Costa Rica: criminalización del movimiento ecologista y conflicto turístico

El pasado 7 de diciembre del 2020 la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente  (FECON) presentó el libro Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. La publicación es resultado del apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo-México, la Fundación Heinrich Böll-El Salvador, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

FECON es una plataforma costarricense con 30 años de experiencia que aglutina más de quince organizaciones y que en conjunto desarrollan acciones en el campo de la defensa ambiental y la justicia social. A partir de su base de datos, así como otras fuentes institucionales, acompañado por diversos testimonios, el libro constituye un ejercicio de memoria histórica del conflicto socioambiental en Costa Rica en base al relato de una de sus organizaciones protagonistas.

Puede descargar el libro haciendo clic aquí. 

El libro repasa 94 hechos de violencia contra personas defensoras de los bienes comunes que han dejado huella en la historia reciente del movimiento socioambiental. Se descubre así que Costa Rica no está lejos de los ciclos de criminalización y asedio a personas defensoras del medio ambiente vistos en otras latitudes. Pero la información que suministra el libro permite también introducir el conflicto turístico desde una nueva perspectiva: en territorios turísticos los periodistas, activistas, funcionarios públicos, líderes y lideresas también son blanco de ataques por su defensa de los bienes comunes.   

Años de criminalización  

Desde 1970, año en que FECON registra el primer hecho de violencia, los conflictos por la tierra y sus recursos han sido parte de la historia reciente de Costa Rica. Datos recolectados por FECON en el  Programa del Estado de la Nación da cuenta de que entre 1994 y 2016 el número de acciones colectivas por temas ambientales ha aumentado en un 14%. Para FECON esta conflictividad es resultado de la profundización de las políticas neoliberales y tiene en el Estado uno de sus principales responsables.  

A lo largo de diez capítulos FECON evidencia cómo el Estado costarricense ha sido el principal generador de disputas y conflictos. Pasó de un papel de mediador a promoverlos, ya sea por omisión, ineficiencia o falta de marcos institucionales que lleven una solución pronta acorde con la legislación nacional e internacional. Uno de los mayores aportes del libro es que rompe con el mito del activista como individuo aislado, radical, opuesto al desarrollo y bienestar. Demuestra que en la mayoría de los casos forman parte de redes comunales amplias. Sobre todo, porque en los ciclos de criminalización también se han visto afectados guardaparques, jueces, empleados municipales y funcionarios públicos. 

La criminalización es definida aquí como “el proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales” (Álvarez y Casas, 2020: 10). La criminalización es una estrategia que la componen un ciclo de acciones que no siempre ocurren de manera lineal: descalificación-estigmatización, demandas judiciales, amenazas-acoso, atentados y, en el peor desenlace posible, asesinato.   

Los 94 hechos que compila el libro se presentan en forma de listados cronológicos agrupados en seis categorías junto a una breve descripción del contexto, nombre de las personas involucradas, año y desenlace judicial. En total son 18 demandas colectivas, 7 demandas individuales, 10 incendios provocados, 21 amenazas, 25 atentados y 13 asesinatos. Resalta el gran número de casos impunes o que continúan abiertos a pesar de que en algunos han transcurrido más de treinta años.  

Otro importante aporte es que hace visible la dimensión estructural de los hechos que repasa. Esta se hace más clara cuando el componente indígena o campesino está presente. La tenencia de la tierra y uso del territorio resultan claves para explicar los asesinatos aún sin resolver de los líderes indígenas Sergio Rojas en el 2019 y de Yehry Rivera en el 2020 en la zona sur del país. Sergio y Yehry encabezaban movimientos de autonomía indígena que, ante la desidia institucional por cumplir acuerdos de ley que garantizaran la tenencia del territorio, llevaban a cabo acciones de recuperación de tierras robadas por grupos finqueros ganaderos no-indígenas.

Por otra parte, se evidencia también que las mujeres están presentes también en la mayoría de los casos expuestos. Testimonios como el de la activista Alicia Casas de la Asociación de Ecología Social Costarricense resume los riesgos de ser mujer y defensora de bienes comunes, “como mujeres es importante resaltar cómo la represión, las amenazas y la persecución viene diferenciada para las mujeres y cómo viene a representar una triple y cuarta cruz, que se lleva solamente por el hecho de ser mujeres” (Álvarez y Casas, 2020: 21). A parte de sufrir el mismo ciclo de criminalización que los hombres, el hecho de ser mujer conlleva que el acoso contenga un alto grado de contenido sexual. Se busca el desprestigio público y privado, al mismo tiempo que se reafirman los roles tradicionales de género. Otro de los aspectos que señala Alicia Casas es el de la invisibilización. Subestimadas por funcionarios públicos en un primer momento, cuando la movilización alcanza cierta incidencia,  “es cuando surgen liderazgos masculinos que acaparan la atención, y pueden invisibilizar el liderazgo de las mujeres sobre estas luchas que ellas sostienen” (Álvarez y Casas, 2020: 23). 

FECON identifica que uno de los disparadores de conflictos es la falta de consulta o conocimiento previo informado a las comunidades. Faltan procesos participativos que propongan un desarrollo territorial de abajo a arriba. Los gobiernos impulsan un modelo de desarrollo que termina por ser antagónico a las aspiraciones de las comunidades. Se profundiza así la grieta entre usos tradicionales de los bienes comunes y los intereses del gobierno y las inversiones privadas. Es allí donde surgen las acciones colectivas y las redes en defensa del ambiente.

La mayoría de los 94 hechos que se presentan en el libro han sucedido fuera de la Gran Área Metropolitana. Al parecer, cuanto más lejos del centro urbano del país, más conflictos socioambientales se producen y, por ende, mayor es el costo para las personas defensoras de bienes comunes. Muchas de estas zonas representan las fronteras de la exclusión, una frontera cada vez más desdibujada que separa el mundo rural del urbano.   

Resaltan casos como el asesinato del sueco Olof Wessberg en 1975 responsable de la Reserva Cabo Blanco. Wessberg fue asesinado en Corcovado cuando exploraba la idea de convertirlo en un parque nacional. A pesar de la motivación del asesino por evitar la intención de Wessberg, hoy, Corcovado es un parque nacional. En parques nacionales es común que sean guardaparques la primera línea de defensa contra la cacería y la tala ilegales. El texto recopila una gran cantidad de casos en que guardaparques en distintas Áreas Silvestres Protegidas (ASP) se enfrentan a armas de fuego y blancas, a merodeadores y en algunos casos los juicios terminan por darles la razón a los agresores.

En otros casos, destinos costeros en los cuales coexisten ASP han dado lugar a persecución y criminalización. En el Caribe Sur están ubicados el Parque Nacional Cahuita de coadministración estatal-comunal y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Allí, denuncias públicas por la destrucción de humedales han sido motivo de amenazas y demandas de difamación contra activistas. En el peor de los casos, han sufrido agresiones físicas como le sucedió a Philippe Vangoidsenhoven a manos de un regidor municipal en el 2019.

El conflicto turístico

Los territorios turísticos son espacios que reciben un número importante de personas que realizan actividades de ocio y recreación. Además, se considera así cuando estas actividades implican una ruptura con la rutina cotidiana. Es común que cuando hablamos de turismo venga asociado a los conceptos de tiempo libre y/o vacaciones. Los espacios de ocio y recreación se valoran a partir de prácticas que le son otorgadas a priori por grupos sociales. Estos espacios pasan a revalorizarse en función de la centralidad que ocupa el turismo. Una vez que esto sucede, el turismo readapta el territorio para garantizar su funcionamiento y rentabilidad. En este proceso el Estado resulta un actor clave a la hora de distribuir los costos y beneficios que puede generar la actividad turística, así como la respuesta a los conflictos que pueden llegar suceder.    

Fuente: Arturo Silva. 

La relación que la industria turística establece con el medioambiente resulta significativa para Costa Rica porque sustenta su oferta turística en su riqueza natural y paisajística. Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), los mayores lugares de visitación son los destinos de Sol y Playa y Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Los destinos de Sol y Playa concentraron el 72% de visitación por turistas no residentes en el período 2017-2019 y el promedio anual de visitación en ASP para el mismo periodo fue 2.155,071 personas incluyendo turistas residentes y no-residentes (ICT, 2021). Un número relevante si se toma en cuenta que la población nacional ronda los cinco millones de habitantes.

Por ser destinos masivos con alto valor comercial el desarrollo de grandes obras e infraestructura turísticas en zonas costeras conlleva la destrucción y/o desposesión de recursos naturales. En este escenario es común que emerjan defensores de los bienes comunes que señalan el costo ambiental que supone una industria turística basada en el principio de crecimiento perpetuo. Por otro lado, las ASP son parte intrínseca del mapa turístico costarricense pero no están ausentes de acciones que atentan contra el ambiente. El riesgo para defensores de bienes comunes sigue siendo alto a pesar de contar con un marco legal que en el papel protege y respalda la conservación de estos territorios especiales.  

Algunos hechos destacables

En Guanacaste el incesante crecimiento turístico inmobiliario ha conducido a una creciente conflictividad por espacios y recursos naturales. Destaca en el texto el conflicto de Sardinal en el 2007. En esa oportunidad, la comunidad se oponía a la construcción de un acueducto que llevara agua a complejos residenciales costeros. La comunidad argumentaba que los residenciales poco han aportado al desarrollo provincial a pesar de ser parte de los “planes turísticos”. A parte de ser reprimidos por antimotines en varias oportunidades, residentes y periodistas que cubrían el conflicto recibieron amenazas anónimas por medios electrónicos. En una estrategia ya conocida, lideresas comunales fueron denunciadas por coaccionar la libertad de movimiento de funcionarios públicos. Luego de años de litigio, en junio del 2020, la corte sentenció que nunca hubo evidencia plena para corroborar tal delito, así queda en el expediente 17-001843-412-PE.

Fuente: Arturo Silva. 

Aún hoy día, conflictos como el de Sardinal continúan en Guanacaste. En la actualidad, Playa Marbella es nicho de nuevas inversiones turísticas residenciales que, sobre mano de obra precarizada, han amenazado el acceso a agua potable, destrucción de manglares y la apropiación de la Zona Marítima Terrestre por complejos residenciales. El pasado 8 de enero el periódico Semanario Universidad ha dado fe de amenazas contra vecinos que se han opuesto a este tipo de desarrollo turístico. 

En territorios indígenas del sur del país, han surgido iniciativas turísticas sobre la base de crear alternativas de desarrollo local que contrarresten el abandono histórico del Estado. Lamentablemente se dan en un contexto de violencia estructural que llevó al asesinato de Sergio Rojas y Yehry Rivera. Angélica Picado Duarte publicó en Alba Sud un repaso detallado de varios proyectos locales en los que prima la autogestión del territorio, configurado desde otros imaginarios compatibles con la producción local y prácticas tradicionales.

Justicia y verdad

Poco se puede añadir al análisis minucioso que realiza el libro. FECON demanda la creación de un fuero especial que resguarde la integridad de las personas defensoras de la naturaleza, así como la creación de una Comisión de la Verdad que esclarezca todos los crímenes contra ecologistas. 

En Costa Rica, el conflicto turístico es extensión del conflicto ambiental. Para un país que exporta la imagen de ser sostenible y amigable con el ambiente, textos como el de FECON desnudan una realidad por lo menos incómoda. Sobre todo, si se toma en cuenta que su marca turística es la de un país de paz y armonía con la naturaleza.