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07-12-2022

COP27: ¿cómo financiar el cambio climático?

Iris Schneider | Alba Sud

El informe resultante de la COP27 recoge ideas ya expresadas en Cumbres del Clima pasadas y centra su atención en la gestión de la financiación para afrontar las consecuencias del cambio climático. ¿Hasta qué punto es esto suficiente? ¿Hacia dónde habría que orientar la discusión?


Crédito Fotografía: Matthew TenBruggencate, Unsplash, bajo licencia de Creative Commons.

Las siglas COP27 responden a la Conferencia de las Partes que se ha reunido por vigesimoséptima vez este año. Son un total de 197 naciones que en 1992 suscribieron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde 1995, se han reunido cada año para redactar nuevos informes en relación al clima. Algunos de los más importantes han sido el Protocolo de Kyoto (COP3) y el Acuerdo de París (COP21). El objetivo principal de la COP es ratificar dichos informes anualmente, cosa que resulta en pocas variaciones de los mismos y el uso de verbos que incitan o limitan pero que rara vez obligan o prohíben. La COP27, celebrada entre el 6 y el 18 de noviembre de 2022 en Sharm el-Sheikh, Egipto, ha recogido las propuestas de este año bajo el denominado “Sharm el-Sheikh Implementation Plan” y su descarga online está disponible aquí. A continuación, se resumen los principales acuerdos tomados:

  • Limitar el calentamiento global con el fin de mantener el objetivo que la temperatura mundial no supere los 1,5º C. Para conseguirlo, una de las medidas propuestas es la de reducir al 43% los gases de efecto invernadero para el año 2030, tomando como punto de partida los niveles de 2019. ¿Cómo hacerlo?: reducir el uso del carbón y de las emisiones de gas metano y acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles. Este último punto ha desencadenado más reacciones contrarias por parte de los países en comparación a COP pasadas, debido a la crisis energética y contexto geopolítico actual de la guerra de Ucrania.  En este sentido, varios países se encuentran en medio de discusiones de contratos en materia gasista: Índia y los Emiratos árabes; EEUU con Gran Bretaña; la exploración de hidrocarburos en Líbano por parte de la francesa Total; el suministro de gas proveniente de China y Turkmenistán; o la exportación de gas de Egipto hacia Alemania y EEUU. También países africanos como Nigeria, Mauritania, Tanzania o Argelia han firmado para la exportación o exploración de gas y la alemana RWE quiere ampliar una mina de carbón de lignito.
  • Apostar por una transición energética que incentive el uso de las energías renovables y de bajas emisiones, y remarcar el importante rol que tendrá la tecnología en este campo. La transición tiene que ser socialmente justa y se destaca que no solo deben jugar un papel los gobiernos, sino también la sociedad civil, las comunidades rurales e indígenas, la población infantil y juvenil. En esta edición, por primera vez, se ha habilitado un pabellón específico para jóvenes, donde han podido expresar sus ideas referentes al cambio climático. 
  • Conseguir el “cero neto” para 2050, es decir, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones nulas. Para ello se calcula que se necesitarán 4 billones de dólares al año en energías renovables hasta 2030 y otros 4-5 billones de dólares al año para la transformación hacia una economía acorde con este modelo.
  • Proteger bosques, océanos y ecosistemas, poniendo especial énfasis en el medio terrestre con tal de garantizar el correcto desarrollo de la actividad agrícola y la seguridad alimentaria a nivel mundial.
  • La necesidad de implementar un sistema mundial de observación del cambio climático, porque se ha observado que los países en desarrollo (según la terminología oficial), que representan un tercio del mundo, incluyendo el 60% de África, no tienen acceso a un temprano aviso de información climática ante eventos catastróficos.

El acuerdo más novedoso y controvertido

La discusión de cómo crear un fondo de pérdidas y daños para países empobrecidos afectados por episodios catastróficos debidos al cambio climático, ha hecho que se alargara un día más la Cumbre del Clima. Dicha petición ya circulaba desde hacía tres décadas y se ha formalizado por primera vez en esta COP. Sin embargo, distintos desacuerdos surgidos en relación a este fondo han obligado a crear un Comité de Transición que se encargará de establecer mejor las bases sobre cómo debe funcionar el fondo para así presentarlas en la próxima COP28. El Comité cuenta con la representación de 24 países, entre ellos tres de América Latina y el Caribe.

Las principales polémicas se han generado a raíz de la pregunta: “¿quién tiene que pagar a quién?”. La primera parte de la pregunta (“¿quién tiene que pagar?”) alude a la responsabilidad moral del Norte global a pagar, bajo el pretexto de “quien contamina, paga”. Según palabras de Antonio Gutérres, secretario general de la ONU, “no podemos seguir negando la justicia climática a aquellos que menos han contribuido a la crisis climática, pero son los que más la sufren”.

US Embassy Cairo, Sharm el-Sheikh (Egipto). Flickr, bajo licencia de Creative Commons.

Martínez y Oliveres (2010) lo describen como la “deuda ecológica” que contraen año tras año los países de rentas altas con los países de rentas bajas. La deuda ecológica se contrapone a la deuda externa que tienen que pagar los países del Sur a los del Norte debido al endeudamiento masivo que tuvo lugar durante las décadas 70 y 80: deuda que ha crecido cada año debido al tipo de interés. Según Martínez y Oliveres (2010), los países del Sur deberían dejar de pagar la deuda externa debido a que la deuda ecológica que han contraído los países del Norte con los del Sur es mayor. Durante la COP27 Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo referencia a ésta al afirmar que "no necesitamos que nos regalen el dinero de los presupuestos de los países ricos”, refiriéndose al nuevo fondo creado, sino que “necesitamos que se libere del pago de deuda”, es decir, del pago de la deuda externa, “a muchos de los países pobres, a todos los países en desarrollo, para que ese dinero que hoy va hacia el sector financiero, vaya hacia la acción climática".

La respuesta a la segunda parte de la pregunta (“¿a quién?”) también fue discutida. La propuesta del G77+China fue que se pagara a todos los países en desarrollo incluidos en el Anexo I de la UNFCCC (1992). Pero esta propuesta fue rechazada por la UE y EEUU porque en esa lista se incluye a China, que actualmente es el principal emisor de CO2 del mundo y tiene una alta capacidad financiera, cosa que pone en evidencia que el Anexo, escrito hace 30 años, debería revisarse. La solución ha sido que el dinero se destine a países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. De esta manera se podrá destinar una mayor cantidad de dinero a lugares que precisen más ayuda debido a impactos climáticos, como por ejemplo, islas.

Entidades ecologistas como Scientist Rebellion o Extinction Rebellion han reclamado que los usuarios frecuentes de aviones también deberían aportar a ese fondo. En el mismo sentido, una demanda que también recoge el informe de la COP27 es que entidades financieras y bancos den dinero para financiar la lucha contra el cambio climático, y que no solo esté a cargo de los países.  

Asimismo, otras entidades ecologistas como Greenpeace, Climate Action Network (CAN) Europe, el World Wildlife Fund (WWF), Ecologistas en Acción y Avaaz, han mostrado su escepticismoal fondo por su marcado carácter económico, debido al fracaso de experiencias pasadas en las cuales se pidió dinero a los países del Norte para financiar materias relacionadas con el cambio climático, pero que hasta el momento aun no se han podido juntar las cantidades requeridas. En el mismo informe de la COP27 se recoge que no se han recaudado los 100.000 millones de dólares al año para el año 2020 que debían juntar los países desarrollados para la lucha contra el cambio climático. Se calcula que el dinero que se destinó a los países en desarrollo para que pudieran emprender políticas contra el cambio climático solo representó el 31-32% de la inversión anual (período 2019-2020) que se necesitaría con tal de mantener la temperatura por debajo del aumento de 2º - 1.5º C.

Imagen de Pascal Meier. Unsplash, bajo licencia de Creative Commons.

Otra crítica que se podría aplicar al fondo es el posterior uso que se da al dinero una vez recibido, en las áreas afectadas. Klein (2017) acuñó el concepto “el capitalismo del desastre”, es decir, cómo la devastación de un área determinada es transformada por el capitalismo en una oportunidad. La autora hace referencia sobretodo al neoliberalismo impulsado por Milton Friedman en la Escuela de Chicago, cuyas ideas principales radican en el monetarismo. Según el economista, el mercado debe ser libre, con una nula intervención por parte del Estado más allá de subministrar el dinero. Las teorías económicas de la Escuela de Chicago defienden que el mercado se regula solo. Así pues, si un hipotético mercado competitivo acaba solamente en manos de unas pocas empresas es porque son las que, mediante sus decisiones económicas y acciones acorde a ellas, han encontrado el punto óptimo de equilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, serán las que ofrecerán el máximo beneficio tanto para el empresario como para el consumidor. Esta misma lógica es la que se ha aplicado para  legitimar la explotación de recursos naturales de los países del Sur por parte de los países del Norte, la ubicación de fábricas de producción en países con regulaciones ambientales menores, o la apropiación de terreno para la creación de un destino turístico.

Sobre este último punto, Klein (2017) da un ejemplo en su libro en relación a lo que ocurrió en la bahía de Arugam, en Sri Lanka, tras el tsunami de 2004, donde la reconstrucción de la bahía fue llevada a cabo por un grupo de asesores internacionales afines a las ideas de la Escuela de Chicago. Éstos decidieron aprovechar el dinero recibido por la ayuda internacional para la construcción de un nuevo destino turístico, con hoteles, chalets para el ecoturismo, muelle para hidroaviones y un helipuerto, lo cual comportó la expulsión de la comunidad local de pescadores que hasta entonces había vivido allí. El conflicto entre la población pesquera y algunos hoteles presentes en la zona antes del tsunami había empezado ya en 2002, cuando responsables de los hoteles se quejaban que la presencia de barracas y el olor a pescado ahuyentaba a los turistas. El tsunami ofreció la “tabula rasa” necesaria para implementar un nuevo modelo que solo apostaba por aumentar la rentabilidad económica de la zona.

Lo que no aparece en el informe

Un aspecto que no ha tenido cabida en esta COP27 ha sido el del turismo, aunque según un artículo de la Universidad de Sydney (Lenzen et al., 2018), la actividad turística genera entre el 8-10% de gases de efecto invernadero, siendo el transporte en avión el mayor contribuidor.

Algunas de las observaciones recogidas en el artículo es que pequeñas islas presentan unos porcentajes de emisiones muy altas, como por ejemplo las Maldivas, Mauricio, Chipre o Seychelles, donde el turismo internacional supone el 30-80% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales, en gran parte debido a los vuelos. Remarca también que algunos de los destinos turísticos son de por sí vulnerables al estrés climático: islas pequeñas que sufren la crecida del nivel del mar; montañas o pistas de esquí icónicas que tienen menos nieve en invierno debido al calor; arrecifes de coral que se degradan con la contaminación.

Los atractivos turísticos de dichos lugares responden a lo que Bram Büscher y Robert Fletcher denominan “la naturaleza espectacularesos sitios que se publicitan como exóticos ylejanos (dependiendo del país de residencia). La afluencia de turistas cerca de estos lugares resulta en un impacto ambiental elevado, en forma de desplazamientos y la construcción de todas las infraestructuras necesarias para acoger a los turistas.  

Imagen de Shai Pal. Unsplash, bajo licencia de Creative Commons.

Los principales países de origen de los turistas que visitan estos destinos son EEUU, China, Alemania e Índia. La tendencia que se observa es que cuánto más poder adquisitivo se tiene, los viajes de lujo hacia estos lugares incrementan, provocando que el turismo internacional crezca al ritmo de un 4%/año, incluso más que el comercio internacional. Otra causa de esta elevada tasa de crecimiento es que, debido al desarrollo tecnológico, los precios han bajado y viajar en avión se vuelve más asequible.

Con tal de frenar este crecimiento, Lenzen et al. proponen reducir la llegada de vuelos internacionales a esos lugares que presenten más vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático. O bien que se desarrolle una asistencia técnica y financiera para que se repartan los costes ambientales, o que los precios de los vuelos incluyan una tasa climática. Estas dos últimas ideas guardan cierta similitud con el fondo que se ha puesto en marcha desde la COP27.Todas estas propuestas crean la falsa ilusión que el cambio climático y sus efectos pueden frenarse únicamente con dinero. Las soluciones económicas deberían ir acompañadas también de políticas que incentiven un cambio estructural para dejar de considerar la naturaleza solo como un bien de consumo.

Cuando el turismo empiece a ser peligroso

Roger, uno de los pescadores desplazados de la bahía de Arugam, se pregunta “¿y no tienen miedo los turistas de los tsunamis?”, al ver los enormes complejos turísticos construidos en primera línea de mar (Klein, 2017). La búsqueda de nuevos negocios turísticos en áreas sensibles al cambio climático, va en detrimento de la preservación de la naturaleza o del intento de reducir el impacto humano sobre ella. Impera un modelo turístico que demanda combustibles fósiles para la movilidad internacional con el uso del avión, o cambios en los usos del suelo con tal de poder construir las infraestructuras necesarias para los visitantes. Todos ellos son focos que intensifican el cambio climático (contaminación de gases de efecto invernadero, menos superficie verde que resulta en una menor captación del CO2 ambiental) y, en consecuencia, aumenta la probabilidad que se den más desastres naturales, que afecten cada vez a más personas, entre ellas, a turistas. Para poner un ejemplo cercano, el 3 de julio de este año, un trozo del glaciar de Punta Rocca, en los Alpes Dolomíticos (Italia), se desplomó y provocó una avalancha de nieve, hielo y roca que mató a 11 personas de un grupo excursionista. Este glaciar había perdido masa y volumen durante los últimos años debido al calentamiento global, una de las consecuencias del cambio climático.

Si se considera la huella de carbono generada por el turismo y los futuros efectos devastadores climáticos que afectarán a las áreas turísticas consolidadas, la relación entre turismo y cambio climático es cada vez más evidente. Es por eso que debería ser un tema a tratar en las Cumbres del Clima, con el fin de equilibrar mejor nuestras ganas de viajar con la conservación y la preservación de la naturaleza y el creciente riesgo de los desastres naturales. 

 

Referencias:
Klein, Naomi (2017) La doctrina del xoc. Editorial La Butxaca, 503-530.
Lenzen, Manfred; Sun, Ya-Yen; Faturay, Futu; Yuan-Peng, Ting; Geschke, Arne y Malik, Arunima (2018) The carbon footprint of global tourism. Nature Climate Change 8, 522-528.
Martínez, Joan y Oliveres, Arcadi (2010) ¿Quién debe a quién? La deuda ecológica y la deuda externa. Icaria Editorial.
Este artículo se publica en el marco del proyecto “Plataforma de recerca en turisme, drets humans i equitat de gènere sobre Amèrica Llatina. 2a Fase”, ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la ACCD (convocatoria 2020).