Este mes de noviembre, concretamente el día 22, se cumplían noventa años de la publicación en la Gaceta de Madrid –el BOE de la época en España– de una ley en la cual se disponía:

El trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días, al menos si su contrato de trabajo ha durado un año. El patrono, de acuerdo con el obrero, determinará la fecha en la que este haya de comenzar la vacación. El disfrute de esta no supone descuento del salario que cobre el trabajador. La parte del salario en especie será pagada como de ordinario, o debidamente compensada.

El gobierno de la Segunda República, presidido por Manuel Azaña, extendía así el derecho a todas las personas asalariadas a vacaciones pagadas, un derecho que en una ley de 1918 se había establecido únicamente para el funcionariado. Estamos, pues, de celebración del noventa cumpleaños de la conquista de un derecho social de grandísima importancia que hoy en día está constitucionalizado. Una celebración que, en esta época, pre-pandémica y post-pandémica, de oleada de fondo y de larga duración de recortes sociales, no deberíamos negligir.

La reivindicación de vacaciones pagadas era una de las demandas más preciadas por el movimiento obrero de las primeras décadas del siglo pasado. Karl Marx había teorizado bastante antes sobre la necesidad de espacios temporales en los cuales liberarse de la tiranía existente durante el tiempo de trabajo asalariado. En el capítulo de El Capital (1867) sobre jornada laboral, después de una escalofriante descripción de las interminables jornadas en las fábricas inglesas, valoraba que estas jornadas laborales (en las cuales pensar en vacaciones pagadas era una quimera) le roban a la vida (aquello que en el argot económico se suele definir como "coste de oportunidad vital"). Lo que se les roba a los obreros –escribía Marx– es

tiempo para educación, para el desarrollo intelectual, para el cumplimiento de las funciones sociales, para las relaciones sociales, para el libre juego de las fuerzas físicas y espirituales de la vida, incluso para santificar el domingo, aunque esté en el país de los beatos del precepto dominical.

De aquí viene, a mi parecer, la importancia de la reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas en la mesa reivindicativa del sindicalismo de finales del siglo XIX y principios del XX.

Esta conquista, rubricada en forma de ley por el entonces ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, hay que insertarla en una dinámica, si me permiten la analogía, del rastro que dejaba el fantasma que recorría Europa conquistando derechos sociales. Por ejemplo, las que se consideran las primeras vacaciones pagadas –dos semanas al año– de la historia fueron fruto, después de un largo y festivo movimiento huelguista (las "huelgas alegres", por desarrollarse en un ambiente festivo de música y baile en las fábricas y talleres), de los "Acuerdos Matignon" del 7 de junio de 1936 entre el Gobierno francés del Frente Popular de Léon Blum y los sindicatos. Poco tiempo después, en Gran Bretaña una ley de 1938 estableció la semana de vacaciones anuales pagadas, y así en gran parte del continente europeo. Simple y llanamente: por todas partes las vacaciones pagadas son una conquista de las clases subalternas, y no un regalo graciosamente otorgado por nadie.

En el caso español el derecho a disfrutar de vacaciones con salario ha tenido una evolución compleja desde aquella ley de 1931. Entre otras cosas porque la Segunda República no tuvo tiempo de ampliar y mejorar el derecho que instauró. Durante la larga dictadura franquista poco se mejoró, hasta que llegó el periodo del tardofranquismo, y la primera conflictividad social de envergadura muy ligada al nacimiento y desarrollo de las Comisiones Obreras. Los convenios colectivos y las Ordenanzas Laborales fueron los marcos de prolongación exigua, y de forma desigual del tiempo de vacaciones, hasta llegar a 1976 en que la Ley de Relaciones Laborales estableció un mínimo de 21 días para todos los asalariados. Después, ya en la etapa democrática, llegó el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que amplió algo más el periodo mínimo de descanso a 23 días naturales, hasta su reforma de 1983 que elevó este mínimo legal de vacaciones pagadas a 30 días.

En estos 90 años, el derecho a vacaciones ha acompañado varios procesos sociales de envergadura global y local, como, por ejemplo:

1) Sin el derecho conquistado por el movimiento obrero de vacaciones pagadas, no habría existido el exponencial desarrollo de la "industria de las vacaciones", es decir, del turismo de masas.

2) La hegemonía de la visión económica ortodoxa ha conseguido que desaparezca cualquier referencia no mercantilizada en los análisis del trabajo remunerado. El productivismo y la competitividad no entienden de espacios de satisfacción vital en las vidas laborales de las personas convertidas en "capital humano". En este sentido, las vacaciones son contabilizadas como un coste, y, consecuentemente, en la economía laboral se impone el patrón de coste salarial por hora realmente trabajada.

3) El derecho a vacaciones ha sufrido el mismo proceso de precarización que las otras instituciones laborales. En la época de, en palabras de Zygmunt Bauman, "casi ocupaciones", lo que es realmente existente es un "casi derecho a vacaciones mal pagadas" que explica que un 34,4% y un 31,7%, respectivamente, de la población española y de las Islas Baleares no pueda permitirse irse de vacaciones al menos una semana en el año.

En cualquier caso, este noventa cumpleaños de la conquista de las vacaciones pagadas tendría que servir para reflexionar sobre la importancia de aunar actividad económica con ampliación de derechos sociales y de ciudadanía no precarios. Hoy la disputa entre, aquí cito a Donatella Della Puerta, "política progresiva y regresiva" está en poner la vida de todo el mundo en el centro de todo, o, por el contrario, poner la incertidumbre y el miedo de las mayorías sociales al futuro.