Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que Honduras detiene el récord de país más mortífero del planeta con 103,9 homicidios por 100.000 habitantes, es decir casi 4 veces la tasa regional (28,5) y más de 15 veces la mundial (6,7).

Pese a que las autoridades hondureñas han presentado datos estadísticos tendientes a desvirtuar el contenido de dicho informe, mostrando una tendencia a la baja en homicidios -de 86,4 en 2011 a 77 por 100.000 habitantes en 2013-, las y los defensores de derechos humanos no dejan de señalar los impactos de la creciente militarización del país y sus instituciones.

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Premio “Personalidad en Derechos Humanos de América Latina” 2013, aseguró a La Rel que este proceso no solo marca un regreso al pasado para Honduras, sino que profundiza la crisis de derechos humanos en un contexto de impunidad casi total.

Terrorismo de Estado

En su más reciente programa radial, el COFADEH habló de “retorno del pasado”, de creciente militarización y de impunidad. ¿Qué está ocurriendo en Honduras?

Los militares siguen siendo los mismos que en el pasado cometieron crímenes de lesa humanidad, y no se les debió haber permitido nunca salir de sus cuarteles.

Ahora, nuevamente empoderados y tomando el control de varias instituciones del Estado, no solo generan niveles más elevados de impunidad, sino que vuelven más difícil la democratización del país, que aún sufre las consecuencias nefastas del golpe de 2009.

El presidente Juan Orlando Hernández cree que, mostrando su fuerza bruta a través de la presencia de los militares en las calles, puede mandar señales positivas de cambio. Sin embargo, lo que estamos viendo es un retroceso en cuanto a la participación ciudadana, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

De igual manera, vemos como la militarización de la seguridad pública, la creación de nuevos cuerpos de élite y de la policía militar están generando formas de violaciones a los derechos humanos que pensábamos enterradas en el pasado, como por ejemplo la tortura, sobre todo contra jóvenes.

Toda esta situación está creando una cultura del miedo y del silencio en la sociedad hondureña, y la convivencia democrática, así como la defensa de derechos, va a ser cada día más difícil.

Hace pocos días el general Julián Pacheco asumió la cartera de Seguridad. ¿Otra señal de que la Policía está siendo desplazada en sus funciones por los militares?

El tema de Seguridad Pública ya pasó a ser un tema de Inteligencia Militar. Esta vez ni siquiera nombraron a alguien en retiro, sino a un militar que está en pleno ejercicio de sus funciones. Por supuesto que él no va a estar al servicio de la sociedad, sino del presidente Hernández.

Esto es otro grave retroceso en el proceso de desmilitarización de la sociedad hondureña, tal como lo demandamos hace unas décadas. Los militares siguen siendo los mismos y no han avanzado en su forma de ver al pueblo como un enemigo.

Con esa decisión arbitraria se reafirma lo que estamos diciendo: Honduras va de paso hacia la consolidación total de una dictadura disfrazada de democracia, que va a ser dolorosa, sangrienta y larga.

Debemos seguir reclamando y denunciando ante el mundo lo que está pasando.

¿Cuál es el objetivo que persigue el presidente Hernández al otorgar este renovado protagonismo a las Fuerzas Armadas?

Pretende consolidarse en la presidencia durante estos cuatro años y perpetuarse en el poder. Los militares son una herramienta fundamental para realizar este proyecto y para controlar, con la fuerza, las tantas voces disonantes.

Paulatinamente estamos perdiendo todos los espacios democráticos para seguir trabajando a favor de la vida.

A ese propósito, el partido de gobierno está impulsando ante la Corte Suprema de Justicia la modificación de artículos constitucionales, que prohíben y sancionan la reelección presidencial. ¿Cuál es la posición del COFADEH?

Se trata de una estrategia política del presidente Hernández y del Partido Nacional para, por un lado desgastar al partido Libertad y Refundación (Libre) en una discusión sin fin sobre el tema de la reelección presidencial y, por el otro, para perpetuarse en el poder con los militares a su servicio, y no al servicio de la nación.

A partir de ahora tendremos unas Fuerzas Armadas consolidadas, equipadas y  con poder económico y político, que sirvan a los intereses del presidente Hernández.

En este sentido no estamos en contra de la reelección presidencial, pero la reforma debe darse a través de una consulta popular amplia y una Asamblea Nacional Constituyente que surja del mismo pueblo, como un verdadero proyecto de nación que recoja el sentir y las exigencias de toda la ciudadanía.

La hipocresía de los golpistas

Hace cinco años el tema de la reelección contribuyó a que se diera un golpe de Estado. Ahora, los sectores golpistas promueven los mismos cambios. ¿Es solo hipocresía?

Estamos ante políticos sin ningún escrúpulo, que únicamente piensan en sus intereses personales y que ven en Honduras su negocio particular. La militarización del país, las estrategias para dividir al partido Libre y el deseo de perpetuarse en el poder están detrás de estos cambios repentinos que rozan el absurdo.

Pero de fondo hay también un fuerte disgusto y hasta un odio por la Honduras que estuvo en contra del golpe de Estado, y esto impide un acercamiento para poder pensar de forma colectiva qué es lo mejor para el país.

La primera semana de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó al país. ¿Cómo evalúas su estadía y el informe preliminar que acaban de publicar?

El informe fue fuerte y contundente. En un país tan herido, tan golpeado y tan ávido de justicia, la presencia de la CIDH permitió a las víctimas contar sus dramas y denunciar las persecución, represión y hasta el abandono total de parte de las instituciones.

Asimismo, los comisionados pudieron constatar la total impunidad que hay en el país, así como la instrumentalización y la colusión del sistema de justicia con el poder político y económico, y la existencia de lugares irregulares de detención.

En fin, creo que la CIDH tiene todos los elementos para evaluar y pronunciarse contundentemente ante lo que estamos sufriendo las y los hondureños.

Honduras saldrá del Capítulo Cuarto del Informe Anual de la CIDH en el cual se incluyen los países violadores de derechos humanos.

A partir del golpe de 2009, Honduras fue incluida en el Capítulo Cuarto, sin embargo el artículo 59 del reglamento de la CIDH establece que cuando se hace una visita “in loco”, el país sale de esa lista negra. Por lo tanto, la CIDH está cumpliendo con un procedimiento previsto por su reglamento interno.

Esto en ningún momento significa que Honduras ha cambiado su práctica en violación a los derechos humanos, sino que hay que darle la oportunidad a un país para ver si recapacita. Lamentablemente estamos viendo como el gobierno maquilla cifras para que el país y el mundo crean que los índices de violencia están bajando.

El Ministerio de Seguridad acaba de dar a conocer cifras sobre homicidios que difieren enormemente con los datos de la OMS.

He dejado de sacar números estadísticos porque siento indignación por algo que se ha convertido en una maniobra política.

El gobierno asegura que esta supuesta tendencia a la baja es el resultado de su política de “mano dura”.

Es una estrategia mediática y refleja lo deshumanizado que es el actual gobierno. Estoy segura que esconden resultados y cifras, pero lo peor es que estamos perdiendo colectivamente el significado del valor de la vida y que lo ponemos en mesa de negociación.

Ni en pesadilla voy a creer que la mano dura pueda dar resultados…lo que hay es impunidad y ocultamiento de la verdad. Esto es vergonzoso.

Publicado originalmente en la Web de la Rel-UITA y en Nicaragua y más.