Muerte y vida de las “ciudades modelo” turísticas hondureñas

Desde hace algunas décadas, el turismo viene siendo presentado como una herramienta factible a la hora alcanzar el tan deseado desarrollo. Sin embargo, como han mostrado, entre otros, Cañada y Gascón (2006) o Jurdao (1992), la realidad es mucho más compleja. De hecho, el turismo puede, como fenómeno social y económico, ser la prueba evidente de que el crecimiento no tiene por qué estar relacionado con la lucha contra las desigualdades o el bienestar de las comunidades donde se asienta. Es más, el turismo, bajo ciertos enfoques, podría suponer una tentadora oportunidad para realizar grandes inversiones y obtener enormes beneficios a costa de la mano de obra y la población local más desfavorecida, obviando los más mínimos niveles de respeto hacia los derechos humanos.

En 2010, la República de Honduras aprobó una iniciativa que pretendía imitar la trayectoria de territorios como Hong Kong o, más recientemente, la ciudad de negocios internacionales New Songdo, en Corea del Sur. Se trataba de la puesta en marcha de enclaves territoriales que pudieran operar bajo marcos normativos ajenos a la realidad de su Estado de derecho y que permitieran al país avanzar por la senda del “desarrollo integral en lo económico y social” (La Gaceta, 2010: 4). Bajo esta perspectiva se incluían, y favorecían, las inversiones turísticas como potente elemento vertebrador de la planificación estratégica nacional. Nacían, de esta forma, las “ciudades modelo”.

Pero, ¿qué son las ciudades modelo?

La aparición de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), popularmente conocidas en Honduras como “ciudades modelo”, ha sido de todo menos fácil. Para su consecución se planteó inicialmente, incluso, una reforma constitucional. En concreto, la modificación de los artículos 304 y 329 de la Carta Magna, los cuales hacían referencia a la jurisdicción del Estado sobre su propio territorio en la aplicación de las leyes y en la impartición de justicia. De este modo, después de la nueva redacción de los mismos, se creó un doble fuero jurisdiccional en Honduras: uno especial para estas Zonas, cuyos jueces serían nombrados por el Congreso Nacional, aunque a propuesta de las Autoridades de dichas zonas, y otro general correspondiente al resto del territorio nacional. En la práctica esto suponía algo así como la quiebra del modelo de Estado surgido de las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX, del que es deudor la República de Honduras, y que, entre sus principios, enarbolaban la igualdad ante las leyes de la totalidad de la ciudadanía dentro de las fronteras estatales.

Justo a este último argumento, entre otros, se agarraron los jueces de la Corte Suprema de Justicia hondureña para señalar, por abrumadora mayoría –13 votos contra uno– la inconstitucionalidad de la modificación propuesta. En concreto, la Corte señaló que la propuesta de reforma “vulnera preceptos constitucionales como la soberanía, el territorio y la forma de Gobierno” (CentralAmericaData.com, 2012) de la Nación. Ahora bien, el Gobierno neoliberal del presidentePorfirio Lobo –y posteriormente de Juan Orlando Hernández–, impulsor de la medida, no se quedó de brazos cruzados ante tal imprevisto, presentando, tres años después, en 2013, una nueva propuesta de modificación de la Carta Magna y purgando, además, la Corte de aquellos jueces contrarios a la medida. En esta ocasión se trató de los artículos 294, 303 y, de nuevo, el 329, cuya nueva redacción permitió, por fin, la puesta en marcha de las mencionadas “ciudades modelo”. Los factores principales que permiten la legalidad de esta reforma serían, en esta ocasión, la potestad de creación de nuevos Departamentos –Regiones- , Municipios y “zonas sujetas a regímenes especiales” por parte del Congreso Nacional; la constitución de un Poder Judicial del que también formarían parte aquellos “tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales”, y finalmente, la constitucionalización de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) como aquellas, literalmente, “sujetas [a] regímenes especiales los cuales tienen, personalidad jurídica, están sujetas a un régimen fiscal especial, pueden contraer obligaciones en tanto no requieran para ello la garantía o el aval solidario del Estado, celebrar contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo y durante varios gobiernos y gozan de autonomía funcional y administrativa que deben incluir las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios” (La Gaceta, 2013: 57-58). En definitiva, se abría paso, finalmente, a la posibilidad de la aparición de auténticas metrópolis privadas bajo territorio hondureño.

Ciudades modelo hondureñas, un modelo singular

Honduras es un país situado en América Central que cuenta con una población aproximada de 9,5 millones de habitantes y una superficie total de 112,5 mil km2. Con un PIB per cápita de 2.102 €, se encuentra en la posición 139 del total de países que conforman la economía global y en la 133 en lo relativo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas. Es, por tanto, un país de ingresos medios-bajos con enormes desafíos. En los aspectos relativos a su sector productivo, Honduras no difiere de otros países de la zona. Según el Banco Mundial (2019), más del 60% de la población vive en situación de pobreza, extremándose este escenario en el entorno rural, donde hasta el 20% de sus habitantes vive con menos de 1,9 $/día. La economía hondureña ha estado, tradicionalmente, especializada en la exportación de producciones agrarias como el plátano o el café. De hecho, ha sido esta excesiva dependencia de las grandes producciones agroindustriales la que ha llevado a sus gobiernos, fundamentalmente desde hace dos décadas, a buscar una cierta diversificación de su economía. Así, después de la crisis del 2008-2009, las medidas adoptadas –principalmente inversiones públicas, ingresos por remesas y reorientación productiva industrial y terciaría mediante outsourcing– consiguieron generar un crecimiento moderado que, para 2019, se prevé alcance el 3,6% anual del PIB.

Es precisamente bajo la excusa de esta necesidad de fomento del desarrollo y la diversificación económica nacional hondureña que se pusieron en marcha, en 2010, las mencionadas “ciudades modelo”. No es casualidad que sea, precisamente, Paul Romer, economista jefe del Banco Mundial, uno de los principales teóricos y promotores de este tipo de desarrollo. Para Romer, Honduras era el sitio ideal para la instalación de este tipo de ciudades ya que, textualmente, aunque pueda considerarse “un Estado fallido, de violencia endémica y cuyas instituciones públicas estaban infiltradas por el narcotráfico”, cuenta con territorios escasamente poblados que pudieran convertirse en “islas de buen Gobierno, libres de corrupción y violencia con un entorno muy atractivo para los inversores extranjeros” (Robinson, 2017). Sin embargo, conforme el proyecto fue tomando forma, el mismo Romer consideró que su aventura hondureña había llegado a su fin. En concreto, el economista adujo para ello dos razones: en primer lugar que las propias élites hondureñas habían visto en las “ciudades modelo” una forma de continuar expandiendo su control sobre el país y sus recursos y, en segundo lugar, el protagonismo que habían tomado en el progreso de las mismas personalidades estadounidenses de marcado perfil ultraliberal, como el hijo del ex Presidente Ronald Reagan, Michael Reagan, o el mismísimo Newt Gingrich, aliado de Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, alejando de paso cualquier atisbo de control democrático de la zona.

Hace aparición el turismo

Aunque la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Decreto 120/2013) recoge que éstas podrán tener como objetivo el desarrollar Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Ciudades Autónomas, Cortes Comerciales Internacionales, Distritos Especiales de Inversión, Distritos Energéticos Renovables, Zonas Económicas Especiales, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, así como Zonas Agroindustriales Especiales, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Zonas Forestales sociales o cualquier otro no especificado que incluya una combinación de los primeros, finalmente, muchas de las propuestas inicialmente aparecidas –en un número de hasta 20– han apostado por la cuestión turística como elemento vertebrador principal de las primeras “ciudades modelos”.

En concreto, las primeras áreas donde se llevaría a cabo la consulta popular preceptiva para la puesta en marcha de una ZEDE fueron la comunidad de Peña Blanca, en el Departamento caribeño de Cortés, que se convertiría además en municipio turístico, y la aldea Suyapa de Tegucigalpa, que combinaría turismo, industria y elementos religiosos (ProcesoDigital, 2013). Mientras la primera de las localizaciones mencionadas cuenta con una población de 32 mil habitantes, la aldea Suyapa tiene hasta 60 mil vecinos y vecinas, elemento éste que, por sí solo, serviría para desdibujar la concepción inicial de la “ciudad modelo” como “territorio escasamente poblado” según Romer. Las protestas de los habitantes de estas zonas no se hicieron esperar. Tanto en Peñas Blancas como en Suyapa hubo manifestaciones de disconformidad y malestar, llegando, en esta última localidad, a manifestarse hasta en tres ocasiones en contra de la conversión de su territorio en un área ZEDE (La Prensa, 2013).

Los temores de los pobladores de estas localidades no son infundados. No solo en lo relativo al control y posesión de sus tierras, es decir, cuestiones ligadas a su supervivencia material conseguida tras años de lucha, sino también en aquello relacionado con el nuevo marco legal que entraría a operar en tales enclaves. Así, según las investigadoras Helene Roux y Beth Geglia (2019) –ésta última realizó su tesis doctoral precisamente sobre el desarrollo de las “ciudades modelo en Honduras”–, las ZEDEs no solo ofrecen a los inversores regímenes tributarios altamente favorables a sus intereses, sino también tabla rasa a la hora de instalar las estructuras gubernamentales necesarias, de carácter tecnocrático y privado. Es más, de acuerdo al abogado Fernando García, únicamente 6 de los 379 artículos de la Constitución de la República de Honduras se aplicarían en el interior de estas zonas (Criterio, 2017). Se trataría por tanto de entidades paraestatales que se situarían, paradójicamente de forma legal, fuera del marco democrático hondureño.

Es precisamente la construcción de estas para-estructurales legales y tecnocráticas las que más llaman la atención de partidos políticos de la oposición, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y analistas sociopolíticos. De hecho, en una visita llevada cabo en 2012 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue, éste afirmó que la puesta en marcha de estas ciudades podría suponer una violación de la garantía que tiene el Estado hondureño hacía la protección de los derechos humanos en su territorio (Charte, 2012). En un país que, precisamente, no se caracteriza por el respeto a los derechos humanos –solo en los últimos 4 años, se han recogido 310 casos de violaciones de defensores de los mismos (La Prensa, 2019)– poner en marcha un sistema de promoción y desarrollo social y económico que ve legitimada su propia forma de actuar en lo referente a los derechos humanos y el respeto a las garantías de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, entre otros, no parece una buena idea.

No obstante, y tristemente, la creación de estas “ciudades modelo”, como enclaves territoriales con jurisdicción ajena al gobierno nacional, no son un fenómeno completamente novedoso en este país centroamericano. De hecho, las enormes plantaciones de plátano de la United Fruit Company norteamericana funcionaron, de facto, a principios del siglo XX como estados semi-independientes, con su propia ley y mecanismos de orden, creando de paso el infame término de República bananera.

Ciudades modelos turísticas: últimas noticias

La complejidad de la tarea, las propias características de Honduras como país, unida a la disconformidad de parte de la población hondureña, han conseguido retrasar la puesta en marcha de las ZEPEs a lo largo de todo el territorio nacional. Ahora bien, retrasar no es olvidar y, pese a la falta de claridad del Gobierno y los medios de comunicación hondureños, algo se mueve en torno a las “ciudades modelo”.

En 2014, poco tiempo después de los hechos de Suyapa, el presidente Juan Hernández Orlando anunció la inminente puesta en marcha de tres de estos enclaves: la instalación de un área logística o libre en el municipio de Alianza, Valle; la construcción de un puerto en Amapala, también en Valle; y un centro de investigación y desarrollo eminentemente agrícola en Nacaome (CentralAméricaData, 2014). Aunque cinco años después, éstas aún no han comenzado a implementarse, Arnaldo Castillo, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno hondureño, apareció en abril de este año ante la prensa para anunciar que “en los próximos dos meses” se vería la primera ZEDE en el país y que ésta se fundamentaría en “varios sistemas de inversión, como call center, producción agrícola y desarrollo inmobiliario-turístico” (Bustillo, 2019).

Casi medio año después, poco se sabe de la instauración de estos enclaves. Parte de la sociedad civil hondureña sigue más o menos activa –al menos así lo atestiguan grupos de Facebook como No a las ciudades modelo en Honduras  o No a la ciudad modelo- , y las noticias sobre su renacimiento aparecen con cuentagotas. De esta forma, parece que asistamos, a la muerte y vida de las “ciudades modelo” turísticas hondureñas, las cuales, según activistas de la Organización Fraternal Hondura Negra (OFRANEH, 2017) se están hundiendo bajo la creciente violencia y la “cleptocracia existente en el país [que] ha carcomido la institucionalidad".