Gavilanes inmobiliarios acosan a defensores ambientales de las costas guanacastecas

Hace varias semanas uno de los compañeros de la organización comunal Marbella Verde recibió un correo electrónico en el que fue amenazado anónimamente con ser sometido a la difamación de su negocio familiar y a procesos legales. Y esta semana un extranjero que es dueño de lotes en Marbella envió mensajes a otro ex miembro de Marbella Verde, culpándolo personalmente de no contar con agua para estos inmuebles.

FECON repudia que grupos de inversionistas con grandes intereses de explotar la costa, mantengan regímenes de acoso y amenazas que terminan por impedir la organización social en las comunidades guanacastecas o en cualquier otra parte del país y llamamos a los pueblos guanacastecos a reivindicar su derecho al disfrute de un ambiente sano en sus costas.

Los estudios de Alba Sud explican con amplio detalle el modo de operar de estos que llamaremos ahora gavilanes inmobiliarios. En esta nota resumiremos los puntos centrales que explican cómo tomaron el control absoluto de la costa marbellana, y denunciaremos su régimen de acoso contra defensores locales del ambiente y del irrespeto a la legalidad.

Gavilanes inmobiliarios

Como en muchas otras partes de Guanacaste, ciertos extranjeros se hicieron con la propiedad de la zona marítimo-terrestre mediante compras con pagos pobres a los dueños originales en las últimas décadas. Ahora han montado grandes negocios basados en la especulación financiera, que se han convertido en verdaderos incentivos para la corrupción institucional.

Algunos extranjeros, comúnmente conocidos como “desarrolladores”, han resultado ser verdaderos “gavilanes”, pues recuerdan a los infames “gavilanes de la tierra” que estafaban campesinos durante los años 90´s. Sin embargo, el negocio de estos poderosos empresarios de la especulación se mueve dentro de los mercados inmobiliarios.

Despojo y especulación

Los gavilanes inmobiliarios son empresarios especuladores que identificaron la posibilidad de despojar a los pobladores marbellanos ofreciéndoles comprar sus propiedades hasta en un dólar ($1) el metro de tierra, para venderlos ahora en lotes con precios de hasta cien dólares por metro ($100), según registra la investigación de Arturo Silva (2020).

Aumentar el precio requiere no solo lotear las propiedades compradas sino también adquirir los permisos de agua y construcciones que otorgan las instituciones públicas. Los permisos de uso de agua corresponden por orden pública a instituciones como AyA o las ASADAS. Los permisos de construcción se deben tramitar ante los Departamentos correspondientes en las Municipalidades.

Agua para vender y construir residencias

La viabilidad de dar agua y permisos para construir debe fundamentarse en los principios de la ciencia y la técnica de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica. Quiere decir que no son permisos que se puedan dar para complacer a determinado negocio, sino bajo estrictos criterios técnicos y ambientales, certificando la disponibilidad y adecuada distribución del recurso hídrico para satisfacer las necesidades prioritarias.

Marbella. Imagen de Alba Sud. 

Pero el mercado inmueble es tan poderoso y la especulación financiera multiplica tanto los dólares, que los gavilanes inmobiliarios comenzaron a hacer su apuesta poniendo los fajos sobre la mesa: las ganancias son tan enormes que podían manipular a su favor las instituciones públicas, tomar el control de las organizaciones comunales y todavía, obligar al silencio a quienes se enteraran de sus accionar ilegal, como pasó al final en Marbella.

Pensaron los gavilanes que podían poner la carreta delante de los bueyes y echar a andar sus negocios y se dieron cuenta que la Municipalidad respondería a sus intereses con solo decirles “desarrollo”, otorgando permisos de construcción que no cuentan con expedientes públicos posiblemente porque no cumplieron el debido proceso. Además tomaron control de la ASADA local y después crearon ilegalmente otra para darse permisos y hacerse del agua marbellana para sus desarrollos.

Control del territorio

Los gavilanes pretendían tener control absoluto del territorio costero.  Los de las ASADAS tenía el fin de auto-otorgarse derechos de acceso al agua para construir las residencias de lujo en sus lotes. Esto pasaba al mismo tiempo que los pobladores históricos aún no contaban con acceso a agua potable. Vender la costa marbellana como un paraíso a clientes en países ricos iba a ser fácil.

La trama del agua se descubrió gracias a la denuncia valiente y constante de Marbella Verde, quienes con el apoyo de medios locales como La Voz de Guanacaste lograron hacer pública la estrategia ilegal de los gavilanes inmobiliarios de Marbella. La intervención y toma de control por parte del AyA paralizó el ajedrez de estos empresarios, lo que les condujo a iniciar con la estrategia de las amenazas para desarticular a la organización Marbella Verde.

Robo “eco-amigable”                                             

Para dar valor agregado a su negocio, los gavilanes mercadean los inmuebles como “eco-amigables”, engañando a sus clientes. Ante todo, la intención de darse permisos de agua para colonizar la costa con residenciales, supondrían una presión extrema sobre los acuíferos locales y las personas más afectadas serían los pobladores históricos.

Marbella. Imagen de Alba Sud. 

También está sobre la mesa el impacto ambiental de fragmentar los bosques primarios de la costa, que ya han venido siendo víctima de estos depredadores de la tierra y sus proyectos residenciales que cargarían de luces los cerros, afectando los ciclos de reproducción de las tortugas marinas en la zona. En definitiva, tener un bonito mirador al mar no es sinónimo de ecología.

Dueños del desarrollo comunal

No solo sucede que han querido burlar las leyes de Costa Rica en varios frentes, sino también que han tomado el control de instituciones comunales como la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) para que las decisiones de interés comunal que desde ahí se tomen no afecten sus negocios.

Marbella ha perdido su autonomía organizativa en instituciones locales, pues los gavilanes se apropiaron de todos los espacios de toma de decisiones, impidiendo la libre autodeterminación de los pueblos guanacastecos para concebir una forma distinta del desarrollo a la que han impuesto sus dólares.

Municipalidad de Santa Cruz ¿cómplice de los gavilanes?

Las amenazas llegaron a su punto cúspide en diciembre del 2019. En una reunión para atender el conflicto, los gavilanes inmobiliarios usaron a sus peones como una especie de ejército para dejarle claro a los integrantes de Marbella Verde que estaban dispuestos a defender su negocio a cualquier costo social.

Pero el respaldo municipal a los “desarrolladores” en esa reunión dejó entrever posibles vínculos corrupción en el apropiamiento de la costa bajo custodia del Gobierno Local. ¿Será tan bueno el negocio de los gavilanes inmobiliarios que les permite presupuestar partidas para que funcionarios públicos incumplan los procesos establecidos por Ley en nuestro país?

Si los gavilanes inmobiliarios pueden obtener rentas de 500 millones de colones o más en la venta de una hectárea de tierra, por supuesto que se puede sostener la hipótesis. También es revelador que uno de  los implicados en la usurpación de Marbella planteara que no sea el AyA sino la Municipalidad que tome control del acueducto de Marbella (Voz de Guanacaste, 2021).

Marbella. Imagen de Alba Sud. 

En general, hay evidencia de la complacencia de la Municipalidad con las irregularidades que cometen los gavilanes inmobiliarios en la costa marbellana: Acuerdos Municipales improcedentes a su favor y que no son revocados, la inacción para intervenir ante la usurpación de la zona pública, la ausencia de expedientes públicos de construcción para establecimientos comerciales de estos empresarios, y para completar, la nula iniciativa por ordenar la ZMT de Santa Cruz.

El Estado también incentiva a los gavilanes inmobiliarios

Los gobiernos centrales también son cómplices del enclavamiento de los gavilanes inmobiliarios en nuestras costas, pues han incentivado a la inversión extranjera desde los programas de ajuste estructural (1985-1995). Mediante leyes y propaganda, el gobierno central de Costa Rica promueve la colonización de pensionados extranjeros en las costas.

Los incentivos y la santificación de los inversionistas extranjeros por parte de la clase política costarricense, lo hacen suponiendo beneficios económicos para el país que aún nadie ha podido demostrar con datos, pues bajo este modelo, Guanacaste se ha convertido en la provincia más desigual y pobre del país (Villegas, 2017).

Defender el territorio

Luchas arduas, pero con la razón y la Ley a su favor, esperan a todos los pueblos guanacastecos que son víctimas de los gavilanes inmobiliarios de la ZMT. Pero la zona pública, definida como los 50 metros a partir de la línea de pleamar, también ha sido víctima de invasión por parte de estos mismos usurpadores que pretenden privatizar el territorio costero en Marbella y en otras playas como Avellanas.

El Estado debe respaldar a los pueblos que luchan o será cómplice de quienes especulan con las tierras, el agua y los paisajes de la costa Pacífica costarricense, y como cómplices, serán también enemigos de la naturaleza y el bienestar social de las comunidades, que solo es posible con un ordenamiento participativo de nuestras zonas marítimo -terrestres, que son espacios públicos y para uso social libre, no para el lucro de unos pocos.