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Reportaje | Turismo Responsable | Honduras

13-12-2019

Honduras: Destipificando el turismo sexual

Giorgio Trucchi | Alba Sud

El Estado hondureño, si bien muestra cierto interés en el combate a estos crímenes vinculados a la trata de personas y de explotación sexual comercial infantil, por el otro manda señales totalmente opuestas, como el debilitamiento del marco legal que permite enfrentarlos.


Crédito Fotografía: Giorgio Trucchi.

El turismo en Honduras resulta ser la cuarta fuente de divisas, después de las remesas familiares, las exportaciones de bienes y la maquila. Las actividades turísticas aportan casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2018 generaron un poco más de 210 mil puestos de trabajo, es decir el 5,1% de la generación total de empleo [1]. Y según datos del Banco Central de Honduras (BCH), en 2017 llegaron al país 2,3 millones de turistas que generaron unos US$715 millones en divisas. El año pasado la cantidad de visitantes aumentó de un 8% (2,5 millones) y la generación de divisa alcanzó los US$736 millones [2].

Pese a la crisis post electoral que sacudió al país a finales de 2017, a partir del mes de abril de 2018 la actividad turística comenzó a normalizarse. Para el 2019 las proyecciones señalan un crecimiento similar al del año anterior, y el objetivo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) es alcanzar los 2,6 millones de visitantes y entre US$800 y US$900 millones en divisas. Pero, lamentablemente, como suele ocurrir, el sector turístico trae consigo la aparición de manifestaciones sociales negativas, que pasan desapercibidas a los ojos de la mayoría de la población y que no siempre las autoridades abordan con la beligerancia que se necesita.

Trata de personas y ESC: un flagelo

El informe global sobre la trata de personas 2018, presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), revela que el 72% de las víctimas detectadas en todo el mundo son del género femenino. El 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son niñas.  En América Central y el Caribe esta relación cambia abruptamente: la mayoría de las víctimas son niñas y el porcentaje de víctimas de género femenino alcanza el 80% del total.

El informe anual sobre trata de personas en Honduras 2019, elaborado por la Embajada de Estados Unidos en este país, señala que si bien el gobierno hondureño sigue sin cumplir plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, “está realizando esfuerzos considerables con tal fin”. Dicha consideración se basa en algunos elementos, como por ejemplo el mayor número de casos investigados y de condenas de tratantes sexuales respecto a los años anteriores, así como el aumento del presupuesto para la atención a víctimas y para la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

En el análisis que anualmente realiza Estados Unidos sobre el flagelo de la trata de personas y la explotación sexual comercial en Honduras se evidencian varios problemas que aún no están siendo atendidos por las autoridades nacionales, entre otros, la “falta de condenas para los funcionarios cómplices y para los turistas involucrados en la explotación sexual de menores”.

“La dimensión de este flagelo es enorme. Secalcula que por cada caso que se denuncia hay al menos 30 casos más que no llegan a los tribunales. Honduras está siempre calificada como un país que se esfuerza, pero no lo suficiente para erradicar la problemática. En este contexto, el tema del turismo sexual ha quedado bastante invisibilizado. Como siempre hay factores desencadenantes, como por ejemplo la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad, la falta de empleo, pero sobre todo se trata de relación de poder. Se trata de personas – tanto el proxeneta como el abusador – que tienen recursos y medios para instrumentalizar a personas que están en una posición de debilidad”, dijo Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza de Honduras, a Alba Sud.

Guadalupe Ruelas. Imagen de Giorgio Trucchi.

Ruelas manifestó que los lugares más expuestos al turismo sexual y la explotación sexual comercial infantil es donde se concentra la actividad turística, como por ejemplo las costas norte y sur, los grandes centros urbanos y las zonas fronterizas. También señaló otro problema muy serio que tiene que ver con la dificultad de las personas explotadas a reconocer su condición de víctimas.

“Muchas veces las víctimas no saben que son víctimas. El turista da dinero o comida a cambio de relaciones sexuales y las víctimas lo perciben como alguien que les ayuda económicamente. Tenemos que revisar todos nuestros mecanismos de prevención, sensibilización y denuncia para que lleguen hasta los sectores más vulnerables de la población”, advirtió Ruelas.

Esta situación también tiene que ver con las prioridades que tienen las autoridades nacionales y su visión de país. “En Honduras hay personal técnico capacitado para abordar ese tipo de problemática, sin embargo, para las autoridades son otras las prioridades. Cuando un país tiene instituciones debilitadas, una institucionalidad frágil y una concentración de poder en pocas manos, todo se vuelve más difícil. Cuando el modelo que se impulsa se basa en la sobreexplotación de territorios, recursos naturales y humanos, profundizando el extractivismo, lo que se genera son mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido, el turismo es concebido como parte de este modelo, y donde hay grandes proyectos turísticos también hay cercenamiento de territorios y desplazamiento de personas. Todos estos elementos crean las condiciones para que se den y profundicen fenómenos como el de la trata y la explotación sexual comercial infantil”, alertó el director de Casa Alianza de Honduras.

La CICESCT

El informe, ya citado, de la embajada estadounidense sobre trata de personas señala avances en la investigación y condena de tratantes. En 2018, por ejemplo, se investigaron 145 casos de presunta trata de personas (121 en 2017 y 41 en 2016) y hubo sentencias contra 16 tratantes (8 en 2017 y 9 en 2016) con condenas de entre 5 y 15 años de prisión y multas de entre 75 a 221 veces el salario mínimo nacional. Además, en mayo de 2018 la Fiscalía General abrió una unidad especializada contra la trata, cuyos equipos operaron especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Estos resultados se deben en particular al trabajo desarrollado por la CICESCT a partir del 2014, cuando el gobierno tomó la decisión de formalizar una partida presupuestaria para dicha instancia interinstitucional, conformada por ministerios, entes públicos y organizaciones de la sociedad civil hondureña comprometidas con el combate a la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil (ESC). En este sentido la CICESCT se perfila como el espacio oficial encargado de promover y articular a nivel nacional todas las acciones encaminadas a prevenir y combatir la trata y la ESC, perseguir el delito y atender a las víctimas.

“En estos cinco años hemos avanzado bastante. En el caso del turismo sexual, por ejemplo, el IHT se ha convertido en la institución vinculada directamente con el combate a este delito, y hemos logrado que a finales del año pasado se adhiriera al Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) [3], que es la organización que mueve al sector turístico regional en la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo (PESNNA-VT)”, dijo Rosa Corea, directora ejecutiva de la CICESCT, a Alba Sud.

Rosa Corea. Imagen de Giorgio Trucchi.

El pasado 16 de abril, en ocasión del Día mundial contra la esclavitud infantil, el GARA exhortó a empresarios, trabajadores, estudiantes, instituciones públicas, sociedad civil y asociaciones turísticas de cada Estado de la región, “a contribuir en la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, adecuando las herramientas legislativas, implementando códigos de conducta, fortaleciendo las capacidades del sector, llevando información a las áreas más vulnerables de la población e incidiendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de carreras relacionadas al turismo, entre otras formas”.

Corea explicó que para fortalecer el trabajo de sensibilización y prevención se constituyeron 24 comités locales que funcionan como espacios de trabajo interinstitucional, ejecutando trabajos de prevención, elaborando códigos de conducta junto a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y capacitando al sector hotelero, tour operadores y a funcionarios públicos y la policía de frontera. A partir del mes de septiembre de este año, con el objetivo de crear conciencia en la población, Honduras se unió también a la Campaña Corazón Azul de la UNODC. Todas estas acciones permitieron rescatar a al menos 194 personas en lo que va de 2019.

Debilitando al marco legal

A pesar de que el Estado hondureña muestra cierto interés en el combate a estos crímenes, por el otro manda señales totalmente opuestas.

La Ley contra la Trata de Personas (Decreto 52-2010) tipifica como delitos la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, imponiendo penas de 10 a 15 años de prisión. El artículo 149-E del Código Penal vigente en Honduras (Decreto 144-83) [4] define así el delito relacionado con el turismo sexual: “quien, para atraer la afluencia de turistas, promueva o realice programas publicitarios o campañas de todo tipo, haciendo uso de cualquier medio para proyectar el país a nivel nacional e internacional, como un destino turístico accesible para el ejercicio de actividades sexuales con personas de uno u otro sexo, será sancionado con pena de reclusión de ocho a doce años, más multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta salarios mínimos. Las penas se agravarán en un medio (1/2) cuando las víctimas sean personas menores de dieciocho años de edad y cuando el autor se valga de ser funcionario o autoridad pública en servicio”.

Lamentablemente, la reforma al Código Penal aprobada en mayo pasado por el Congreso Nacional y que entrará en vigor en mayo del próximo año, ha sido fuertemente criticada por amplios sectores de la sociedad hondureña. También todo lo que tiene que ver con los delitos de trata de personas y explotación sexual comercial está siendo afectado por dicha reforma.

“Es algo que nos preocupa muchísimo. Como CICESCT hemos realizado un análisis comparativo sobre la nueva tipificación de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas, evidenciando, por ejemplo, que con la reforma desaparece la tipificación del delito relacionado con el turismo sexual. Esto quiere decir que, si se comprueba que una persona llegó al país con la intención de utilizar a niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales, no se va a poder castigar bajo esta tipificación. El juez deberá buscar otra figura jurídica. Es un retroceso severo para el país, porque contribuye a invisibilizar aún más una problemática que ya está oculta ante los ojos de la inmensa mayoría de la población y a generar más impunidad”, explicó Corea.

Rina López, psicóloga e integrante del equipo de la CICESCT, agregó que con la reforma desaparecieron otros delitos y se están bajando las penas. Esto podría acarrear severas consecuencias para el país, ya que ´Honduras es parte de espacios internacionales, como por ejemplo el GARA, que exigen ciertas condiciones en materia jurídica para el combate de la trata y la explotación sexual comercial.

Rina López y Rosa Corea. Imagen de Giorgio Trucchi.

“En el caso de la trata de personas, por ejemplo, las penas se reducen drásticamente, pasando de los 10 a 15 años de reclusión más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y una multa de 150 a 250 salarios mínimos, a una pena de 5 a 8 años, es decir por debajo de la pena mínima actual. Además – continuó López – el incremento de las penas por agravantes se reduce de 7 años y 6 meses a 2 años y 6 meses. De esta manera, la pena máxima por el delito de trata de personas pasaría de los actuales 22 años y 6 meses a tan sólo 10 años y 6 meses, es decir menos de la mitad. De confirmarse el texto de la reforma, Honduras se convertiría en el país con las penas más bajas de todo el Norte y Centro América y del Caribe”, alertó.

Por el momento, los legisladores mantienen un estricto silencio sobre eventuales modificaciones al texto aprobado en mayo pasado. Será hasta en mayo del 2020, cuando termine el período de vacatio legis, que se sabrá si Honduras se convertirá en uno de los países con el conjunto de leyes más permisivo ante el drama de la trata de personas, la explotación sexual comercial infantil y el turismo sexual.

 

Notas:
[1] Cuadro de Mercado Laboral de la  Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE).
[2] Honduras en cifras 2016-2018, pág.17.
[3] El Grupo de Acción Regional de las Américas para la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo es una instancia de carácter regional compuesta por instituciones públicas de turismo y organizaciones internacionales que defiendan los derechos de la niñez y la adolescencia.
[4] Título II “Delitos contra la libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas”, Capítulo II “Delitos de explotación sexual comercial”.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «Campaña internacional de visibilización de las vulneraciones de derechos humanos para la inversión turística en América Central» desarrollado por Alba Sud con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (convocatoria Derechos Humanos 2017).

 

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