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Información de Campañas | Construcción de paz y DDHH

06-03-2011

Bajo Aguán: Crónicas de la Misión Internacional en DDHH

Entre finales de febrero y primeros de marzo una Misión Internacional en Derechos Humanos recorrió el Bajo Aguán, Honduras, tomando testimonio de la situación de vulneración de los DDHH, Giorgio Trucchi, acompañó a esta delegación y realizó una serie de crónicas que reproducimos a continuación.


Crédito Fotografía: Asentamiento La Lempira (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

Del 25 de febero al 4 de marzo de 2011 una Misión Internacional formada por diversas organizaciones internacionales (Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH; Swiss Interchurch Aid – HEKS; Rel-UITA;Iniciativa de Copenhague para América Central y México – CIFCA;FIAN Internacional; Via Campesina Internacional;MS Dinamarca)y organizaciones de derechos humanos hondureñas, evaluó la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán (Honduras).

Giorgio Truchi, corresponsal de la Rel-UITA en Centroamérica y colaborador de Alba Sud, cubrió esta misión como parte del compromiso de la Rel-UITA con la defensa de los derechos humanos en Honduras.

Según explicó el mismo Giorgio Trucchi en una nota informativa de presentación de la misión el pasado 23 de febrero, “el proceso de despojo y concentración de tierras y la implementación de monocultivos, sobre todo de palma africana, han venido socavando el derecho a la seguridad alimentaria de miles de familias campesinas del Bajo Aguán, generando una grave situación de violencia y represión. De acuerdo con datos presentados por Rel-UITA y FIAN Internacional son 18 los activistas de comunidades campesinas asesinados en el 2010. Una situación altamente dramática que se enmarca en un contexto generalizado y sistemático de hostigamiento, represión y desalojo violento, contra las organizaciones campesinas que siguen exigiendo el acceso a la tierra y una reforma agraria integral.”

Citando a Claudia Pineda, miembro de FIAN Internacional en Honduras, la misión pretendía evaluar la situación de los derechos humanos en la zona, expresar apoyo y atención internacional a las organizaciones campesinas y sociales de la región y dar visibilidad a la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán ante la comunidad internacional. Además preveían realizar “un estudio específico del conflicto a la preparación del análisis preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Honduras, y llevar casos concretos de violación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."

A continuación presentamos las crónicas que realizó Giorgio Truchi durante su acompañamiento a la Misión Internacional, seguida de varias galerías fotográficas de las zonas visitadas disponibles en el Sitio Web de la Rel-UITA.

 

28/02/2011: Bajo Aguán: donde la vida no vale nada

Fotografía: Asentamiento La Lempira (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

 

Un escenario de preocupante ausencia de los más elementales derechos se abrió ante los miembros de la Misión Internacional, que también integra la Rel-UITA. El Bajo Aguán, al noreste del país, es tierra de palma africana, tierra de nadie.

Impunidad ante la violencia y los asesinatos sistemáticos y selectivos; acoso judicial, hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, y un total incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, ha sido el común denominador en las diferentes denuncias presentadas por las cientos de familias campesinas que en el Bajo Aguán luchan por el acceso a la tierra y una vida digna.

La Misión integrada por varias organizaciones nacionales e internacionales recorrió en estos primeros días los asentamientos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y se reunió con abogados de las víctimas y miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA).

La percepción de una violencia e impunidad generalizada y, al mismo tiempo, el espíritu reivindicativo de las personas que se acercaron para brindar sus testimonios, acompañó constantemente el trabajo realizado por los miembros de la Misión.

“Nos estamos enfrentando a situaciones muy difíciles. Firmamos acuerdos con el gobierno y no nos ha cumplido. No tenemos la propiedad de la tierra, estamos viviendo en champas de plástico y hay una gran cantidad de niñas y niños enfermos, muchos de ellos sin acceso a la educación”, dijo a Sirel, Ricardo Morales, miembro del asentamiento La Lempira.

“Somos más de 300 familias y estamos sembrando alimentos y cosechando la fruta de la palma africana para medio sobrevivir. Sufrimos una constante represión por parte de los guardias privados de Miguel Facussé. Ya después de las 6 de la tarde no podemos movilizarnos porque estamos cercados. Nos amenazan, nos apuntan con sus armas y hacen disparos para atemorizarnos. No es posible que una sola persona sea propietaria de toda esta tierra y a nosotros se nos quiera negar el derecho de trabajar y vivir dignamente”, aseveró Morales.

En las palabras de las personas es recurrente el recuerdo de las amenazas, la persecución y los asesinatos. Margarita Méndez Ramírez narra con lágrimas el momento donde un sicario asesinó a su marido, José Leonel Guerra, miembro del MUCA, ante la mirada atónita de sus hijas.


“Se levantó para ir donde su mamá y al salir a la calle pasó un hombre con una moto y le disparó. Lo mataron delante de nuestras hijas. Miraron todo. Yo corrí pero no pude hacer nada. Nuestra cuarta hija tenía pocos días de haber nacido. Presentamos la denuncia a la Fiscalía, pero nadie le dio seguimiento al caso para que el culpable pagara por ese crimen. En este país no se puede confiar en la justicia”, dijo Méndez Ramírez.

Impunidad y acoso judicial

Según el abogado que está dando seguimiento a los innumerables casos judiciales contra los miembros del movimiento campesino, en el Bajo Aguán existe una clara situación de impunidad y acoso judicial, y un permanente estado de indefensión.

“Se ha criminalizado la lucha campesina. Nosotros hemos logrado excarcelar a 80 compañeros, sin embargo hay personas que tienen hasta siete juicios y actualmente son 162 los campesinos procesados en la zona a partir de enero de 2010”.

El abogado, quien prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad personal, consideró también que la Fiscalía ha jugado un papel de “punta de lanza” de los terratenientes, convirtiéndose en el apoderado de los productores palmeros.

“Sobre todo en la ciudad de Trujillo son fiscales extremadamente agresivos, inquisidores, que quieren violentar, a como dé lugar, la defensa de los campesinos. Aquí el poder judicial y la fiscalía están jugando un papel de criminalización de la protesta social, son instrumentos en manos de los agroindustriales”, concluyó el abogado.

Al finalizar esta nota, se nos informó que Matias Valle, directivo del MUCA, había sido encarcelado en la Penitenciaria Central de Támara por posesión ilegal de arma.

 

01/03/2011: Odio contra los campesinos en el Bajo Aguán

Fotografía: La Misión Internacional en la Comunidad Guadalupe Corney (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

 

Un reciente informe presentado por el MUCA a la Misión Internacional que está evaluando la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, evidencia un preocupante avance de la violencia contra las organizaciones campesinas y las familias que las integran. Decenas de asesinatos, agresiones, secuestros e intimidaciones demuestran un odio profundo de la oligarquía productora de palma africana en contra de este sector social organizado.

“Decidimos elaborar el informe ‘Bajo Aguán: masacre, luto y dolor’, para demostrar, a nivel nacional e internacional, la sistemática violación de los derechos humanos que existe en la zona”, dijo a Sirel un directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), quien prefirió mantener el anonimato.

De acuerdo con el informe serían 18 los campesinos miembros del MUCA y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) asesinados durante el último año. También se detalla la creciente ola de secuestros, detenciones ilegales, persecuciones y personas heridas.

“No ha sido fácil elaborar ese documento, pero creemos que va a ser muy importante para el trabajo que está realizando la Misión. También estamos señalando la responsabilidad de los terratenientes y productores palmeros de la zona en estos delitos. Son ellos quienes nos reprimen a través de sus guardias privadas y sicarios, coludidos con la Policía y el Ejército”, denunció el dirigente campesino del MUCA.

Según las organizaciones campesinas, existe una verdadera ofensiva de estos sectores pudientes para mantener la hegemonía de las tierras y seguir impulsando el monocultivo de la palma africana. El campesinado es un estorbo para sus planes.

“Necesitamos recuperar las tierras que nos fueron usurpadas y los terratenientes responden con odio y más violación a los derechos humanos. Pero no se dan cuenta de que lo que están logrando es el surgimiento de más organización y lucha”, dijo Adolfo Cruz, directivo del MCA, durante la visita realizada por la Misión Internacional a la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo.

Según Cruz, la masacre de los cinco miembros del MCA el pasado 15 de noviembre no fue casual, sino parte de una estrategia de terror impulsada por los terratenientes, coludidos con los cuerpos represivos del Estado.

“Nos asesinaron a cinco compañeros que han dejado viudas y huérfanos. Nos han cercado, amenazado y asesinado. Nos han tendido un cerco mediático criminalizando nuestra lucha. Han provocado graves daños a nuestra economía para obligarnos a arrodillarnos, pero nunca han logrado desalojarnos de nuestras tierras.

Lleven esta información al mundo -continuó el dirigente del MCA- porque estamos seriamente preocupados por lo que está ocurriendo en el Bajo Aguán. Lanzamos un grito al cielo para que se nos escuche”, concluyó.

Pese a la fuerte represión, las organizaciones campesinas reiteraron su compromiso de lucha. Además, condenaron la derogación del Decreto 18-2008, cuyo objetivo era solucionar el grave problema de la mora agraria y los graves conflictos que se han generado a raíz de la falta de acceso a la tierra.

Finalmente, exigieron al gobierno de Porfirio Lobo y a las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), el respeto de los acuerdos firmados y la legalización y distribución de las tierras que fueron adjudicadas para fines de reforma agraria.

“Hemos venido creciendo y concientizándonos. La muerte de cada uno de nuestros compañeros nos da más fuerza para seguir luchando. Sabemos que en cualquier momento podemos caer, pero es un riesgo que debemos correr si queremos que en el Bajo Aguán y en todo el país haya un verdadero cambio.

La presencia de esta Misión es importante -consideró el dirigente del MUCA-, porque nos va a dar una mayor credibilidad a nivel internacional y nos ayudará a romper el cerco mediático de los medios controlados por los golpistas. Es intolerable lo que nos están haciendo, y ahora, más que nunca, necesitamos que el mundo sepa y condene esta situación”, concluyó.

 

01/03/2011: Misión Internacional de Derechos Humanos se reúne con el SITRAIN

Fotografía: La Misión Internacional reunida con el el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

 

La Misión Internacional se reunió con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), afiliado a la UITA, para recibir la denuncia de esta organización acerca de la situación de hostigamiento y violación de los derechos laborales y sindicales por parte de la patronal.

Además, los directivos del SITRAINA informaron sobre la grave situación de represión que vivieron en los meses pasados, a raíz de la intervención y militarización de la institución, con el supuesto objetivo de detectar la presencia de armas y de irregularidades administrativas, lo cual nunca se pudo comprobar.

La Misión Internacional acordó también un encuentro con las autoridades del INA para escuchar ambas partes, sin embargo, el jefe regional del INA en Colón no asistió a la cita programada.

 

02/03/2010: El derecho a la tierra es derecho a la vida

Fotografía: La Misión Internacional reunida con el Movimiento de Mujeres 10 de Junio, municipio de Esparta, Atlántida (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

 

El pasado 14 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) derogó el Decreto 18-2008. Con esa conquista, las organizaciones campesinas habían logrado echar a andar una posible solución para el delicado tema de la “mora agraria” (asentamientos campesinos que ocupan tierras bajo precariedad legal). Su derogación, fuertemente impulsada por los latifundistas, podría agravar el conflicto agrario en el país.

De acuerdo con el informe “Reforma Agraria y Conflicto Agrario en el Bajo Aguán”, elaborado por el director ejecutivo de FIAN Internacional en Honduras, Gilberto Ríos, casi la mitad de la población rural hondureña vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios, y cerca del 25 por ciento con menos de 25 centavos de dólar. En este sentido, si utilizamos como línea de pobreza el costo de la canasta básica, en el área rural se obtiene que "2,8 millones de hondureños del sector viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural”, expresa el informe de Ríos.

La lucha reivindicativa campesina para el derecho al acceso a la tierra y a una vida digna logró un primer avance con la aprobación del Decreto 18-2008, con el que se comenzó a resolver los conflictos generados por la “Mora Agraria”.

La decisión de la CSJ evidencia la falta de interés en encontrar una salida a la grave problemática que se vive en la zona rural de Honduras, y que está provocando una profundización de los conflictos.

Como ha podido constatar la Misión Internacional -que en estos días está evaluando la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán- los conflictos agrarios han dejado un preocupante saldo de muertos, heridos y perseguidos.

“La derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución de la problemática agraria hondureña al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la superación de la pobreza. Además -continúa Ríos en su informe-, incentiva las tomas de tierra como única salida a la inexistencia de políticas públicas que cumplan con el mandato constitucional y los convenios internacionales, especialmente cuando se trata de los derechos económicos, sociales y culturales, que hablan de aspectos tan básicos para la dignidad humana”.

Acción y reacción

“Ante esta injusta decisión de la CSJ, las organizaciones campesinas reaccionamos con movilizaciones y tomas de carreteras. Estamos avisándole al régimen de facto de Porfirio Lobo que no estamos de acuerdo con esta decisión y que la protesta se va a intensificar”, dijo a la Misión Internacional el directivo de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Santos Cruz.

Según Cruz, esta decisión ya ha provocado varios desalojos violentos y hay miles de personas que están quedando sin respaldo legal, sobre tierras que están en su posesión desde hace décadas.

“La gente está hastiada y no está dispuesta a dejar que la desalojen de sus tierras. Habrá tomas de carreteras en el Bajo Aguán y en todo el país, y la situación puede volverse muy difícil. Si la ley ya no nos ampara, vamos a defender lo que es nuestro, cueste lo que cueste. Aquí no se trata solamente del Decreto -continuó Cruz-, sino de una situación insostenible que vivimos los campesinos y de nuestro derecho a la tierra.

Los terratenientes y productores palmeros están encendiendo el fuego. Es muy probable que en los próximos meses haya movilizaciones y tomas de tierras en todo el país”, concluyó el directivo de la CNTC.

 

03/03/2011: Silencio Sepulcral de la Comunidad Internacional

Fotografía: La Misión Internacional reunida con el G16 (COFADEH). De manera inexplicable al corresponsal de la Rel-UITA, Giorgio Trucchi, no se le permitió ingresar su equipo fotográfico a la reunión, violando su derecho a la libre información.

La Misión Internacional se reunió con el G16* para compartir las primeras conclusiones surgidas en la visita de campo efectuada recientemente. También se propuso conocer cómo valora este Grupo la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán y en el país, qué está haciendo sobre ese tema y cómo la Unión Europea (UE) aplica las directrices comunitarias destinadas a proteger a los defensores de los derechos humanos.

Las organizaciones que integran la Misión Internacional de derechos humanos actualmente presente en Honduras se declaran “atónitas” ante el silencio sepulcral de los países y organismos multilaterales que conforman el G16.

Pese a las documentadas denuncias presentadas acerca de las graves violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán, la reacción del cuerpo diplomático y de los organismos multilaterales en Honduras no solamente fue nula, sino que dejó entrever una preocupante indiferencia.

“En el Bajo Aguán pudimos constatar una sistemática violación de los derechos más elementales, con consecuencias sobre las personas que son preocupantes e indignantes”, señaló el coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional, Martín Wopold Bosien.

Según Wopold, la Misión detectó un proceso acentuado de “criminalización de la lucha campesina”, el total incumplimiento de los acuerdos firmados por Porfirio Lobo con las organizaciones de la zona y “ningún tipo de esclarecimiento de los 18 asesinatos ocurridos en 2010”.

Como contracara, señaló la paradójica rapidez judicial para actuar contra los campesinos, donde se reportan más de 200 juicios en su contra.

“Hemos constatado la falta de seriedad de la Fiscalía y un descontento generalizado en la zona, lo cual podría desembocar en un peligroso aumento de la conflictividad.

Además -explicó el directivo de FIAN Internacional-, no se están aplicando los estándares internacionales en materia de desalojos. Son acciones violentas ejecutadas premeditadamente, sin respaldo legal, y representan clarísimas violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Estas graves denuncias fueron complementadas con datos presentados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) según la cual se han producido 274 casos de amenazas a defensores de derechos humanos y 96 asesinatos durante el mandato de Porfirio Lobo, 34 de los cuales están relacionados con conflictos agrarios.

El capítulo Honduras de FIAN Internacional pidió también a la representación diplomática de la Unión Europea tener acceso al informe elaborado a raíz de una visita de campo realizada por esta delegación en el Bajo Aguán, así como qué tipo de acciones se piensa emprender al respecto.

Sí, pero no

La respuesta del G16 ha sido insatisfactoria y contradictoria. “No tenemos una posición, pero sí una preocupación generalizada por lo que ocurre en el país, y se lo estamos expresando al gobierno de Honduras”, contestó Peter Versteeg, presidente pro-tempore del G-16.

La Misión pidió también conocer los criterios por los cuales se mantiene el financiamiento de la Unión Europea a instituciones del Estado vinculadas con la represión y el golpe de Estado, y el fundamento para la aprobación de programas del Banco Mundial que benefician a la Corporación Dinant, empresa controlada por el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé, principal responsable de la salvaje represión en el Bajo Aguán.

“¿Cuál es el mecanismo de control que utilizan para estar seguros de que ese dinero, desembolsado durante el golpe, no se use para la represión?”, preguntó Wopold Bosien.

Las respuestas evasivas de algunos de los miembros del G16 fueron interpretadas como una clara señal de la falta de compromiso de este organismo ante la grave situación que viven miles de familias campesinas del Bajo Aguán y de toda Honduras.

 

* Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo, que da seguimiento al proceso de reconstrucción y posteriormente al de transformación de Honduras después del huracán Mitch (1998), conformado por Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Suecia, Japón, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza, Banco Mundial, BCIE, BID, FMI, PNUD y la Unión Europea.

 

03/03/2011: Misión Internacional se reúne con Comisión de la Verdad

Fotografía: La Misión Internacional reunida con la Comisión de la Verdad (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

La Misión Internacional se reunió con la Comisión de Verdad (CdV) para conocer los avances realizados en estos meses, como anticipo de la presentación de su informe preliminar previsto para el próximo 28 de junio 2011, segundo aniversario del golpe de Estado.

Según los integrantes del equipo administrativo de la CdV, el programa de investigación tiene tres ejes:

El primero se propone una investigación para develar las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, durante y después del golpe de Estado del 29 de junio de 2009, intentando encontrar patrones y detectar las instituciones y personas físicas responsables de los hechos.

El segundo desarrolla una investigación jurídica para demostrar la participación de los poderes e instituciones del Estado en el golpe.

Finalmente, el tercero se plantea una investigación contextual para descubrir y mostrar las causas estructurales que originaron el golpe.

“Nosotros no nos preguntamos sí fue un golpe de Estado, sino cómo se planeó, cómo se ejecutó y quiénes fueron los responsables”, dijo Mariana Ríos, coordinadora de la investigación de la CdV.

Los testimonios serán recogidos en las oficinas de la CdV en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y por medio de jornadas itinerantes en todo el país. Ante las fuertes presiones que se originarán con el avance de las investigaciones, se elaborará un marco de seguridad para las víctimas que aporten sus relatos.

A ese propósito, los miembros de la CdV denunciaron ante la Misión Internacional repetidos episodios de persecución y hostigamiento de los que fueron víctimas, así como ataques cibernéticos a sus bases de datos.

Ante una previsible escalada represiva, la CdV pidió a la Misión el mayor respaldo posible y la presencia de acompañantes internacionales durante las jornadas itinerantes para recopilar los testimonios.

La presentación del informe final está prevista para octubre de 2011.

 

04/03/2011: "Sigo en la indefensión y denuncio las responsabilidades del Estado y de los empresarios palmeros”. Entrevista con Juan Chinchilla dos meses después de su secuestro.

Fotografía: La Misión Internacional con Juan Chinchilla, en algún lugar de Honduras (Rel-UITA – Giorgio Trucchi).

 

La investigación realizada por la Misión Internacional de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, evidenció un estado de total indefensión de las familias campesinas, cuyos derechos son sistemáticamente violados en medio de una creciente impunidad. La historia de Juan Chinchilla es un claro ejemplo de esta trágica situación.

Juan Chinchilla, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) e integrante del Comité Ejecutivo provisional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), fue secuestrado el pasado 8 de enero por grupos paramilitares y efectivos de las fuerzas de seguridad pública.

Golpeado y torturado, finalmente logró escapar de sus captores. Después de dos meses de su secuestro, Chinchilla sigue viviendo en semiclandestinidad.

Aceptó conversar con Sirel para denunciar a nivel internacional el estado de indefensión en que se encuentra, y su firme propósito de no abandonar la lucha.

Han pasado dos meses de tu secuestro. ¿Sientes que tu vida aún está en peligro?

Las amenazas son constantes. Envían mensajes por celular advirtiéndoles a mis amigos que preparen las bolsas porque me van a recoger en pedazos. Vigilan la casa de mis padres y el asentamiento en donde vivo con mi familia. Hace pocos días, desconocidos hicieron disparos contra el vehículo en que me transportaba. Es evidente que me están vigilando y que conocen mis movimientos. Siento que mi vida aún está en peligro.

¿Cómo estás logrando llevar adelante tu vida en medio de esta persecución?

Sé que con mis compañeros estamos en medio de una lucha y que en cualquier momento podemos ser asesinados. Estoy tomando medidas de seguridad para no ser un blanco fácil.

¿Por qué crees que se está dando este tipo de persecución contra tu persona?

Soy parte del MUCA y de la Resistencia, cuyos objetivos son cambiar y refundar este país para tener una vida digna. Todo eso choca con los intereses de los sectores empresariales del Valle del Aguán, que están coordinados con los cuerpos represores del Estado.

Hasta hemos visto helicópteros de Estados Unidos sobrevolando la zona y no hay dudas que en el país hay cuerpos paramilitares extranjeros que asesoran las operaciones represivas.

También, el FNRP no reconoce el régimen de Porfirio Lobo, rechaza las medidas antipopulares que está adoptando, y desde ya estamos desconociendo las elecciones del 2013.

Siguen reprimiendo y asesinando al pueblo, y quieren descalificar y criminalizar nuestra lucha diciendo que tenemos armas. Las solas armas que hay en el Bajo Aguán son las que tienen los guardas de seguridad de los productores palmeros y los agentes extranjeros.

La Misión Internacional constató la sistemática violación de derechos humanos y la impunidad que rige en la zona. ¿Crees que valió la pena arriesgar tu vida por esa lucha?

Estoy consciente de lo que hago y he dicho que si me toca dar la vida lo voy a hacer. Sé que en el Valle del Aguán hay una gran cantidad de familias que no tienen tierra y que en Honduras más del 75 por ciento de la gente vive en extrema pobreza. Han militarizado la zona, han reprimido y asesinado. Nuestra lucha es para cambiar esta situación. Arriesgar mi vida para este objetivo es para mí un orgullo.

¿Qué importancia tiene para esa lucha la solidaridad internacional y la presencia de esta Misión?

Es muy importante y agradezco este esfuerzo porque nos ayuda a dar a conocer a nivel mundial lo que está pasando. Esta Misión nos anima a seguir luchando, pues está con nosotros y con el pueblo.

También hago un llamado a nivel internacional para que no se siga financiando a este régimen, ni a las empresas que están involucradas en la represión.



Galerías fotográficas de Giorgio Trucchi publicadas en la Web de la Rel-UITA:

-         Galería fotográfica del asentamiento La Lempira

-         Galería fotográfica del asentamiento La Aurora

-         Galería fotográfica de la comunidad Guadalupe Carmey

-         Galería fotográfica del encuentro de la Misión internacional de DDHH con el Movimiento de Mujeres "10 de Junio" en Esparta, Atlántida.

 

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