La crisis es una oportunidad para especular. Porque contrariamente a lo que nos pasa a la gente corriente, con la crisis remonta la circulación de capitales. Por ejemplo, la inversión proveniente del extranjero. Los capitales llegados del extranjero disminuyeron por el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta 2009, cuando llegaron 3.654 millones de euros (este dato nos sitúa a niveles de antes del boom de la construcción en el 2000), pero los flujos no han parado de remontar desde entonces y en 2012 recibimos 5.541 millones de euros, un 52,6% más que en 2009. Se trata de capitales que aprovechan la crisis para comprar barato a la vez que nos fuerzan a devaluar los bienes, como el territorio, y nuestra fuerza de trabajo, dado que ya no podemos devaluar la moneda. Son capitales que vienen para fijarse físicamente sobre el territorio con la compra de suelo, inmuebles, infraestructuras o licencias de construcción o de explotación. Pero no les interesa tanto sacar provecho de su uso como hacer negocio a raíz de la reventa. En esto consiste la especulación: la compra de un bien para su reventa a un precio más alto. Esta es justamente la economía financiera que nos ha arrastrado a la crisis: circuitos financiero-especulativos acelerados basados ​​en el crédito, el endeudamiento, la volatilidad y el abandono de la economía productiva.

El turismo participa de esta "fiesta" del capitalismo. Particularmente porque especula con el capital fijo: hoteles, apartamentos, viviendas (ahora mezclados en la nueva figura de los condohotel), solares, parcelas, centros comerciales, campos de golf, playas, aeropuertos, desaladoras, incineradoras, puertos deportivos o lo que sea, todo es susceptible del negocio especulativo. Pero para especular con "libertad" los mercados han menester leyes. ¡Y no!... esto no es contradictorio. José Ramón Bauzá y Mariano Rajoy nos lo demuestran, por ejemplo con la nueva Ley del turismo, las modificaciones de la Ley de Costas, la Ley de Emprendedores (que ofrece visados ​​a los extranjeros extracomunitarios a cambio de que adquieran bienes inmuebles por valores superiores a los 500.000 euros), las "declaraciones de interés autonómico" o los decretos y las leyes de "medidas urgentes".

El Decreto ley 1/2013 modifica la Ley del turismo, que es más urbanística que turística, vigente sólo desde de julio de 2012, se publicó internacionalmente en el BOIB en catalán, castellano, inglés, alemán, ruso... El Decreto ley 1/2013 del consejero Carlos Delgado es una nueva vuelta de tuerca para atraer capitales especulativos interesados ​​en los cambios de uso que desmantelan nuestra industria turística, haciendo entrar sus inmuebles (playas, infraestructuras y demás) a los mercados financieros. La declaración de la Playa de Palma como Zona Turística Madura, del mismo Decreto Ley 1/2013, la subasta barata al mejor postor, para lo que sea que quieran hacer, eso sí, con el ya habitual juego de palabras burlesco ("mejora , recalificación, revalorización, rehabilitación, reconversión... ") que esconde más crecimiento urbanístico. Pero esta gracia que exime a los hoteleros de la normativa urbanística y turística (que debería regir igual para todos) se la pueden aplicar también a raíz de este decreto ley en todo el territorio balear, lo que es especialmente grave en el suelo rústico y protegido donde se permiten legalizaciones, nuevos proyectos y aumentos de edificabilidad. A ojos de los expertos, Delgado modifica la ley a instancia de los propios interesados, de modo que no hay ningún nuevo artículo sin "paternidad".

Los especuladores usan el territorio y los comunes como mercancía para acumular más capital; probablemente (presuntamente), defraudando a Hacienda mediante la evasión a paraísos fiscales. Las nuevas leyes de desprotección y amnistía urbanística les sirven para despojarnos del derecho a un futuro sostenible: rompen el consenso ciudadano favorable a la contención del crecimiento urbanístico y turístico, con el levantamiento de las "moratorias" por las que tanto luchó el ecologismo; rebajan o eliminan la contención del crecimiento urbanístico, la protección de espacios naturales, las medidas de conservación del paisaje, la gestión racional de los recursos naturales (el agua, por ejemplo) o el disfrute público de las playas.

Las nuevas leyes y decretos del gobierno Bauzá obedecen el dictado de los hoteleros que han perdido el interés y el respeto por la sostenibilidad, la calidad del entorno o el bienestar de la población. Para unos y otros la crisis es una oportunidad para especular, en un sacrificio del territorio y de nuestros comunes en el altar de los mercados financieros, de los cuales son sirvientes.