(article disponible només en castellà)

Como analizamos en el anterior artículo (Schenkel, 2019a), el turismo social en sentido específico surge en defensa de un acceso al turismo más equitativo. Particularmente, busca facilitar las oportunidades de viaje en aquellos sectores que quedan excluidos de las alternativas comerciales, por no contar con los ingresos o las condiciones de salud “adecuadas” que exige el mercado, y su lógica de maximización de ganancias. Dicha modalidad turística, lejos de tener el lucro entre sus objetivos centrales, se organiza en pos de finalidades de descanso, bienestar y desarrollo personal, como medida de equidad e inclusión; al mismo tiempo que impulsa otro tipo de consumo, promoviendo prácticas turísticas responsables, centradas en el turismo interno, preferentemente en destinos poco consolidados en la oferta comercial, en periodos de baja demanda y en alojamientos de confort estándar, en muchos casos propiedad y/o gestión de estados, sindicatos, mutuales, cooperativas y otras asociaciones civiles. Los programas de turismo social pueden convertirse así tanto en un instrumento democratizador del acceso, como en una genuina alternativa para diversificar las economías regionales, promoviendo beneficios económicos justos, con enclave local, en pos de las comunidades locales y su ambiente (OITS, 2011).

El presente texto pretende echar luz sobre las experiencias latinoamericanas de alcance nacional que se están desarrollando bajo estos parámetros. Más allá de la especificidad que reúne cada una y, en muchos casos, los desafíos que aún tienen por resolver (y que seguramente serán motivo de preocupación en próximos artículos); dichas iniciativas ponen de manifiesto que puede desarrollarse otro tipo de turismo, más equitativo, inclusivo y solidario. Las características que identifican estas experiencias, como la carencia de ánimo de lucro y el objetivo de alcanzar el bienestar humano, las posicionan como un instrumento de reivindicación social, contra la desigualdad y la exclusión; particularmente en contextos como el latinoamericano, en donde el acceso al turismo continúa siendo socialmente minoritario e inequitativo, reforzando las tradicionales desigualdades de raza, clase y género (Schenkel, 2019b).

¿Cuáles son los principales agentes operadores de turismo social en América Latina?

A diferencia de lo que ocurre en el contexto europeo, la mayoría de las iniciativas que se desarrollan en la región surgen a partir de las administraciones públicas. La corta tradición democrática de los países latinoamericanos –enmarcados dentro de los regímenes de “obediencias endebles” (Medellín, 2006) o de “transición democrática” (Cabrero, 2011)–, origina en muchos planos un espacio público aún en construcción, con mecanismos de organización y participación social en pleno desarrollo. Esto sucede en el área del turismo social, donde se observa un proceso preeminentemente endógeno, centrado en el accionar gubernamental. En menor medida, se impulsan iniciativas a partir de la labor de privados vinculados directa o indirectamente a la economía social, como sindicatos, comités de empresas, mutuales.

En cuanto a estos últimos, se destacan los casos de Brasil y Colombia, en los cuales los agentes privados han sabido ocupar un lugar protagónico en el sistema de turismo social, y continúan haciéndolo hoy en día, mediante el accionar del Serviço Social do Comércio (SESC) y la Caja de Compensación Familiar de Fenalco (COMFENALCO). Ambas organizaciones han consolidado una importante área de actuación, incluyendo instalaciones turísticas propias en diferentes dependencias del territorio que facilitan la inclusión de aquellos sectores que quedan excluidos de las propuestas comerciales.

El SESC constituye un comité de empresarios de bienes, servicios y turismo, que funciona desde 1946, orientado principalmente al bienestar de los empleados y sus familias, aunque abierto también a un público amplio, ofreciendo propuestas educativas, de alimentación, salud, ocio y turismo. Presente en todo Brasil, en San Pablo, el estado más rico del país, el turismo social encuentra su mayor expresión: el SESC Bertioga, constituye desde 1948 el principal centro de vacaciones destinado al turismo social, permaneciendo en plena vigencia hoy en día (Vilela, 2011).

COMFENALCO en tanto, inicia sus actividades diez años después, en 1957. Tiene como objetivo la administración de los aportes de los trabajadores afiliados a la Caja para llevar a cabo funciones de seguridad social en temas como la salud, la educación, el ocio y el turismo. Este último se ha desarrollado principalmente desde COMFENALCO Antioquia, que dispone de sus propios hoteles, clubes y parques recreativos para el uso de los trabajadores y sus familias, así como los adultos mayores, los niños y los jóvenes.

En cuanto a las acciones estatales, muchos de los gobiernos latinoamericanos promueven iniciativas vinculadas al turismo social desde 1970 (diferenciándose Argentina, que las implementa desde 1945, contemporáneas al origen del turismo social en los estados europeos), a excepción de otros países que aún no cuentan con propuestas de este tipo, aunque en algunos casos impulsan experiencias locales e incluyen al turismo social dentro de sus metas a futuro (Schenkel, 2017). Entre estos últimos, podemos mencionar los casos de Paraguay, que se encuentra en una etapa de evaluación y de diseño de dos programas en el área, el Programa de Turismo Social y el Programa de Turismo Accesible, a partir del Departamento de Turismo Social y Educativo de la Secretaría de Turismo de la Nación; Costa Rica, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, incorpora el turismo social entre sus metas prioritarias, sancionando en el año 2016 un Reglamento específico para la implementación de este tipo de iniciativas en dependencias del Instituto Costarricense de Turismo; y Perú, que comienza con una serie de pruebas piloto de turismo social en el año 2015, con el objetivo de  promover su acceso a los residentes de escasos recursos, bajo la órbita del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

En este cerca de medio siglo se manifiesta una marcada inestabilidad del turismo social en las agendas gubernamentales; períodos de activación y bloqueo, que responden al alto dinamismo que caracteriza a las políticas públicas en la región, así como a una elevada inestabilidad democrática y a las recurrentes crisis económicas. La situación coyuntural nos encuentra ante una retracción de la participación de los Estados en el área, con una reducción de los fondos públicos invertidos, que ha originado incluso la finalizando de diferentes programas que contaban con más de una década de implementación.

Merece señalarse acerca de estas propuestas que fueron interrumpidas, que más allá de sus limitaciones, habían significado una tentativa de mayor inclusión en grupos históricamente postergados. Este es el caso del “Programa Federal de Turismo Social” en Argentina –que se destinaba a familias de bajos ingresos, tercera edad, personas con discapacidad y grupos de educación terciaria y universitaria–, el “Viaja Mais Melhor Idade” en Brasil –para mayores de 60 años y/o jubilados o pensionados–, el “Programa Un Turismo para Todos” de México –para la tercera edad, las familias, los jóvenes y personas con alguna discapacidad–, y el “Viaja Fácil” de Ecuador –destinado a facilitar las prácticas turísticas en personas mayores de 65 años–. En el caso de los programas de Ecuador y México han sido reemplazados por los programas “Viaja Primero Ecuador” y “Viajemos Todos por México”, que buscan constituirse en plataformas de promoción del turismo doméstico, promoviendo las prácticas turísticas de los residentes en destinos nacionales, a partir de acuerdos de precios con el sector privado.

Si se analizan aquellas experiencias con continuidad en su desarrollo, en la actualidad se implementan: “Programa Unidades Turísticas” en Argentina, “Vacaciones de Tercera Edad”, “Gira de Estudio” y “Turismo Familiar” en Chile, “Sistema Nacional de Turismo Social” en Uruguay y “Programa de Turismo Social” en Venezuela, este último con una marcada inestabilidad en las prestaciones asociada a la crisis que atraviesa el país. En todos estos casos prima una concepción específica de turismo social, destinada a impulsar una mayor equidad en las oportunidades de viaje de los residentes en destinos nacionales; mientras que el programa de Argentina se centraliza en complejos vacacionales del estado, en Chile, Uruguay y Venezuela se articula con alojamientos privados de confort estándar. En cuanto a sus prestaciones y destinatarios, cada una presenta características que le son propias. Detallamos algo más cada una de estas iniciativas:

• Argentina, Unidades Turísticas. Con cerca de setenta años de vigencia, el Programa Unidades Turísticas se impulsa en las colonias estatales de Chapadmalal y Embalse, incluyendo la estadía a una tarifa reducida o sin cargo en función del grupo social, quedando el trasporte a cargo del usuario. Ofrece los planes: “Escolar”, destinado a niños y jóvenes menores de 18 años, que sean alumnos de escuelas públicas; “Tercera Edad”, para jubilados, pensionados y personas mayores a 65 años; “Familiar”, destinado a grupos familiares de escasos recursos; y “Eventos”, para grupos numerosos, pertenecientes a instituciones del Estado o de interés público.

Hotel Chapadmalal, Argentina.

• Chile, Vacaciones de Tercera Edad, Gira de Estudio y Turismo Familiar. A partir del año 2001 se implementa “Vacaciones de Tercera Edad”, un programa destinado a las personas con más de 60 años de edad y a mayores a 18 años con capacidad disminuida. Entre los servicios incluidos, se encuentra el traslado, la estadía con pensión completa, excursiones y el seguro de asistencia al viajero. En el año 2007, se adiciona el programa “Gira de Estudio”, destinado a estudiantes que se encuentren cursando el segundo año de la enseñanza media; y en el año 2015, se lanza “Turismo Familiar”, canalizado a partir de los municipios, que incorpora propuestas turísticas subvencionadas en temporada baja para familias de bajos ingresos.
• Uruguay, Sistema Nacional de Turismo Social.Este programa se impulsa a partir del año 2006. Incluye el traslado, la alimentación y el alojamiento a precios accesibles (y con financiación sin recargo) para diferentes segmentos: “Turismo para Trabajadores”, destinado a empleados públicos y privados y su grupo familiar de acuerdo a un ingreso mínimo; “Turismo Joven”, para estudiantes o trabajadores de entre 18 y 29 años de edad y niños y adolescentes vinculados a organizaciones de promoción social; “Turismo Estudiantil”, dirigido a estudiantes de educación secundaria y de la Universidad del Trabajo de Uruguay; “Turismo para Quinceañeras”, para aquellas jóvenes de familias de bajos ingresos según el promedio de calificaciones escolares; y “Turismo para Adultos Mayores”, en coordinación con el Banco de Previsión Social (BPS), destinado a jubilados y pensionistas.

Cada una de estas experiencias, tanto las privadas como las públicas, reflejan que es posible organizar un turismo en defensa de finalidades sociales esenciales, que promueva otro tipo de consumo, a partir de prácticas internas, más equitativas, inclusivas y solidarias. La coyuntura actual, asociada a la retracción de los estados en el área, pone de manifiesto la volatilidad que encierra cualquier iniciativa pública que, lejos de configurarse como una cuestión de estado, queda rehén de las alternancias de gobierno, escapando de la vigilancia que implicaría una mayor participación y control social.

Las experiencias que se han desarrollado en el avezado contexto europeo, como Family Holiday Association (Reino Unido), Toerisme Vlaanderen (Bélgica) y Vacances Ouvertes (Francia) –organizaciones sociales específicas que surgieron hace décadas impulsando sus propias propuestas de turismo social– (McCabe,  Minnaert,  Diekmann, 2011), muestran que en Latinoamérica aún quedan otros caminos por transitarse, que sean gestionados por la propia sociedad civil y que bajo estos parámetros, contribuyan a la proliferación de oportunidades de descanso, recreación y turismo en beneficio de los sectores postergados.