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Artículo de Opinión | Turismo Responsable | Cataluña

19-12-2012

Illa del Fluviā, el autoritarismo territorial regresa

Ernest Caņada, Llorenį Planagumā | Alba Sud - CST

El anuncio de un proyecto de base náutica en la desembocadura del río Fluvià, en la Costa Brava, donde, desde los años 70, se ha vivido una intensa movilización en defensa del territorio y sus recursos naturales, ha encendido las alarmas de desastre ambiental. 

El contexto de crisis económica podría jugar en beneficio de los intereses de grupos económicos que ven cómo la legislación se modifica a su favor. Un nuevo conflicto ambiental podría tomar fuerza si se concreta la iniciativa de la empresa Canales del Fluviá SL.

En el marco del Salón Náutico de Barcelona, ​​celebrado del 26 al 30 de septiembre de 2012, se presentó el proyecto de puerto deportivo Illa del Fluvià. Estaría ubicado en la desembocadura del mismo río Fluvià, en el municipio de Sant Pere Pescador, en la Bahía de Roses, contiguo al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La inauguración de este puerto está prevista, según fuentes de la empresa Canales del Fluviá SL, para el próximo 1 de mayo de 2013. En la página web de la empresa especifica que consta de dos kilómetros y medio de dársenas y canales de navegación, con capacidad para acoger 550 embarcaciones de hasta 9 metros de eslora. Además de esta base náutica, el proyecto incluye la construcción de un Club de Playa, donde se ubicarán un restaurante, piscinas y diferentes instalaciones deportivas. El proyecto también prevé la creación de un Aula de Naturaleza, concebida, según explica la empresa, como un espacio didáctico dedicado al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Unos terrenos con una larga historia

Las intenciones de urbanizar la zona no son nuevas. Más allá de los reclamos publicitarios, la principal singularidad del actual proyecto es que se encuentra situado justamente sobre los antiguos canales que se hicieron en los años setenta, cuando se intentó construir una urbanización de lujo, llamada Fluvià Marina. En ese momento se preveía la construcción de unos quinientos viviendas, de un hotel y de canales navegables. En 1970 una orden ministerial había abierto la puerta a la explotación privada de la desembocadura del Fluvià para usos turísticos o deportivos.

Desde mediados de los años setenta el Grup de Defensa dels Aiguamolls Ampurdanesos se movilizó para denunciar los peligros que suponía aquella iniciativa. En 1983, gracias a la presión popular, la Ley de Declaración de Parajes Naturales de Interés Nacional y Reservas Integrales, una de las primeras leyes aprobadas por restaurado Parlamento de Cataluña, protegía de forma clara la desembocadura del Fluvià y sus humedales con el fin de salvaguardar el rico patrimonio natural y la biodiversidad de las presiones especulativas propias de una zona muy urbanizada debido al turismo.

Durante la revisión Plan General del Ayuntamiento de Sant Pere Pescador, aprobado el 26 de septiembre de 2001, se consideró que los terrenos de Fluvià Náutico eran edificables, aunque con una menor densidad que la que se había previsto inicialmente. Por este motivo la organización altoampurdanesa IAEDEN-Salvem l'Empordà interpuso un recurso contra la aprobación definitiva de este plan. Pedía que los terrenos fueran clasificados como espacio no urbanizable y de especial protección para "complementar el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà".

Las movilizaciones ciudadanas continuaron y en 2004 Salvem l'Empordà organizó una campaña para que el edificio que presidía el complejo fuera demolido. Finalmente, el 23 de febrero de 2005 el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña ordenó su derribo.

En un comunicado emitido en Figueres el 5 de enero de 2005, Salvem l'Empordà, al mismo tiempo que celebraba la voladura del edificio y recordaba que la reivindicación de la protección de este espacio se había iniciado con las movilizaciones sociales de los años setenta, reclamaba nuevamente la restauración de toda la zona y que esta se incorporara "como espacio protegido en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà".

Una historia sin terminar

Tras la demolición del Fluvià Náutico, que ya había sido adquirido por la empresa Canales del Fluviá SL, parecía que los riesgos se habían acabado para ese territorio. Así lo recordaba el colectivo Salvem l'Empordà en un comunicado el mes de octubre de 2012: "Dimos el caso de una posible urbanización de la desembocadura del Fluvià por cerrado definitivamente".

El anuncio de un nuevo proyecto, amparado en una especie de prórroga de la concesión que tenía la empresa otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por un período de treinta años, ha reactivado el movimiento social, alertado por los peligros que supondría para el patrimonio natural y paisajístico. "Este proyecto es un disparate ambiental y anunciamos que nos opondremos a las modificaciones de los instrumentos territoriales, urbanísticos y sectoriales vigentes, tendentes a permitir la implantación de esta nueva urbanización. Mantenemos nuestra oposición, como ya hicimos, hace más de 10 años, al desarrollo de la urbanización de Fluvià Marina, una lucha que es heredera de la que dio lugar a la defensa de los Aiguamolls de l'Empordà, a finales de los años 70 del siglo pasado", declaró Salvem l'Empordà. Marta Ball-llosera, miembro de esta organización, afirma que actualmente "se están estudiando si hay posibilidades de impugnar la concesión otorgada". El comunicado de Salvem l'Empordà termina reclamando la actuación de las autoridades: "Apelamos a los poderes públicos competentes, especialmente a la Generalitat, que actúen de inmediato y no esperen que la sociedad civil les saque las castañas del fuego" .

No es un conflicto más

El caso de la Illa del Fluvià no es un conflicto ambiental más que se produce en un espacio de elevado valor natural y paisajístico, amenazado por los intereses de una minoría con un alto poder adquisitivo. Este conflicto resurge de sus cenizas tras más de cuarenta años y de luchas exitosas por la conservación de estos espacios naturales. Y esto es especialmente preocupante, revelador del contexto de regresión que estamos viviendo, en la que los conflictos ambientales resueltos favorablemente se vuelven a plantear, en función de nuevas coyunturas y correlaciones de fuerzas. De hecho, la crisis y el hundimiento del modelo inmobiliario está provocando que, lejos de cuestionar a fondo las razones que nos han llevado a la actual situación, en determinados territorios se busque, con nuevos elementos legitimadores, la manera de intensificar la especialización turístico-residencial. El turismo residencial difícilmente podrá volver a alcanzar las dimensiones que tuvo en su época dorada justo antes de la crisis. Pero cada vez es más evidente que los capitales buscan nichos de mercado para atraer turistas de alto poder adquisitivo de otros países, especialmente entre los estados emergentes (véase recuadro más abajo).

En este contexto, ofrecer espacios naturales poco explotados ya primera línea de costa se convierte en un reclamo privilegiado. Si a este objetivo sumamos el contexto de crisis actual, las amenazas a territorios que han costado tanto proteger se multiplican. Para Àlex Casademunt, presidente del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST), el nuevo proyecto de Isla del Fluvià "sólo puede interpretarse como una provocación autoritaria a una cultura del territorio sostenible y responsable". Según él, "en términos de soberanía institucional, ya es bastante humillante que la modificación de la Ley de Costas (aprobada este mes de octubre por el Gobierno español) deje en papel mojado el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero y el Plan Director del Empordà. Pero, en términos de soberanía ambiental, social y cultural, el proyecto Isla Fluvià aún lo es más". Por ello, añade Casademunt, "exhortamos a los ciudadanos a ejercer una verdadera soberanía, no en relación con las banderas o los hipotéticos estados, sino en relación con su territorio concreto (en el que vive y convive), oponiéndose a proyectos foráneos y con intereses ajenos, que lo dañan. Y esta verdadera soberanía se ejerce desde abajo, desde el territorio, con el rechazo a proyectos como Eurovegas, Barcelona World o Isla del Fluvià, porque ninguna otra soberanía tiene sentido sin esta".

Contrariamente a este tipo de iniciativas, que dañan ecológica y socialmente el territorio, a pesar de los maquillajes como el Aula de Naturaleza que promete el nuevo puerto deportivo de la Illa del Fluvià, habría que potenciar un modelo turístico diferente, basado en la integración ambiental y social de los actores locales, que viven y trabajan en aquellos territorios, y con un mayor reparto de los beneficios generados. Espacios naturales como los que pretende ocupar la Isla del Fluvià son mucho más adecuadas para promover un turismo sostenible y de proximidad que ayude a potenciar las relaciones entre el campesinado, guías, restauradores e iniciativas de turismo rural o agroturismo, en el que las visitantes puedan disfrutar del paisaje, los valores naturales y del contacto con la gente que vive.

Entre el fraude especulativo y la atracción turística de altos ingresos

El modelo turístico residencial tomó impulso durante la década de los 2000 con una intensificación de la construcción de proyectos inmobiliarios en áreas turísticas. Muchos municipios turísticos de la Costa Brava y la Costa Dorada catalanas, la Costa Blanca de Alicante o la costa mallorquina vivieron una transformación extraordinaria empujados por esta fiebre constructiva. La crisis económica, de la que el sector constructivo es también uno de los principales responsables, hace muy difícil que a corto plazo se pueda imaginar una recuperación de este turismo residencial, como mínimo con las mismas dimensiones. La falta de acceso a crédito bancario para constructoras y compradores finales lo obstaculiza, además de la pauperización generalizada que están viviendo las clases medias de España y de otros países europeos que, tradicionalmente, habían sido su principal mercado.

En este contexto, durante los últimos meses, han surgido a la luz pública varios proyectos turísticos residenciales o de amarres para embarcaciones que podrían anunciar un cambio de tendencia: Valdevaqueros, El Palmar, Cabo de Gata, Cabo de Peñas, Marina de Cope , Es Trenc, Ses Fontanelles o Isla del Fluvià, entre otros. Estos iniciativas no se pueden concebir como una simple repetición del anterior modelo: el modelo turístico-residencial tal como lo hemos conocido difícilmente podrá recuperarse. Con todo, pueden acabar agravando los riesgos para determinadas áreas naturales, así como los intereses de la mayoría de la población local.

El anuncio de este tipo de proyectos, ubicados especialmente en áreas litorales aún no urbanizadas y que habían sobrevivido (en muchos casos gracias a fuertes movilizaciones sociales), se pueden analizar desde una doble perspectiva. Por un lado, en algunos casos, nos podemos encontrar ante intentos de fraude especulativo. Se generan expectativas de negocio, por ejemplo por medio de cambios legales, que pueden hacer más atractiva la venta a otros inversores. Investigadores como Antonio Aledo, de la Universidad de Alicante y colaborador de Alba Sud, han denominado este fenómeno como "turismo de ficción". En este modelo el negocio ya no se hace con la venta de las casas, si no con las expectativas de incremento de rentas que puede generar el proyecto, y por tanto, aunque no se haga nada, la agitación publicitaria juega un papel clave.


Atraer a los ricos
Por otra parte, también nos encontramos con una voluntad real de construir y poner en marcha una oferta turística residencial orientada a compradores con un poder adquisitivo alto y, especialmente, dirigida a los nuevos mercados extranjeros como el ruso o el chino. En estos casos, ofrecer parajes vírgenes o hasta ahora fuertemente protegidos aporta un atractivo importante. Facilitar una base náutica en la zona, como hace Isla del Fluvià, puede resultar especialmente interesante para este turismo. De hecho, en los últimos meses, la opción de convertir el litoral mediterráneo de España en una especie de Florida al sur de Europa, tal como propuso Steven Adolf, periodista del diario holandés Volkskrant (14/06/2012) , parece ganar posiciones y, en este esquema, los recursos naturales juegan un papel clave. No podemos ignorar ciertas noticias, como el hecho de que, en España, la compraventa de viviendas haya subido un 18% durante el tercer trimestre del año (El País, 05/12/2012), o que millonarios rusos y chinos estén incrementando la compra de casas de lujo en la Costa Dorada (La Vanguardia, 12/09/2012). Ni el globo sonda que se esparció desde el gobierno español a mediados del pasado noviembre sobre la posibilidad de reformar el Decreto de Extranjería para estimular la compra de viviendas entre gente extranjera con poder adquisitivo.

Aunque el nuevo ciclo de proyectos turísticos residenciales, como Illa del Fluvià, difícilmente alcanzará la misma magnitud que en la época anterior a la crisis, los riesgos para el territorio continúan existiendo. La denuncia y la movilización social es fundamental para detener estos proyectos o para hacerles perder atractivo a través del temor que pueden sentir los posibles inversionistas ante los riesgos de conflicto social y ambiental.

Artículo publicado originalmente en catalán en el semanario La Directa, núm. 299, 19 de diciembre de 2012. 

Ernest Cañada es coordinador de Alba Sud y miembro del CST y Llorenç Planagumà es coordinador del CST. 

TURISMOS EN DISPUTA

El blog de Ernest Cañada

Sobre perspectivas críticas en el turismo y alternativas comunitarias

Investigador y comunicador social. Trabaja actualmente como coordinador de Alba Sud. Es investigador asociado al Centro de Análisis Socio Cultural de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, Nicaragua, y miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio de la Universidad (GIST) de las Islas Baleares (UIB), España. Es miembro también del Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST) de Catalunya. Reside en Centroamérica desde el año 2005.

En este blog hablamos de turismo en plural, de su impacto en el mundo rural, de los procesos de desposesión que conlleva, de las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero también de los esfuerzos comunitarios y de amplios sectores sociales por controlar territorios, recursos y formas de organizar esta actividad para, en definitiva, construir alternativas democratizadoras.

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