complementariamente, se consensuó la idea de señalizarlo antes que reconstruirlo para, en otras palabras, dar cuenta del modo en que este funcionaba sin tener que recrearlo. De esta forma, no solo se evitaría una reproducción exacta que podría contribuir con la generación de terror y parálisis de quienes lo visitasen, sino que también se abogaría por una construcción crítica del pasado, atendiendo a las resistencias al poder represivo. Esta impronta puede apreciarse en la propia página web del “Olimpo”: los años de debate y experiencia de trabajo nos llevaron a consensuar en torno a la importancia de superar una memoria literal en el relato sobre estos "sitios de memoria".

Las fronteras de la visita

Si bien las discusiones en cuánto a qué y cómo gestionar este espacio se mantuvieron y actualizaron ante los disímiles contextos, el “Olimpo” cuenta hoy en día con un programa de educación que incluye visitas guiadas por el predio para instituciones de educación secundaria y superior, así como también para el público adulto en general. En ellas se promueve la reflexión en torno a las movilizaciones sociales y los dispositivos de amedrentamiento y persecución diagramados por el Estado. Particularmente, en cuanto al nivel universitario, existe la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales y cubrir horas de investigación dentro del centro, según establecen las currículas institucionales. Asimismo, para el nivel escolar primario, se ofrece una modalidad de talleres que apuntan a trabajar sobre los derechos humanos, las historias de militancia y la dictadura, sin incluir un recorrido en términos estrictos.

Murales fuera del “Olimpo”. Imagen de Estefanía Izrael.

Ahora bien, en cuanto a las propuestas didácticas en general, se propician diversas actividades y materiales varios para abordar la temática de la memoria. Estos incluyen cuadernillos para trabajar en el aula, así como una audioguía para recorrer el sitio (aunque se aclara que para acceder al “pozo” es condición necesaria estar en compañía de integrantes del establecimiento). Al comenzar con esta “travesía auditiva”, se comentan los distintos usos que el espacio ha tenido históricamente: primero supo ser una terminal de tranvías y luego de colectivos, construida por una empresa inglesa a comienzos del siglo XX. A través de los audios, se destaca el lugar central que el establecimiento ocupó dentro del barrio para quienes trabajaban allí, para vecinos y vecinas y para quienes utilizaban estos medios de transporte.

En 1975, por cuestiones económicas, el Estado le otorgó el usufructo del predio a la Policía Federal, por lo que su acceso comenzó a quedar restringido y el espacio fue modificado para su nuevo uso, alterando el vínculo que existía con el barrio. Con la llegada del régimen militar, se avanzó con la transformación del predio para reacondicionarlo como centro clandestino de detención. Para ello, durante dos años, se construyó un paredón que separaría el “pozo” del lado público y legal de la policía. Sin embargo, con el correr del tiempo el espacio sería reestructurado para ocultar las atrocidades que allí se habían cometido. Ya con la vuelta de la democracia en 1983, el predio fue utilizado como planta de verificación vehicular, por lo que, a pesar de haber sido denunciado por organizaciones y sobrevivientes, este permaneció en mano de las fuerzas policiales durante más de 20 años.

Luego de conseguirse la efectiva recuperación del espacio y su constitución como sitio de memoria, se avanzó sobre cómo materializar la dimensión turística. En este sentido y según plantea Messina, uno de los ejes que se tomaron como referencia para la actividad y guía de visita fue la problematización del vínculo entre la sociedad y los centros clandestinos, en general, y con el “Olimpo”, en lo particular. A diferencia de lo que sucedía en otros centros represivos que se encontraban situados en zonas más periféricas de los emplazamientos urbanos, este se ubica en el corazón del barrio de Floresta, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde adquirió un fuerte valor simbólico por parte de vecinos y vecinas.

En consecuencia, al realizar una visita guiada, se empieza recorriendo la periferia del centro per se, apelando a problematizar las conexiones que existían y existen entre el sitio y su geografía, entendida esta en sentido amplio. En dicho perímetro pueden observarse murales que lo identifican como un espacio de memoria, buscando interpelar a quienes circulan por allí. Luego, pasando al interior, se divisa un sector abierto denominado “Parque 30.000 Compañeros Detenidos Desaparecidos”. Alrededor suyo se observa una radio comunitaria llamada “Radio Presente”, la cual había sido vandalizada en mayo de 2022, afectando directamente a los equipos con los que esta opera.

“Radio Presente”. Imagen de Estefanía Izrael.

A su derecha es posible encontrar un establecimiento cerrado en donde se aprecian muestras artísticas, dentro de las cuales se ubica “Eso que no pudieron destruir”. Esta apunta a recuperar las historias de vida de las personas detenidas desaparecidas a través de fotos, material audiovisual, artefactos, entre otros, y con ello dar cuenta de su trayectoria y compromiso sociopolítico. En dicho espacio finaliza la audioguía, por lo que es interesante considerar el lugar que ocupa la militancia dentro del relato construido en torno a las violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, este excentro clandestino toma como base las atrocidades ocurridas durante la última dictadura militar, pero también pone el foco en las actuales violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, cuenta con una biblioteca que lleva el nombre de Carlos Fuentealba, un docente asesinado en el año 2007 en el marco de una manifestación sindical en la provincia de Neuquén a manos de las fuerzas policiales.

Los buenos usos y la política “correcta”

Ahora, ¿qué sucede con la dimensión simbólica que cimienta la frontera del predio? ¿Quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera del modo en que se piensa el espacio? En el año 2018, representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires visitaron el “Olimpo” para celebrar la obra de parquización que allí se había realizado, aludiendo al “espacio de esparcimiento” y a los “jardines para el uso recreativo de los vecinos de la ciudad”. Estos discursos deben interpretarse en el marco del Plan Verde 2016-2019, una política pública que apuntaba a reducir el déficit de espacios de este tipo que registraba la Ciudad, aumentando esta superficie un 6,6%.

Sin embargo, la Mesa de Trabajo y Consenso emitió un comunicado en el que cuestionaban dichos usos y aludieron a la importancia de poner el foco en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia: “es en función del Sitio de Memoria, de encuentro para la construcción del lazo social quebrado por las prácticas genocidas, y no para el mero disfrute”. Complementariamente, se mencionó que la visita no había sido anunciada y que, de hecho, fue la propia Mesa la que había impulsado las iniciativas para parquizar el predio, sin que esto fuera reconocido por los representantes que allí se apersonaron.

En esta misma línea, el arquitecto y urbanista Emiliano Espasandín da cuenta de la necesidad de sumar o recuperar espacios verdes, atendiendo al bajo porcentaje que estos representan en relación con los metros cuadrados construidos. Sin embargo, comenta que, dentro de la Ciudad, es menester que estos proyectos se desprendan de “un proceso colectivo entre profesionales y ciudadanos, a partir de reconocer la oportunidad urbana que producen".

“Parque 30.000 Compañeros Detenidos Desaparecidos”.Imagen de Estefanía Izrael.

A partir de esta situación puntual, es posible diferenciar dos usos del espacio que potencialmente entrarían en contradicción. Por un lado, el de la memoria y, por el otro, el de la recreación en un contexto urbano. Pero, ¿existe un diálogo viable entre el esparcimiento y los sitios de memoria? ¿Qué desafíos implica pensar estas zonas como objetos del turismo? ¿Cuáles son los peligros y las oportunidades de generar dicho maridaje? En el comunicado de la Mesa se comentaba que efectivamente existen actividades ligadas a la investigación, la cultura, la educación, entre otras, dentro del “Olimpo”, pero que estas se encuentran transversalizadas por los derechos humanos y que apuntan a la apropiación comunitaria en un tiempo presente.

En consecuencia, queda en evidencia que la discusión en torno a la “forma apropiada” de utilizar estos espacios permanece todavía vigente, no solo en Argentina, sino también en una multiplicidad de escenarios a lo largo y ancho del globo. Sin embargo, la especificidad del “Olimpo” radica en la fuerte participación social de las personas vecinas, familiares y sobrevivientes que, sin proclamar un discurso unívoco, legitiman modos particulares de bregar por la construcción del pasado reciente. Con ello, se intensifica la capacidad de agencia de las y los “emprendedores de la memoria”, en la medida en que se vuelven figuras claves en la negociación con los discursos oficiales, cuestionando los modos de decir, hacer y transitar.

Entonces, diremos que la pretensión de homogeneidad en la significación de estos espacios (acaso de todo fenómeno social) se torna imposible. Los sitios de memoria traen consigo una multiplicidad de sentidos que se vinculan con las trayectorias de los diversos actores e instituciones en cuestión. Dichas representaciones se nutren, se yuxtaponen y se enfrentan en función de relaciones de poder. En otras palabras y atendiendo al caso en cuestión, nos encontramos ante un locus represivo devenido en “sitio de memoria”, en donde diversos agentes sociales negocian su propia definición del espacio y, con ella, su forma de gestión en el marco de un contexto de postdictadura.