Una crisis humanitaria y un clima de confrontación social marcan el paso del COVID-19 por Honduras

A medida que la crisis sanitaria y socioeconómica generada por la expansión del coronavirus se propaga por América latina, al igual que por el resto del mundo, algunas certezas emergen. Si bien es cierto que el virus no distingue entre ricos y pobres, entre clase alta y clase baja, los desequilibrios sociales de países como Hondurashacen patente una clara discriminación y consecuencias dispares. Sin duda, lo que está propiciando el coronavirus es aflorar la realidad de una sociedad desigual, que irá a más ante contextos de necesidad como estos. La pandemia ha aterrizado con retardo, pero con virulencia expansiva, lo que ha hecho emerger una amenaza latente. 

Los efectos sanitarios irán muy de la mano en Honduras de los socioeconómicos, considerando el alto porcentaje de economía sumergida. La pobreza es sinónimo de exclusión y la marginalidad de desigualdad o viceversa. El orden de los factores no altera el resultado y realidad social se termina de entender con la gran desafección que hay con la clase política y élites económicas por parte de las clases más excluidas. Personas desprovistas de las mínimas oportunidades para poder ganarse dignamente la vida, que demandan el cumplimiento de derechos humanos básicos para poder hacer frente a los impactos humanitarios de esta crisis. 

Dimensiones de la pandemia

De momento, el balance que ha dejado el COVID-19 a su paso por el país hondureño es la mayor tasa de letalidad (9,3%) del continente americano, un dudoso privilegio compartido con México. Con más de 700 casos registrados y más de 60 muertos, este alto porcentaje se explica porque no se está tratando correctamente la primera fase de la enfermedad. Esto ocasiona que los pacientes sean tratados ya en un estado avanzado y, por consiguiente, la cifra de fallecidos aumente de forma considerable. De hecho, es el país de Centroamérica con la cantidad más baja de test realizados, una situación que hace que el gobierno enfrente a ciegas y con debilidad la expansión del virus, por carecer de información epidemiológica objetiva.

A todo esto, hay que añadir dos factores estructurales. Por un lado, el deficiente sistema de salud nacional, diezmado en los últimos años por políticas destinadas a la privatización y reducción del presupuesto nacional. En plena emergencia sanitaria, la mitad de los hospitales del país directamente no tienen respiradores. A pesar de ello, no se trata sólo de falta de equipos, de infraestructuras insuficientes, carencia de medicamentos, de personal o de camas hospitalarias, con el segundo ratio más bajo de toda América Latina. La realidad en Honduras es que 9 de cada 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud y se estima que el 18% de la población, es decir más de 1,5 millones de hondureños, no tiene acceso a los servicios de salud. Por otra parte, el análisis no puede obviar el frágil sistema inmunológico de los hondureños, condicionado por la mala nutrición y por los efectos de otras enfermedades. 

Miriam Miranda, defensora de derechos humanos y dirigente garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), confirma para Alba Sud lo complejo de la situación y cómo la corrupción es otro de los factores clave a considerar. “El actual gobierno de Honduras viene siendo objeto de enormes presiones por parte de los organismos financieros, que a pesar de conocer perfectamente como la corrupción es el sistema operativo, están concediendo empréstitos de millones de dólares”, señala. En definitiva, son “recursos financieros que desaparecen a medida que se efectúan compras, sin licitaciones, incluido material obsoleto o simplemente inadecuado”, añade. Con la cuarentena, “el hambre se convierte en un caldo de cultivo del COVID-19 y, la tan temida y esperada tercera fase, causará estragos entre los segmentos mas pobres del país, los que además de carecer acceso al sistema de salud, serán abatidos tanto por el virus como por la desnutrición”, concluye.

Fragilidad institucional y vulnerabilidad de población excluida

Esta situación genera una extrema posición de fragilidad institucional y de vulnerabilidad de una parte importante de la población.  Más del 60% de sus habitantes viven en la pobreza, de los que la mitad (casi cuatro millones de personas) se encuentran en una situación de pobreza extrema. Al mismo tiempo, según un estudio del Banco Mundial, Honduras es el país más desigual de América Latina, con patrones generalizados que se traspasan de generación en generación, no sólo vinculado al nivel de ingresos de las familias, sino sobre todo a sus potenciales vínculos con el poder político. Precisamente esto último, unido al contexto de la crisis humanitaria que está generando la incidencia del COVID-19 en el país, ha generado un clima de protestas y confrontación de futuro incierto. 

Una circunstancia que, si bien, no viene de ahora, si que ha encontrado el momento perfecto para explotar. Desde que tomara posesión en noviembre de 2013, el líder del derechista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández Alvarado, ha tenido que afrontar una creciente conflictividad social. A pesar de exhibir logros macroeconómicos, los grandes problemas de país, que ya estaban cuando asumió el mando hace más de seis años, siguen estando más que latentes. La falta de oportunidades laborales y los graves índices de pobreza, inseguridad y narcotráfico, entre otros. La desigualdad creciente hace que la clase media se esté volviendo pobre, dándose el fenómeno de la “proletarización” de las profesiones universitarias. Odontólogos, abogados o economistas que acaban trabajando de camareros o de taxistas. 

Fuente: Carli Jeen, bajo licencia creative commons. 

En esta coyuntura, no es de extrañar la fragilidad sanitaria y la vulnerabilidad social conlleve una crisis alimentariaque hagan aflorar los disturbios. La incertidumbre del impacto futuro de la pandemia más las restricciones de movimiento, el aumento del desempleo, el limitado acceso a los alimentos y la erosión de los medios de vida ya frágiles son un caldo de cultivo para el descontento, la violencia y el conflicto. Las protestas ciudadanas se suceden desde hace semanas, desde personal médico que demanda más equipos, hasta personas que fueron despedidas ilegalmente de sus puestos de trabajo. Asimismo, centenares de migrantes hondureños se han estado reuniendo en áreas de Tegucigalpa, Omoa, Cuyamel, Corinto y en zonas cercanas a Guatemala para cruzar la frontera.

Sin olvidar, obviamente, a las clases más desfavorecidas, que no sólo demandan recursos para poder alimentarse, sino seguridad sanitaria para sus familias, acceso al agua o medios para pagar servicios básicos como la electricidad. A su vez, son numerosas las voces críticas que denuncian desde la sociedad civil el desvío de recursos de la emergencia para fortalecer al ejército y sus estructuras, militarizando la respuesta y gestión de la crisis sanitaria y de las propuestas derivadas. Todo ello en un contexto en el que el gobierno acaba de ampliar la alerta roja y el toque de queda. El pasado día 24, hasta 29 organizaciones comunitarias, ambientalistas y sociales se unieron para firmar un manifiesto ciudadano muy crítico con la gestión gubernamental. En esta coyuntura generada por el COVID19, han sido numerosas las denuncias al gobierno por gestionar la crisis de manera opaca, con corruptelas, sin transparencia y sin rendición de cuentas. 

La sombra de Estados Unidos y los lazos de Trump con Hernández Alvarado

Por si fuera poco, los históricos tentáculos del imperialismo yanqui en la región han encontrado en Juan Orlando Hernández Alvarado y Donald Trump la pareja ideal. Ambos exhiben una gran sintonía, con el presidente hondureño siguiendo fielmente las ordenes de los Estados Unidos, en los temas de inmigración, seguridad, narcotráfico o compra de armas, a pesar de que su posición es rechazada por un gran sector de los hondureños. El pasado mes de septiembre, ambos países firmaron un histórico acuerdo migratorio por el que Honduras aceptó convertirse en ‘tercer país seguro’, después de duras presiones y amenazas económicas. Es decir, están obligados a aceptar migrantes que solicitan asilo a Estados Unidos mientras que las autoridades estadounidenses dan o no el visto bueno a la solicitud, aunque no sean hondureños. 

En este contexto, Trump alardeaba recientemente del contexto de colaboración y, en una de sus habituales excentricidades, incluso reveló que Hernández le había trasladado los positivos resultados del tratamiento del COVID-19 con la hidroxicloroquina, un principio activo antimalárico o antipalúdico. El mandatario estadounidense ha ofrecido, del mismo modo, el envío de respiradores y test a su homólogo hondureño, a pesar de las críticas internas en los EEUU ante el hecho de haber testado a menos del 5% de la población. 

En cualquier caso, no hablamos de ayuda sanitaria, sino de intereses migratorios y también de negocio. Al hilo de este ofrecimiento, Trump conoció por parte de Hernández varias propuestas para trabajar en la instalación de empresas estadounidenses en territorio hondureño. Además, según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en la era Trump-Hernández, más de un tercio de las importaciones realizadas por el país centroamericano proceden de Estados Unidos, con un nivel alto de dependencia económica, política y de seguridad en términos generales.

Más que un ejemplo, esta circunstancia refuerza la idea transversal del que ha sido uno de los ejes del mandato del presidente hondureño, el de legislar y fortalecer el poder de las élites económicas del país. De hecho, la propia gestión de la crisis sanitaria ha estado orientada a favorecer a los grandes productores agrícolas y, en menor medida, a los trabajadores formales de la economía. Aquellos pocos que tienen un empleo y un salario permanente. Al sector informal de la economía y los que sobreviven de sus actividades e ingresos diarios, la única medida implementada ha sido la del saco solidario, que se ha entregado en medio de denuncias de clientelismo político o de no llegar a los beneficiarios. 

El turismo como excusa para favorecer las inversiones extranjeras

En un contexto en donde el sector empresarial advierte de las imprevisibles consecuencias de la crisis, el turismo es una de las actividades más afectadas. La Semana Santa este año resultó catastrófica, en comparación con la de 2019, que dejó un movimiento de 3,7 millones de personas y unos 8.500 millones de lempiras de volumen de negocio, según datos del Instituto Hondureño de Turismo (IHT). En total, en 2019 llegaron al país centroamericano unos 2,4 millones de visitantes, de los que aproximadamente 6 de cada 10 fueron excursionistas de un día. Esto es debido al gran peso que tiene la industria de los cruceros en el modelo turístico del país, sobre todo en los puertos de Roatán y de Mahogany Bay. Grandes operadores extranjeros que dejan más bien pocos beneficios en el territorio. 

A nivel comunitario, en los pocos emprendimientos existentes el impacto de la crisis está siendo muy grande, con toda la actividad parada. La Asociación Pro Comunidades Turísticas de Honduras – LARECOTURH tiene un marcha un estudio para medir el impacto socio económico y ambiental en el sector turístico comunitario y pesquero, en el marco de la crisis de la pandemia del coronavirus COVID-19. Hablamos de comunidades que ofrecen servicios turísticos diversos y que registran unos 500 visitantes por año, unas cifras muy minoritarias en el contexto nacional. 

En todo caso, en términos generales, la crisis actual viene a ser la puntilla de todo un proceso fallido que se inició en agosto de 2017. En ese momento, el Congreso de Honduras aprobó la Ley de Fomento al Turismo con el objetivo de promover e impulsar la industria turística. La norma, incluso, abría la mano a la construcción de grandes infraestructuras en áreas protegidas, sitios y monumentos que forman parte del patrimonio nacional. La meta era convertir al sector en una prioridad nacional y en un eje transversal en la planificación de todas las instituciones del Estado. En la actualidad, constituye la cuarta fuente de divisas después de las remesas familiares, las exportaciones de bienes y la maquila. 

Imagen: Miriam Miranda. Fuente: Felipe Cánova, bajo licencia creative commons. 

Más allá de eso, se planteaba además como una potencial oportunidad para generar inversión foránea, uno de los grandes objetivos del presidente hondureño, con importantes beneficios fiscales. Más de dos años después de la aprobación de la ley, los avances han estado por debajo de lo planificado, debido a la crisis político-social en la que lleva instalado desde entonces el país, junto a los altos índices de inseguridad ciudadana y jurídica, que no constituyen el mejor marco de confianza para un proyecto así.

Miriam Miranda, una de las voces que más han advertido siempre como el desarrollo que prometen las empresas que explotan bienes naturales, no significa progreso para las comunidades, incide en cómo el contexto actual se presenta incierto. “El turismo prácticamente ha desaparecido, queda claro que la movilización masiva es el ingrediente esencial a la propagación de enfermedades”, señala. Tanto la migración como el turismo han quedado en suspenso, “con la diferencia que la migración se convirtió durante las ultimas décadas en el pilar de las economías locales, mientras que el turismo benefició más que todo a transnacionales y, en casos muy particulares, a comunidades locales, las que fueron en muchos casos despojadas en nombre del turismo y sus supuestos beneficios”, apostilla.

Hay ejemplos relevantes en este sentido. Inversiones turísticas que cercenan territorios y fagocitan derechos ancestrales en el país, a partir de los impactos del extractivismo y la expansión turística. Es el caso de los territorios garífunas en Honduras, de dónde procede Miriam Miranda, con una creciente proliferación de proyectos turísticos y turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo y la Bahía de Tela, en el litoral atlántico del país. En el contexto actual y ante la situación de extrema vulnerabilidad social en la que se encuentra el país, derivada de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus, parece que los planes del presidente y de los grandes lobbys empresariales tendrán que esperar.