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Recursos Externos | Recursos Naturales y cambio climático

24-11-2009

Nueva visión de la política ambiental en El Salvador

El documento “Visión Estratégica 2009 – 2014” del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales orienta la política medioambiental del nuevo gobierno de El Salvador. Destacamos este documento y un análisis crítico al respecto de Ileana Gómez, investigadora de Fundación PRISMA.


Crédito Fotografía: Marwin Hernández

Poco después de su nombramiento al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Herman Rosa, ministro, y Lina Pohl, vice-ministra, hicieron público el documento Visión Estratégica 2009 - 2014, que orienta la política del gobierno salvadoreño en materia medioambiental. En el documento destacan tres paradigmas que delimitan una nueva estrategia de actuación: 1) La ciudadanía activa como participación continuada de una población empoderada frente a los asuntos públicos en materia ambiental. 2) La gobernanza territorial como reconocimiento de la capacidad de la ciudadanía de organizarse alrededor de las problemáticas de cada territorio concreto y negociar sus necesidades inmediatas e intereses estratégicos con los objetivos nacionales. 3) Los servicios ecosistémicos como incorporación de la población en los ecosistemas, considerándoles parte integral de éstos, y valorando su aporte, frente a visiones que aíslan las áreas protegidas de la gente que vive en esos territorios. Destaca también el principio de transparencia como garantía de accesibilidad pública de toda la población a la información del MARN. Y el reconocimiento de los conflictos ambientales como mapa-guía del escenario que marca las prioridades de la intervención pública.

Definir la política del MARN desde estos presupuestos no es poca cosa, y supone un esfuerzo mayúsculo que a medida que pase el tiempo y vaya concretándose tiene el potencial de acumular y movilizar simpatías y colaboraciones, pero también activar a sectores de oposición. Sin duda, queda por delante el enorme reto de concretar alianzas entre el Estado, las organizaciones sociales y los grupos de población directamente afectos por problemáticas ambientales que están poniendo de manifiesto la enorme vulnerabilidad en la que vive El Salvador.

Con el fin de dar a conocer esta propuesta de Visión Estratégica y contribuir a su discusión pública, incluimos más abajo este documento y un artículo de Ileana Gómez, investigadora de Fundación PRISMA, comentando el documento.


REDISEÑANDO LA POLÍTICA AMBIENTAL DE EL SALVADOR, por Ileana Gómez. Publicado en Contrapunto, 13 de noviembre de 2009.

Los temas ambientales han estado en la línea de fuego del interés nacional en los últimos días debido a la resistencia social por la construcción de la Represa del Chaparral por parte de los pobladores afectados y grupos ambientalistas, además de la polémica propuesta legislativa para reabrir los botaderos a cielo abierto. Lo curioso es que se sabe poco de la forma en como el Ministerio de Medio Ambiente, principal ente rector en el país, está abordando estos conflictos y menos se sabe cuál es la propuesta para la gestión ambiental que tiene el gobierno de cambio, a pesar que el MARN ya lanzó a consulta pública la Visión Estratégica 2009- 2014.

La puesta en marcha de esta Visión Estratégica no es poca cosa cuando se ha heredado una forma de trabajo sectorial, autocentrada, aislada y burocratizada que permitió la deformación de un ministerio que prácticamente se ha limitado a otorgar permisos ambientales de forma burocrática, sin participación ciudadana y con muy poca transparencia. A pesar de esto, hay puntos a favor del MARN y es que cuenta con recurso humano calificado, que se ha nutrido con discursos globales y regionales más interdisciplinarios y abiertos a la participación ciudadana en el manejo de los recursos naturales.

A pesar de la tímida presencia de MARN en la escena pública, la puesta en marcha de la Visión Estratégica revela un cambio en la forma de pensar la gestión ambiental, lo que en sí mismo es un logro respecto a otras áreas de acción estatal, que a esta alturas aun no han conseguido explicitar paradigmas alternativos para temas críticos como la gestión macroeconómica o el combate a la delincuencia y más bien parecen arrastrados por una deslucida inercia.

El documento oficial del MARN presenta nuevos paradigmas que estarían modificando la acción ambiental en nuestro país, entre estos: la idea de ciudadanía activa, la apuesta a la gobernanza territorial y el reconocimiento de los servicios ecosistémicos. El concepto de ciudadanía activa da un nuevo contenido a la participación ciudadana, que hasta ahora a sido ocasional y desarticulada, para dar lugar a ciudadanos que participan de forma continua y sostenida frente a los asuntos públicos, y no son simplemente “consultados” para justificar la realización de políticas y proyectos; la gobernanza territorial reconoce la capacidad ciudadana de organizarse alrededor de las realidades y preocupaciones que se presentan en cada territorio y negociar sus necesidades inmediatas e intereses estratégicos, con los objetivos nacionales, por ejemplo, es válido reconocer que es tan importante la necesidad de asegurar la reproducción de la vida familiar y local en un territorio como la necesidad nacional de construir una represa para responder a la demanda de energía. Y el marco de los servicios ecosistémicos que incorpora a los seres humanos como componente integral de los ecosistemas, reconoce la importancia de las áreas cultivadas, parques y otros ambientes creados por los humanos y que aportan beneficios como medicinas, alimentos, regulación de agua, protección del suelo etc. Al contrario de la visión tradicional que se ha traducido en privilegiar fondos para áreas protegidas cuidadas por organismos privados y aisladas de la población y sus territorios.

Con la promesa de esta nueva visión, la actuación del MARN hasta la fecha debe ser revisada pues hay vacíos que no deben pasarse por alto. Al nivel de la acción pública el MARN está siendo invisibilizado por lo que debe actuar de forma más proactiva en el abordaje de conflictos socio-ambientales. Es notoria la ausencia de una opinión contundente del MARN en el tema de la polémica reapertura de los botaderos a cielo abierto.

Por otra parte, hace falta que tenga una posición más visible frente a conflictos heredados, como la construcción de las represas El Chaparral y El Cimarrón, no simplemente para mediar sino para sentar precedente del compromiso de fortalecer la ciudadanía frente a los conflictos socio- ambientales. El MARN debe ser reconocido como una instancia que lidera y articula la gestión ambiental al nivel intersectorial. Se sabe que los titulares han ido al territorio, y han estado en el terreno de los actores que enfrentan los problemas pero hay que darlo a conocer a la opinión pública.

Hasta ahora no se ve el amarre con la agenda regional centroamericana de medio ambiente y particularmente con los procesos que ya han dado lugar a diversas estrategias regionales para agricultura y ambiente, cambio climático y desarrollo territorial rural. Estamos en un contexto regional carente de liderazgo político e institucional, con desencuentro de visiones sobre temas relevantes en materia ambiental, y esto no ha permitido consolidar una posición regional conjunta para la renovación del protocolo sobre cambio climático en Copenhague. A pesar de esto El Salvador vive un momento político privilegiado frente a la inestabilidad de países como Honduras, la debilidad del gobierno en Guatemala o incluso el fuerte cuestionamiento de la cooperación internacional al gobierno de Ortega en Nicaragua. Es el momento de marcar liderazgo y aprovechar que somos la sede del SICA y CCAD, fortaleciendo estas instituciones con los paradigmas propuestos en la Visión Estratégica 2009-2014.

Todo esto tiene que ver con la forma en cómo se visualiza el MARN en el contexto de un nuevo diseño de Estado, en donde los feudos institucionales deben desaparecer y dar paso a sistemas y susbistemas de gestión del desarrollo humano nacional, que se articulen en función de las grandes metas, por ejemplo, una política energética equitativa y sostenible demanda una alta gestión ambiental, pero también una apuesta macroeconómica clara, y una visión de desarrollo territorial. Hoy más que nunca tenemos condiciones para lograrlo.

 

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