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18-03-2015

Por una política industrial socio-ecológica común en Europa

Documento de trabajo promovido por la Fundación Transform a través de su grupo sobre política industrial y socio-ecológica y firmado por más de cuarenta de intelectuales, sindicalistas y políticos de la izquierda europea.


Crédito Fotografía: GOVBA (bajo licencia creative commons).

Europa sigue en “modo crisis”. Desde la gran crisis de 2007, un crecimiento económico renqueante viene ocasionando la pérdida de millones de puestos de trabajo, un incremento del endeudamiento público y privado, crecientes desigualdades en la distribución de la renta y el patrimonio en los Estados miembros y un aumento de las diferencias en el nivel de desarrollo de los Estados miembros. Entre tanto la crisis se ha extendido a los sistemas de partidos nacionales y al ámbito político: los partidos eurocríticos y nacionalistas ganan terreno. En Gran Bretaña la derecha populista que representa el UKIP aumenta la presión para que el país salga de la UE. Con la excepción de Alemania, los países de la zona euro se están quedando cada vez más rezagados en lo que se refiere a desarrollo industrial y crecimiento económico. Las disfunciones económicas en Europa y en la zona euro, así como el considerable riesgo de caer en una dinámica recesiva hacen peligrar cada vez más el proyecto de la Unión Europea. Las reformas estructurales de corte neoliberal –flexibilización de los mercados laborales y reducción creciente de los servicios sociales– no hacen sino impulsar las tendencias hacia el estancamiento y la agudización de los conflictos sociales. Y no ofrecen una respuesta a los acuciantes retos ecológicos.

Los Estados europeos han visto disminuir notablemente su participación en la generación de valor añadido industrial y en el comercio mundial. Ello repercute en las dramáticas tasas de desempleo registradas en el espacio económico y monetario europeo. La recomposición de fuerzas a nivel mundial en las cadenas de valor añadido se refleja asimismo en la pérdida de valor y calidad de las infraestructuras públicas y el stock de capital privado, así como en las carteras de inversiones directas. Las inversiones en el exterior se realizan para penetrar en mercados estratégicos, aunque el grueso de la actividad inversora total siga concentrándose en el interior. Es hora de activar los potenciales de desarrollo desaprovechados en el mercado interior europeo. A tal fin es necesario llevar a cabo un cambio político y romper radicalmente con las reformas estructurales de inspiración neoliberal.

Urge un cambio político orientado hacia las inversiones en infraestructuras, la producción sostenible y la creación de trabajo decente.

Sin embargo, la política europea no avanza. En el Consejo Europeo los jefes de gobierno de la UE se han cerrado en banda en el tema del presupuesto comunitario. Sobre todo Gran Bretaña se niega a que se incrementen los recursos para el presupuesto de 2015. Alemania a su vez se niega a que se deriven los miles de millones disponibles del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Con ello se restringe aún más la capacidad financiera para afrontar inversiones impostergables y combatir enérgicamente el desempleo masivo.

La Comisión Europea, por adversas que sean las circunstancias, tiene que pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos en lo tocante al aumento del crecimiento económico y el fortalecimiento de la industria. Lo que se impone es una reducción de las disparidades de renta y patrimonio, una nueva magnitud de la regulación. Por medio de inversiones públicas en el espacio económico europeo se podría reducir las desigualdades existentes e implementar nuevas estructuras económicas. Hay que superar la crisis en Europa de forma socio-ecológicamentesostenible. Para ello es preciso mejorar la inserción de todos los Estados miembros en la “red de producción europea” y ampliar las redes industriales de Europa, reorientándolas hacia nuevas líneas de desarrollo. Una política industrial a escala de la UE podría reducir los desequilibrios entre los Estados y regiones de la UE concentrando sus iniciativas en las áreas más débiles. La producción industrial de la UE se concentra en Alemania (30 por ciento) e Italia, Francia, España y Gran Bretaña, que juntas rondan el 40 por ciento. El 30 por ciento restante se lo reparten los otros 23 países de la UE.

La situación actual pone de manifiesto la incapacidad política de organizar un desarrollo económico que asegure la existencia de la mayor parte de las poblaciones por medio de un trabajo asalariado decente y transferencias sociales suficientes.

A diario vemos los estragos neoliberales: el desempleo en Europa bate un récord tras otro, en los países en crisis el desempleo juvenil priva a toda una generación de un futuro digno. Según los datos más recientes, en la Unión Europea hay 5,1 millones de personas menores de 25 años sin empleo. Las tasas más elevadas se registran en España (53,5 por ciento), Grecia (49,8 por ciento), Croacia (45,5 por ciento) e Italia (43,9 por ciento). Más de la cuarta parte de los europeos –125 millones– vive en la pobreza o está en riesgo de pobreza. Ni siquiera la mitad de las personas tiene un puesto de trabajo por tiempo indefinido y remunerado según convenio. La precariedad carcome las sociedades.

Ello se traduce en un creciente y fundado malestar social. Pero en la crisis crece la resistencia: En Grecia el éxito electoral de Syriza ha abierto la oportunidad de una renovación político-económica del país, pero asimismo de toda la eurozona.

La política que ha venido aplicando hasta la fecha la Troika, integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para hacer frente a la crisis no solo no ha resuelto los problemas sociales y económicos propagados sino que los ha agravado considerablemente por su orientación unilateral hacia la austeridad y la estabilidad monetaria.

La crisis de la deuda de los Estados afectados tiene causas económicas y políticas y no es resultado de una política estatal irresponsable en materia tributaria y de gasto público. Así lo acredita la evolución de los niveles de deuda pública, que a partir de 2008 se dispararon esencialmente como consecuencia de los rescates bancarios. Por consiguiente, la crisis de la deuda solo podrá resolverse mejorando los fundamentos económicos e impulsando un cambio de política sustancial. Para superar la crisis no bastará con recurrir exclusivamente a la política monetaria y financiera.

Las economías de los países de la UE asisten desde hace años a un proceso de desindustrialización que, en parte, se ha visto dramáticamente agravado por la crisis actual. No solo Grecia ha sufrido como consecuencia de ello el desmoronamiento de las cadenas de valor añadido industrial y la desaparición de industrias y redes de producción. La contracción de la industria transformadora reduce la base para la creación de valor añadido, destruye puestos de trabajo calificados y genera una creciente dependencia de las importaciones. Las promesas asociadas al crecimiento del sector terciario y la liberalización del sector financiero no se han cumplido.

Para romper esta fatídica tendencia reconocible desde hace algún tiempo, la política monetaria debe ir acompañada de una política financiera que fortalezca la demanda.

Es a partir de un refuerzo de las inversiones públicas y un fortalecimiento de la demanda agregada cuando se puede contar con una reactivación económica, y la política monetaria mantiene su eficacia. Como apoyo podría actuar asimismo una evolución salarial que a nivel de la zona euro empujara la tasa de inflación igualmente en dirección hacia el objetivo de estabilidad de precios. Con su política monetaria expansiva el Banco Central Europeo trata de contrarrestar una espiral descendente deflacionaria.

Mediante el fortalecimiento de la demanda agregada en toda Europa se puede lograr la transición hacia una política estructural socio-ecológica sostenible.

Europa necesita una renovación de su base industrial y una nueva división social del trabajo. En conjunción con las tecnologías avanzadas (industria 4.0) y cadenas de valor añadido con perspectivas de futuro debe implantarse en el continente un cambio estructural socio-ecológico que ponga fin al desempleo existente y facilite buenas condiciones de trabajo precisamente para las generaciones futuras. Este planteamiento se debate sobre todo en el sur de Europa bajo el lema de la reconstrucción y transformación productivas. En algunos casos se puede tomar como referencia tradiciones y estructuras económicas existentes.

Desde 2008 la producción industrial ha retrocedido en casi toda Europa, y ello ha ido acompañado de una mayor polarización. Con la excepción de Polonia, cuya industria transformadora creció en 2013 un 18 por ciento con respecto a 2008, los únicos países donde la producción industrial ha recuperado el nivel que tenía antes de la crisis son Alemania, Austria, los Países Bajos e Irlanda.

Ante este trasfondo la Comisión Europea ha establecido el objetivo de que la industria transformadora vuelva a representar el 20 por ciento de la creación de valor añadido de los Estados miembros. El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha presentado un programa de inversiones destinado a movilizar 315.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas de aquí a 2017 y contribuir así a la superación de la crisis. Los recursos procederán en su mayor parte del sector privado, si bien los criterios para los proyectos aún no están sobre la mesa. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), que ha propuesto a su vez un plan de reconstrucción europea, se muestra escéptica. Incluso en caso de reunirse el capital previsto, solo se compensaría el 40 por ciento del retroceso de las inversiones desde el inicio de la crisis. En consecuencia, la ETUC estima que es necesario invertir adicionalmente más del doble cada año, y no solo hasta 2017 sino hasta 2020.

La lista de los proyectos comunicados a Bruselas por los Estados miembros como merecedores de promoción causa escepticismo. Parece que a la hora de proceder a la selección de los proyectos no se han tomado en cuenta la dimensión ecológica y social ni la dimensión europea. Predominan de largo los egoísmos económicos y, ante todo, los egoísmos de los Estados nacionales. Nueve mil millones de euros para autopistas, tres mil millones de euros para el aeropuerto de Fráncfort, pero ningún dinero para los ferrocarriles y muy poco para la interconexión de medios de transporte.

Vistos los riesgos económicos y sociales, las iniciativas políticas de la Comisión Europea resultan del todo insuficientes. El Plan Juncker no aborda las causas de la débil actividad inversora ni inicia un cambio de rumbo de la política económica.

Lo que se necesita es una política de fomento activo de la re-industrialización y una política pública de inversiones que detenga y invierta el deterioro de las infraestructuras públicas que se registra en numerosos Estados de la UE. Con un volumen equivalente al dos por ciento del PIB de la UE, tal como lo proponen asimismo las federaciones sindicales europeas, se proporcionaría un impulso que permitiría superar el estancamiento del desarrollo económico.

Una nueva política industrial a nivel de la UE podría revertir las masivas privatizaciones de las décadas pasadas. Las nuevas actividades podrían generar directamente bienes públicos como el saber, calidad ambiental y de vida, integración social y cohesión territorial.

Una nueva política industrial a nivel de la UE puede convertirse en un instrumento central para abordar la transformación ecológica de Europa, que permite reducir el uso de recursos no renovables, desarrollar las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética, proteger los ecosistemas, los paisajes y la diversidad biológica, disminuir las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero así como la producción de residuos, extender el reciclado y contrarrestar las actuales estrategias de la agroindustria, inclusive la apropiación incontrolada de los derechos sobre la tierra y de los derechos de pesca. Es necesario combinar actuaciones públicas directas, las cuales han de incidir asimismo en la protección medioambiental, con una regulación adecuada de las actividades privadas, inclusive la tributación ambiental, incentivos positivos, la contratación pública y la organización de nuevos mercados.

Un paquete europeo de inversiones podría dar paso a un abandono de la política de austeridad en Europa. Este cambio de orientación significa salir gradualmente del estancamiento económico y empezar a reducir en la mayoría de los Estados miembros el enorme desempleo registrado.

Si la UE no inicia un cambio de rumbo claro hacia una política articuladora para fortalecer la industria y la actividad económica, se corre el riesgo de prolongar una evolución que hace peligrar la cohesión social, empeora progresivamente el prestigio de la UE y a la larga pone en entredicho su cohesión. La Unión Europea está obligada a acometer la crisis, una crisis que afecta a la Unión misma y a sus Estados miembros, de manera activa y en provecho de la mayoría de la población.

Los requisitos necesarios para una política industrial y económica progresista, cuyos criterios y prioridades deben ser objeto de un debate público, son:

1) el fin de la política de austeridad, la cual tiene consecuencias sociales desastrosas precisamente en aquellos países cuyas economías se han visto debilitadas y no aporta un enfoque para superar la crisis de la deuda, y

2) el fin de la política de privatizaciones, aplicada de forma especialmente radical en los países más golpeados por la crisis, la cual lleva aparejada una mayor destrucción de empleo y socava a largo plazo la capacidad de actuación del sector público.

Los elementos y objetivos esenciales de una política industrial europea de signo progresista deben ser:

- el fortalecimiento de la industria transformadora, a escala de toda la UE y no solo en los focos industriales tradicionales;

- la contención de las desigualdades entre los países europeos, incluidas las
balanzas comerciales. Esas desigualdades están en el origen de la crisis actual e impiden su superación;

- la democratización de la toma de decisiones a escala macroeconómica y microeconómica. Los actores implicados a nivel empresarial, regional y nacional deben tener una mayor participación que hasta ahora en la concepción e implementación de las iniciativas de la UE;

- la creación de nuevo empleo indefinido, que permita vivir de forma autónoma y sin pobreza;

- la revalorización del factor trabajo mediante ofertas de capacitación integral y permanente y posibilidades de empleo para la juventud, en muchos casos altamente calificada;

- la sostenibilidad ecológica, especialmente en el ámbito de la eficiencia energética y de los recursos;

- el desarrollo de programas de investigación y tecnologías (industria 4.0) que, independientemente de las exigencias de rentabilidad financiera, propicien una transformación productiva de Europa;

- la concesión de créditos y movilización de inversiones en favor de una reconstrucción productiva sostenible a escala europea, nacional y regional. 


En lugar de instalarse en el estancamiento, el desempleo y la falta de porvenir, sobre todo de los jóvenes, Europa tiene que recobrar la confianza de la ciudadanía.

Vea la lista de adhesiones en el documento adjunto.

 

 

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