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#TourismPostCOVID19 | Turismo Responsable | Centroamérica

31-08-2020

Políticas de reactivación del turismo en Centroamérica: ¿volverá el viejo modelo?

Angélica Duarte | Alba Sud

La pandemia de la COVID-19 ha trastocado las bases del turismo en Centroamérica. Ante esta situación aumentan las voces de quienes reclaman políticas de reactivación. El artículo brinda un panorama regional de las distintas iniciativas en curso. 


Crédito Fotografía: Aeropuerto San José. Imagen de Pablo Contreras bajo licencia creative commons.

La pandemia de la COVID-19 puso en jaque el modelo de turismo que se venía gestando en Centroamérica desde principios de los años 90. Una industria en constante crecimiento que hoy se enfrenta a su peor crisis en la historia. La pérdida de miles de empleos, el cierre de empresas, el bloqueo de fronteras, es decir, la incertidumbre, han puesto sobre el debate público la forma de concebir la actividad turística. Hoy se habla de reactivación y recuperación, ¿pero volverá el viejo modelo ante estos escenarios inciertos?

Panorama sanitario y económico en la región

El año 2020 será recordado sin duda como uno de los más complejos y catastróficos del siglo XXI. La pandemia del COVID19 ha dejado a lo largo y ancho del planeta más de 770,000 personas fallecidas (a mediados de agosto), cifras históricas de desempleo y una crisis económica global sin precedentes. Por otro lado, las consecuencias de esta pandemia no se han vivido por igual en todas partes del mundo, ya que la desigualdad sigue a la orden del día y amenaza con profundizar aún más en los tiempos que se avecinan.

La región centroamericana es una de esas regiones del mundo donde la vulnerabilidad económica se encuentra con una frágil institucionalidad política. El panorama para las empresas, los trabajadores y las actividades económicas en general es incierto y desalentador. Los efectos del COVID19 van a implicar para la región un decrecimiento importante al menos por los próximos dos años, unas tasas de desempleo importantes y unas políticas de reactivación económica aún impredecibles y bastante dispersas.

El turismo es una de las actividades que se ha visto más impactada en los últimos meses con el cierre de fronteras, aeropuertos y otras restricciones que han implicado la ausencia total de turistas. En el caso de Centroamérica, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas, de generación de empleo y de inversiones extranjeras. El peso de esta actividad en relación al Producto Interno Bruto (PIB) también ha sido importante y ha estado en constante crecimiento. Sin embargo, las consecuencias del COVID19 parecen haber puesto en entredicho este modelo de turismo.

La situación en la región centroamericana es incierta, ya que las restricciones sanitarias continúan en la mayoría de los países. Hasta el día de hoy la curva de contagios por COVID19 sigue en aumento en la mayoría de los países. Según las cifras recopiladas por el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres para América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) facilitadas por las autoridades sanitarias de cada país, la región lleva un acumulado a 13 de agosto de 322,737 casos positivos y 7,939 personas fallecidas.

En la más reciente reunión virtual extraordinaria de Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericano(SICA) realizada el 12 de marzo pasado, se plantearon una serie de medidas de contingencia frente al coronavirus en un intento de armonizar las políticas sanitarias frente al virus. De esta reunión se publicó un Plan de Contingencia Regional que sigue vigente hasta la fecha y que contempla las siguientes medidas:

  • Negociación conjunta para la compra de medicinas e insumos médicos.
  • Corredor humanitario centroamericano.
  • Obtención de fondos por más de U$1,900 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
  • Compra de más de 180,000 kits de pruebas COVID-19 para los países miembros del SICA.
  • Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria.
  • Estudio de Impacto Económico Regional.
  • Generación de un Sistema de Indicadores Económicos Regionales.

Estas medidas desde luego se deben contrastar con el contexto particular de cada país, puesto que la gestión de las mismas a lo interno ha sido muy diferente. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, los datos en tiempo real sobre la situación sanitaria han sido bastante cuestionados, incluso por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Así mismo, en días recientes el gobierno de Nicaragua anunció que el Ministerio de Salud estaría aplicando pruebas de COVID-19 a las personas que necesitan viajar fuera del país a un costo de U$150. De igual manera, a todos los que desearan ingresar al país se les iba requerir la prueba negativa de COVID-19 para autorizar su ingreso.

Por otro lado, estas nuevas medidas han generado recientemente una crisis humanitaria en algunas fronteras terrestres de Nicaragua, debido a que cientos de nicaragüenses han decidido regresar al país, empujados por la pérdida de empleos y la difícil situación que están enfrentando, especialmente en el país vecino, Costa Rica. Durante semanas permanecieron en la frontera sur de Nicaragua alrededor de 600 a los que se les impidió el ingreso al país debido a que no contaban con la prueba negativa de COVID19.

En el mes de Mayo también se suscitó una crisis en el comercio regional por la negativa de Costa Rica de dejar ingresar a transportistas de cargas centroamericanos que resultaron positivos a COVID19. Esta medida unilateral provocó el cierre de fronteras con Nicaragua y afectó durante semanas el comercio intrarregional. Finalmente, por medio de una negociación en el Comité Consultivo de la Integración Económica del SICA se resolvió esta situación y se reanudaron los viajes comerciales terrestres. Estas situaciones revelan que al final cada país ha decidido situar primero sus intereses políticos y económicos por encima de las estrategias de coordinación regional.

Mientras tanto, el panorama económico para la región centroamericana tampoco es alentador. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) el pasado 30 de abril publicó el informe Estimación del Impacto Económico del COVID19 en Centroamérica y República Dominicana. En el documento se hace un análisis prospectivo de los principales indicadores económicos en la región, tomando en cuenta las medidas de contingencia frente al coronavirus que han paralizado exportaciones, turismo, consumo, movilidad, entre otros elementos fundamentales de la economía de un país.

Uno de los principales indicadores es el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que en el caso de Centroamérica este informe estimaba para marzo del -2,9% para y abril de -6.9%. En este sentido, el impacto del decrecimiento económico también se refleja en la reducción considerable de las remesas para algunos países de la región. Este es un indicador importante tomando en cuenta que las remesas representan la fuente de ingreso principal para millones de hogares y una de las principales fuentes de divisas para los Estados.

Gráfico 1. Proyección de crecimiento económico para la región SICA. Variación anual del PIB (%) 2020-2021

Fuente: Estimación del Impacto Económico del COVID19 en Centroamérica y República Dominicana.

Gráfico 2. Resumen de proyecciones de las variables endógenas del modelo de pronóstico

Fuente: Estimación del Impacto Económico del COVID19 en Centroamérica y República Dominicana

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió un Informe Especial COVID19, actualizando sus proyecciones económicas para la región. Como parte de sus hallazgos reportaba que: “La reducción de la demanda de servicios turísticos se ha dado en todas las subregiones de América Latina y el Caribe. Si se compara el primer cuatrimestre de 2020 con el mismo período de 2019, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 35% en América del Sur, un 39% en el Caribe y un 35% en Centroamérica.” Por otro lado, “el mayor impacto se produce en servicios como el turismo, la aviación, los alojamientos, los restaurantes, el entretenimiento y el comercio, con excepción de los supermercados, las farmacias y otros servicios declarados como esenciales según el país de que se trate.”

De este modo, las proyecciones actualizadas de la CEPAL para América Latina en términos de caída del PIB son aún más pesimistas. Sobre la base de “estimaciones de los efectos de los procesos en curso, la CEPAL proyecta, para el conjunto de la región, una caída promedio del PIB del 9,1% en 2020, con disminuciones del 9,4% en América del Sur, el 8,4% en Centroamérica y México, y el 7,9% en el Caribe.”

Ante ese escenario, el SICA ha estado muy activo últimamente en la articulación de estrategias regionales destinadas a la reactivación del turismo y de la economía regional en general, sin embargo, siguen siendo proyecciones puesto que la mayor parte de los países, aún continúan en cuarentena y con medidas restrictivas.

Políticas de reactivación turística en Centroamérica

Como se ha visto, la abrupta caída del turismo en Centroamérica ha significado pérdidas históricas en divisas y empleos para todos los Estados. Sin embargo, la naturaleza de este nuevo Coronavirus también ha planteado desafíos nunca antes vistos en una industria que se nutre de los viajes y de la interacción humana. Por eso, cuando se piensa en la reactivación del turismo inevitablemente también emergen discusiones sobre las nuevas medidas que deben regir esta actividad, si es que quiere recuperarse en el corto plazo.

En este sentido, en la última reunión del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) Nicaragua asumió la presidencia pro témpore de este organismo, así como de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA). En este encuentro se analizó la situación actual de la industria y las políticas de recuperación que se están considerando para un escenario post pandemia. Estas medidas se coordinan también en conjunto con la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA).

Las medidas que ya se están planteando desde estos organismos regionales tienen que ver con la creación de un sello de calidad y sostenibilidad turística. Esto apuntaría a posicionar a Centroamérica como una región segura o “CovidFree”, que permite que los turistas se sientan seguros al momento de viajar. Para cumplir con estas medidas, las empresas tendrán que invertir en protocolos de bioseguridad para poder ser aptas de recibir esta certificación regional.

Por otro lado, también se hace énfasis en que la región centroamericana es el segundo mercado más importante para la región misma, por lo que la apuesta por el turismo de proximidad, sobre todo en términos regionales, sería uno de los objetivos en el corto plazo. Ante estos planteamientos, se han posicionado las cámaras empresariales y los ministerios de turismo de los diferentes países. Aunque pareciera haber un consenso alrededor de algunas de las medidas, el impacto de la pandemia ha sido de distinta intensidad en cada país, por lo que la velocidad o adaptabilidad de estas nuevas políticas turísticas, estaría por verse.

¿Cuál es la posición de las cámaras empresariales centroamericanas?

En Nicaragua las perspectivas de recuperación del sector turismo resultan más desalentadoras que en el resto de la región. Desde el 2018 con la crisis sociopolítica, el país viene sufriendo una profunda recesión que ha desplomado la llegada de turistas extranjeros y por lo tanto los ingresos de divisas. La pandemia del Coronavirus solamente agrava aún más la situación delicada en la que se encuentra esta industria.

La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) hace algunos meses lanzó un comunicado proponiendo al Gobierno una serie de medidas para aliviar la compleja situación por la que pasan las empresas turísticas del país. Entre las medidas que propusieron estaban la de bajar montos y suspender por seis meses las cotizaciones al seguro social, aceptar la suspensión temporal de contratos, modificar jornadas laborales, suspender el pago de energía eléctrica por cinco meses, suspender el pago de impuestos sobre la renta, entre otros. La respuesta del gobierno nunca fue recibida por lo que ninguna de estas medidas fue efectivamente implementada.

Respecto a las políticas de reactivación turística, una de las principales preocupaciones de las cámaras de turismo en Nicaragua tiene que ver con los protocolos anunciados por el gobierno en la reapertura del aeropuerto de Managua. Las exigencias del Gobierno hacia las aerolíneas implican que éstas reciban las pruebas negativas de COVID19 de los pasajeros con 72 horas de anticipación. Así mismo, esta exigencia también aplica para los tripulantes, quienes también deben presentar en ese plazo una prueba negativa de Coronavirus, aun cuando estén solamente de tránsito en el país.

Según Lucy Valenti, presidenta de CANATUR, estas exigencias, tanto a las aerolíneas comerciales como a los vuelos chárter, podrían ser una razón de fuerza por lo que las compañías áreas aún no deciden reanudar sus vuelos hacia y desde Nicaragua. En este sentido afirmó: “No es que no quieran cumplir, es que no pueden cumplir con esos requisitos y si no flexibilizan, no consultan, no consensuan con los homólogos de la región, va a ser muy difícil que las líneas áreas empiecen operaciones en Nicaragua”.

El Gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), presentó algunas medidas orientadas a la reactivación del turismo en el país. Según Anasha Campbell, codirectora del INTUR, en el corto plazo se va a apostar al turismo nacional: “Es decir, el turismo que hacemos los mismos nicaragüenses que nos movilizamos hacia los diferentes destinos y atractivos turísticos de nuestro país. Eso va a ser todo este año 2020 y el primer semestre del 2021” anunció. De tal modo que, en el mediano plazo, “estaremos enfocados en turismo regional, que es la región Centroamericana, principalmente que siempre ha sido además nuestro principal mercado, entre el 67 y 70% de los turistas que llegan a Nicaragua son de la región Centroamericana. En este sentido, la idea es que esto se concrete en el segundo semestre de 2021 y en todo el año 2022.

En el largo plazo, es decir, durante los años 2023 a 2025, se prevé una recuperación del turismo internacional, aunque con algunas puntualizaciones que ya se están analizando desde el INTUR: “Lo que sí a nivel internacional manejan todos los expertos en turismo y lo que nosotros hemos también visto, es que las tendencias cuando se reactiva la industria turística, es que las personas van a ser vuelos más cortos a destinos más próximos. Primero dentro de tu país y luego lo que te queda mucho más cerca, lo que llaman los vuelos de proximidad o el turismo de proximidad”, según apunta la codirectora del instituto.

En el caso de Costa Rica, el gremio empresarial se ha reunido con el Gobierno para coordinar las medidas de reactivación del sector. Como parte de esta “nueva normalidad”, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), representante del sector empresarial más fuerte, pidió al Gobierno que permitiera más servicios turísticos para lograr una mayor reactivación económica. Con estas demandas se buscaba paliar la abrupta caída que ha registrado esta industria que representa el 6.3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha dejado pérdidas al sector por más de 2,500 millones de dólares según datos de Cámara Nacional de Hoteles y Consejeros Económicos y Financiero S. A. (CEFSA).

Así mismo, el pasado 5 de junio el empresariado costarricense envió una propuesta al presidente del gobierno, Carlos Alvarado, que denominaron “Pacto por el Empleo”. El sociólogo Arturo Silva, reseñó así esta propuesta en un artículo para Alba Sud: “El texto recoge 113 acciones que el empresariado considera vitales para reactivar la economía en un plazo de dos años. El documento está firmado por 48 asociaciones, cámaras y federaciones de nueve sectores económicos: agropecuario, comercio, comercio exterior, construcción, financiero, industrial, tecnología e innovación, transportes y turismo […] En realidad, los 12 temas transversales sintetizan las reformas estructurales que la UCCAEP ha demandado en la historia reciente y se puede resumir en: reducción de cargas fiscales y sociales; cierre de instituciones públicas y recorte de personal estatal; participación en la redacción de política pública junto a promoción de alianzas público-privadas; flexibilizar legislación laboral y ambiental; y represión al delito común y el contrabando.”

La apuesta del sector privado turístico en Costa Rica abarca nuevas posibilidades que contrastan con el perfil del turista tradicional que visitaba el país. Por ejemplo, una de las opciones actuales en el contexto del coronavirus es la de integrarse a la oferta los llamados “Travel Bubbles”. Este concepto pretende atraer turistas que se quieran alejar de las zonas de mayor incidencia del COVID19. Esto implica posicionar a las empresas turísticas del país en el manejo de los protocolos de sanidad y bioseguridad para generar factores diferenciadores respecto a sus competidores.

Otro de los objetivos para el turismo Post Covid19 en Costa Rica apunta al llamado “Turismo Ejecutivo” o de alto consumo. Este modelo implica la atracción de ejecutivos, empresarios, artistas y pensionados de nivel medio y alto, mediante la oferta de servicios médicos, turismo de bienestar y hasta teletrabajo. En este sentido, los presidentes de la CANATUR, Rubén Acón, y de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), Javier Pacheco, explicaron, que "hay una creciente tendencia de este tipo de visitante para retirarse, por periodos largos, a lugares tranquilos, pero con excelentes servicios, para no dejar de lado sus labores diarias".

Tal parece que el gremio empresarial en Costa Rica ya asume que la baja afluencia de turistas extranjeros será una preocupación de mediano y largo plazo, por lo que apuestan por el turismo de nicho y de alto consumo. Una situación que contrasta con la visión del SICA a nivel regional que trata de impulsar el turismo de proximidad entre los países de Centroamérica.

Por su parte, el Gobierno de Costa Rica ha anunciado que va a priorizar la recuperación del turismo alrededor de tres ejes fundamentales. Según el presidente Carlos Alvarado: “Las acciones inmediatas que el nuevo ministro desplegará son la apertura de vuelos internacionales de manera gradual y segura; la implementación de herramientas para aliviar los problemas financieros de las empresas del sector, y acciones de reactivación económica, siempre con un alto estándar de seguridad sanitaria en diálogo constante con las autoridades de salud.” En este sentido, cabe mencionar que en Costa Rica se ha instalado una mesa de diálogo entre el Gobierno y el gremio empresarial del turismo para coordinar estas estrategias de manera conjunta.

En El Salvador, las pérdidas del sector turístico están estimadas en unos  U$1,100 millones de dólares, es decir, una reducción de un 70% a 80 % respecto al año 2019. Actualmente el Gobierno de El Salvador se encuentra en medio de una crisis institucional que no ha permitido certidumbre respecto a las fechas o fases de reactivación económica, incluido el turismo. Sin embargo, se espera que a partir del 24 de agosto se comiencen a reanudar algunas actividades no esenciales de manera paulatina.

Los representantes del sector turismo han propuesto al gobierno un plan de beneficios fiscales para la industria. Así mismo, solicitaron exención de impuestos y una prórroga de seis meses para el pago de renta del período fiscal 2019 para las empresas turísticas. Esto en el marco de una negociación general que implica consensuar un plan de recuperación que tome en cuenta las necesidades de los empresarios turísticos.

El Ministerio de Turismo de El Salvador ha anunciado que va avanzando en los protocolos de bioseguridad que regulen la reactivación de la actividad turística. La ministra Morena Váldez ha dicho que: “Llevamos varias semanas construyendo con el sector turístico los protocolos de bioseguridad para los rubros de transporte, alojamiento, alimentación, recreación e información, los cuales son claves para abrir el sector de manera segura, garantizando la salud y vida de los salvadoreños”.

A su vez, el Gobierno de El Salvador anunció la exención de dos tributos importantes para todas las empresas turísticas. Durante tres meses no se pagó la contribución especial del 5% que se usaba para la promoción del turismo. De la misma manera, se extendió una prórroga de 30 días para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) para esta industria. Por otra parte, desde el inicio de la cuarentena en el país, el gobierno empezó a rentar más de 40 hoteles para convertirlos en centros de contención para albergar a las personas que ingresaron al país después de la declaratoria de emergencia.

En Guatemala, la pandemia de la COVID-19 ha implicado el cierre total o parcial  del 82% de las empresas turísticas.Según la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), “los restaurantes han sufrido una baja de ventas del 72 %, las líneas aéreas del 75 % y agencias de viajes del 80 %, para un promedio general del sector turístico de un 82 % en disminución de ventas […] Así mismo, en promedio se ha despedido al 27 por ciento de los trabajadores" relacionados al turismo que, en 2019, se estimaban en 457,100 empleos.”

Sin duda, el impacto de la COVID-19 en Guatemala también ha sido profundo igual que en el resto de los países de la región. Especialmente si se toma en cuenta que, en este país, el turismo se encontraba en constante crecimiento. En el año 2019 se estima, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), que llegaron 2 millones 559 mil 599 visitantes extranjeros, representando un ingreso total en divisas de mil 249 millones de dólares.

La Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) ha considerado que el turismo interno es una alternativa de corto plazo para ir recuperando la industria y que no se sigan perdiendo empleos. En este sentido, Luis Rey, presidente de este gremio,  presentó una propuesta de reactivación del sector turismo en cuatro fases:

  • Emergencia
  • Reactivación Económica del sector turístico
  • Consolidación y Crecimiento económico
  • Protocolos de bioseguridad para el turismo (deben estar aprobados por el Consejo Médico de la ciudad y posteriormente por el Ministerio de Salud)

En este sentido, Guatemala también apuesta a esta tendencia de certificar los destinos turísticos bajo protocolos de bioseguridad o “destino seguro”. Esto implica una coordinación permanente interinstitucional con el Estado. Es por eso, que mientras la actividad turística siga suspendida, el gobierno central ha dispuesto programas específicos de apoyo, como el Fondo de Protección de Capitales a través del banco Crédito Hipotecario Nacional. Así mismo, el INGUAT ha desarrollado una “guía de buenas prácticas sanitarias para el COVID19”. Por último, se ha activado una Junta Asesora de Turismo, conformada por distintos ministerios, las cámaras de Comercio, de Industria, y de Turismo, así como las líneas aéreas, la Asociación de Periodistas de Guatemala, hoteles y tour operadores.

En Honduras, la crisis generada por el coronavirus ha significado pérdidas por más de mil millones de dólares y la pérdida de unos cien mil empleos, según datos de los gremios empresariales y del Gobierno. En este país, el turismo representa aproximadamente el 6.5% del PIB nacional y donde alrededor del 90% de las compañías de turismo son micro, pequeñas y medianas empresas. Esto evidencia un panorama sombrío para la industria en general y se asemeja a la realidad de los países vecinos.

Los empresarios turísticos agrupados en la Cámara Nacional de Turismo (CANATURH) presentaron al Gobierno un Plan de Emergencia que ayude a minimizar los impactos del COVID19 en lo laboral y en las finanzas de las empresas. Han pedido crear “un fondo de garantías” que respalde los créditos de las empresas turísticas con “tasas preferenciales y de largo plazo”, ya que el sector no logrará su recuperación hasta dentro de uno o dos años. Así mismo, han solicitado la reapertura bajo todas las condiciones de bioseguridad para evitar que las pérdidas sigan aumentando.

El plan de reactivación de la industria turística en Honduras aún no está del todo claro. Por un lado, en junio se anunció un plan conjunto entre el Ministerio de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo para establecer “alianzas” que eviten más pérdidas de empleos, establezcan protocolos de reactivación de distintos establecimientos dependiendo de las fases de reapertura económica y que estarían priorizando el turismo nacional ante la falta de visitantes extranjeros.

Sin embargo, este agosto la ministra de turismo, Nicolle Marder, en declaraciones a la prensa local afirmó que “mientras no se anuncie la implementación de un salvoconducto turístico, debe quedar claro que no se reactiva este rubro de la economía de honduras”.  Esto se explica porque en el país aún se mantienen las restricciones en la circulación de las personas, la cual está limitada por dígitos de la cédula de identidad. Al respecto del “salvoconducto turístico”, la ministra mencionó que es algo que “están considerando” para la reactivación del sector y que esto implicaría que la persona no solamente podría movilizarse en su día de tránsito asignado, sino que su reserva de hotel también funcione como un pasaje de movilización interna.

Reflexiones finales 

La pandemia vino a revolucionar el turismo en todas sus dinámicas, por lo que este contexto puede suponer un incremento de la precariedad y los procesos de desposesión, o bien, por el contrario, podría representar una oportunidad para mejorar las formas de gestión del turismo que conduzcan hacia un modelo equitativo, sostenible e inclusivo. Una industria que tenga en cuenta los derechos colectivos y territoriales, la justicia socioambiental de los territorios donde se asienta y la sostenibilidad.

Los modelos de turismo hegemónico global parecen seguir apostando por la elitización de los servicios turísticos. En algunos destinos ya se empieza a implementar el sello de viaje seguro o safe travels presentado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que tiene la intención de alinear y homogeneizar el turismo del futuro. Las grandes empresas turísticas que tienen la capacidad para desarrollar estrategias financieras con líneas de créditos y propuesta de negociación con la banca, son las que muestran un interés por acelerar la reactivación del turismo. 

Sin embargo, esto excluye a las pequeñas y medianas iniciativas turísticas de estas propuestas de reactivación inmediata, ya que tienen que postularse y someterse a rigurosos procesos de inspección. No cuentan con las mismas facilidades de renegociación o consecución de nuevas líneas de crédito. Así mismo, se tendrán que tomar en cuenta las nuevas medidas de control migratorio y los controles sanitarios que incidirán en la capacidad de pago de los turistas. Por otro lado, las propuestas de recuperación en Centroamérica se han focalizado en las exenciones fiscales, reducción de las tasas de servicios, prórroga en el pago de impuestos. Pero poco se ha dicho ante el desamparo de las y los trabajadores en este contexto de pandemia, que han sido los más afectados con los recortes de personal, precarización laboral y falta de apoyo gubernamental en tiempos de desempleo. No se han planteado medidas y normativas que lleven a proteger el empleo, evitar la precarización laboral y defender sus derechos laborales y de la seguridad social. Es decir, la narrativa de la reactivación o recuperación del turismo en Centroamérica se refiere exclusivamente al rescate de las empresas turísticas, a la armonización de políticas regionales, a la búsqueda de un nuevo perfil de turista, cada vez más elitizado. Sin embargo, quedan pendientes propuestas de políticas laborales regionales que brinden protección a los que realmente sostienen a esta industria, que son los y las trabajadores del sector.

Este contexto de pandemia marca un antes y un después en el turismo centroamericano. Es un momento de llamado de atención para replantear las formas de conducir el turismo, es un momento construir nuevas esperanzas en la gestión del turismo, es decir, un modelo integral y holístico basado en una ética social y ambiental, diversificado y capaz de soportar los ciclos de crisis.

 

Este artículo se publica en el marco del proyecto «Campaña internacional de visibilización de las vulneraciones de derechos humanos por inversión turística en América Central» desarrollado por Alba Sud con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (convocatoria Derechos Humanos 2017).

 

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