En la provincia de Limón, en el Caribe costarricense, actualmente está en discusión una reforma de ley que podría alterar la estructura de tenencia y uso de la tierra en las comunidades ubicadas más al sur de la costa caribeña, lo cual modificaría el espacio costero históricamente utilizado por pobladores y nuevos residentes.

La Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur, tramitada bajo el expediente legislativo número 18.207, conocida localmente como Ley Céspedes, propone en primer lugar otorgar títulos registrales de propiedad a los habitantes de Manzanillo, última comunidad costera que limita con la frontera natural de la desembocadura del rio Sixaola entre Costa Rica y Panamá. En segundo lugar, la ley implica ordenar las construcciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) desde el Parque Nacional Cahuita, Puerto Viejo, y finalmente la comunidad de Manzanillo, con distancia total de 30 kilómetros de franja litoral.

Lejos de ser un iniciativa sencilla, el proyecto de ley ha propiciado la discusión entre habitantes asentados historicamente en la zona, turistas residentes con pequeños y medianos proyectos habitacionales y comerciales, y grupos ambientalistas que valoran los alcances e impactos que puede traer la entrada en vigor de la ley.

El Caribe sur no ha estado exento de conflictos. Durante décadas la amenaza de desalojo a las comunidades locales y de los pequeños comercios costeros ha estado presente en la ZMT. La investigadora Mariana Solano Umanzor afirma que el conflicto es resultado de la poca o nula planificación territorial, que revela una contradicción entre los intereses de comunidades locales, los turísticos comerciales y el resguardo de las aéreas silvestres protegidas [1].

Imagen de Arturo Silva Lucas.

Durante una visita reciente, nos entrevistamos con distintos habitantes de la zona, tanto históricos como dueños de hoteles y comercio, y hablamos sobre lo que puede significar un cambio en el ordenamiento territorial y de tenencia de la tierra. Se presenta así una aproximación del panorama actual por el que pasa el destino, tomando en cuenta la ley en discusión y algunas iniciativas del sector privado que apuestan por reposicionarlo con una oferta turística de sello transnacional y masivo.

El Caribe Sur costarricense

El encanto turístico del Caribe sur en Costa Rica tiene que ver con la unión de dos elementos. Por un lado, un fuerte atractivo cultural, producto de la migración antillana de finales del siglo XIX e inicios del XX, con el objeto de trabajar como mano de obra en el ferrocarril y las compañías bananeras, que ha provocado que esta zona tenga un alto componente afro que la ate cultural e históricamente con el norte panameño, más que con el resto del país [2]. Dedicada históricamente a la pesca artesanal y la siembra de banano y cacao en pequeñas explotaciones agrícolas, esta zona ha estado relativamente aislada de la agenda política. Esta situación ha provocado que el componente turístico haya tenido un desarrollo mucho más endógeno y de fuerte contenido local, visible en la gastronomía, uso de la lengua local Mekatelyu [3], prácticas religiosas propias de comunidades afrodescendientes y la música, siendo su principal exponente la música Calipso.

Por el otro lado, el Caribe sur reúne una gran biodiversidad y riqueza natural. Dentro de este territorio está ubicado el Parque Nacional Cahuita, creado en 1970, que resguarda 600 hectáreas de arrecifes coralinos. Una de sus particularidades es que es la única área de protección de vida silvestre en el que se da una co-administración entre la comunidad y las autoridades del Sistema Nacional de Aéreas de Conservación (SINAC) en Centroamérica. También se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), creado en 1985 mediante el decreto ejecutivo 16614-MAG, con una extensión de 8,833 hectáreas entre zona boscosa, costa y zona marina con 5 kilómetros de arrecifes coralinos. La riqueza en biodiversidad hace que el territorio haya sido reconocido por convenios internacionales como sitio RAMSAR, aéreas de protección de humedales donde anidan un gran número de aves acuáticas.

Como forma de garantizar el desarrollo social de toda la franja costera que va desde Puerto Viejo hasta Manzanillo, en el año de 1994 se amplió el decreto ejecutivo del REGAMA con el objetivo de garantizar un balance en el cuido a la naturaleza y el desarrollo económico local [4], sin embargo, como resultado de las contradicciones entre derechos de uso de tierra e intereses comerciales con el SINAC, la declaratoria no ha podido ser un canal para prevenir conflictos. Prueba de ello, es la creación del Foro Caribe Sur. Esta agrupación reúne comunidades con la intención de prevenir el desplazamiento forzado de poblaciones costeras ante la amenaza que supone la aplicación de la ley de ZMT. Su trabajo está basado en un uso histórico y una cultura local de fuerte arraigo con el mar Caribe dentro de las herramientas jurídicas que ofrece el marco legal costarricense.

La comunidad de Manzanillo

La comunidad de Manzanillo está formada por no más de cien personas y está ubicada dentro de los límites de El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Según la comunidad, esta situación brinda poca seguridad jurídica que resguarde su derecho a vivir y construir en esa zona al no poder reclamar derechos de propiedad.

A diferencia del Parque Nacional Cahuita, la nomenclatura de Refugio de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo pone en desventaja a las poblaciones locales que durante décadas han tenido la amenaza de desalojo porque al ser Refugio de Vida Silvestre hace énfasis en el resguardo a la flora y fauna por sobre las personas.

En este contexto, la finalidad de la Ley Céspedes es reducir el tamaño de El Refugio para que la comunidad pueda salir de este régimen de uso de la tierra de administración pública y entrar a uno de titulación privada. La ley cuenta con el respaldo de la comunidad, que reconoce en ella la única vía legal que pueda asegurar los derechos de uso frente a la amenaza de desalojo. Por el lado de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe, conformada por organizaciones de pequeños y medianos comerciantes del Caribe Sur con sede en Puerto Viejo, no hay una posición oficial, sino que aún están a la espera de la sentencia judicial de la audiencia pública realizada el 28 de febrero de 2019 en los Tribunales de Justicia.

Imagen de Arturo Silva Lucas.

Sin embargo, representantes de organizaciones ambientalistas que prefieren mantenerse en el anonimato por tener diferencias con miembros de las comunidades locales en la solución a la amenaza de desalojo, sostienen que “la Ley Céspedes es el disfraz puesto para defender los derechos de los habitantes, pero lo que pretende es legalizar un negocio de bienes raíces”. La sospecha se fundamenta en el accionar de algunos funcionarios de la Municipalidad local que reconocen en la apertura de nuevos comercios y ampliaciones en hospedajes, aunque son pequeños, suponen un beneficio económico para los habitantes y una oportunidad de hacer negocios a la espera de la sentencia judicial.

Escenarios posibles

Hay una contradicción en la forma en que se gestionan las zonas turísticas en Costa Rica que ya ha sido señalada por diversas autoras, entre ellas la ya citada Mariana Solano Umanzor, así como María Paula Barrantes-Reynolds [5]. La contradicción radica en que el Estado costarricense, al mismo tiempo que promulga leyes y decretos que proponen la conservación de aéreas boscosas y territorios marinos, tiene una activa política económica de atracción de inversiones que pone en entredicho el verdadero interés en proteger las zonas costeras.

Recientemente, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (CCITUL) de la provincia de Limón ha diseñado un Plan de Desarrollo Turístico para la costa norte caribeña llamada Zona Hotelera del Caribe. El proyecto propone desarrollar con el apoyo logístico y financiero del sector privado un total de 500 hectáreas a lo largo de la costa de proyectos hoteleros estilo “todo incluido”, residencias, parques acuáticos, zonas deportivas y un centro de convenciones con el apoyo logístico y financiero de agencias de bienes raíces de especialistas en desarrollos turísticos.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la CCITUL, Rubén Acón, afirma que se apuesta por “un turismo masivo”, que no compita con la oferta turística del Caribe Sur sino fortalecerla a través de la creación de empleos, encadenamientos productivos y acciones de Responsabilidad Social Empresarial tomando lo mejor de otras experiencias “exitosas” como Cancún en México. ALBA SUD intentó infructuosamente obtener una copia del Plan de Desarrollo Turístico propuesto por la Cámara.

Este contexto se vuelve relevante porque un cambio en estructura de la tenencia de la tierra, podría conllevar a una presión por agentes externos y que finalmente podría ocasionar la transferencia de territorios costeros a manos de desarrolladores privados al encadenarse Limón con los circuitos del turismo globalizado. Esto podría provocar una sobreexplotación de recursos naturales que llegarían a afectar las necesidades básicas de poblaciones y los ecosistemas resguardados cercanos a estos nuevos mega desarrollos planteados, al mismo tiempo el derecho a la propiedad se vuelve un mecanismo que facilitaría la inclusión del capital especulativo inmobiliario, como es el caso de la comunidad de Manzanillo. La propiedad inmobiliaria legalmente registrada constituye una condición imprescindible para garantizar la rentabilidad financiera, sumando a esto territorios en que existe una presión turística inmobiliaria conllevaría, como mencionan Gascón y Cañada, a que la tierra se convierta en reserva de capital a disposición del mejor postor en un mercado de libre concurrencia [6].

Conclusiones

El escenario en el Caribe sur es bastante complejo. A pesar de ser una franja litoral de poca extensión reúne una serie de atributos naturales y culturales que la hace apetecible para la industria turística. Sin embargo, el complejo entramado legal y burocrático de la institucionalidad costarricense se sobrepone una sobre otra. A veces apelando a los intereses de las poblaciones locales, en otras el cuido a las aéreas de protección y en otras a favor a la inversión económica como camino al desarrollo social.

En busca del bien común se ha propuesto cambios que afectarían el uso y tenencia de la tierra en las comunidades costeras en el Caribe sur enmarcado en un nuevo modelo de desarrollo turístico de grandes hoteles y residencial costero. Pero experiencias en otros destinos turísticos costeros hacen suponer que el resultado afectaría la calidad de vida y el entorno natural que rodea estos destinos, aún es muy temprano para afirmar consecuencias predecibles. Lo que sí se reconoce es que se están dando condiciones para un cambio dramático en el paisaje costero caribeño costarricense.